La denuncia contra el alcalde de Algeciras por malversación y agresión sexual llega a la Fiscalía del Supremo

El caso de José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras y senador por Cádiz, ha llegado a la Fiscalía del Tribunal Supremo después de meses apareciendo de forma interminente en el debate parlamentario y en los medios. Hasta ahora, no había llegado a registrarse una denuncia de manera formal por el asunto de los pantallazos contra este veterano barón municipal del PP que lleva en el sillón de alcalde desde 2011. En las elecciones municipales de 2023 revalidó la alcaldía y recuperó la mayoría absoluta (que perdió en el anterior mandato, 2019-2023, cuando gobernó con Ciudadanos).

Este martes, la portavoz socialista en Algeciras, Rocío Arrabal, y la dirigente del PSOE local Isabel María Beneroso, han presentado un escrito, al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, en el que exponen ante la Fiscalía del Tribunal Supremo una serie de hechos que, de confirmarse, podrían constituir delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual -hoy tipificado como agresión sexual- presuntamente atribuibles al alcalde de Algeciras y senador del PP, José Ignacio Landaluce. La causa se dirige al Supremo por la condición de aforado del denunciado.

El núcleo de la denuncia gira en torno a dos contrataciones realizadas por la Alcaldía en septiembre de 2023 como personal eventual: por una parte, la de la exconcejal popular Laura Ruiz Gutiérrez, que entregó su acta de concejal en 2021 tras la condena de la Audiencia Provincial de Cádiz a 21 meses de prisión por delitos contra la intimidad, la integridad moral y coacciones, al publicar un anuncio sexual con los datos del abogado de su exmarido. La sentencia incluyó inhabilitación para cargos públicos y una indemnización de 10.000 euros.

Y, por otra parte, la denuncia se refiere a la contratación de de María Inés Cortés Achedad, ex esposa del dirigente popular Luis Ángel Fernández, que llegó a ser presidente de la Mancomunidad de Municipios y número 2 del Ayuntamiento de Algeciras. En las elecciones de 2019, Landaluce lo relegó en las listas tras el escándalo de la estiba en Algeciras, en la que se investigó una trama, en la que su hijo Ángel sería el presunto cabecilla, que entre 2008 y 2018 cobró hasta 55.000 euros por persona a cambio de prometer puestos de trabajo en el Puerto de Algeciras. A mediados de noviembre, se celebró el juicio en la Audiencia de Cádiz.

El núcleo de la denuncia gira en torno a dos contrataciones realizadas por la Alcaldía en septiembre de 2023 como personal eventual: por una parte, la de la exconcejal popular Laura Ruiz Gutiérrez y la de Inés Cortés Achedad, ex mujer del número dos de Landaluce, Luis Ángel Fernández

Según la denuncia, estos nombramientos -con sueldos públicos de 25.000 y 30.000 euros anuales, respectivamente- podrían haber tenido como objetivo, según denuncia el PSOE, "comprar el silencio" de ambas o de su entorno ante la posible revelación de mensajes, conversaciones o informaciones comprometedoras que afectarían tanto al alcalde como al PP de Algeciras. Entre esos contenidos, que se transcriben en la denuncia, la se encontrarían conversaciones de WhatsApp que describen supuestos episodios de acoso o abuso sexual (ahora ambos delitos se tipifican como agresión sexual) a dos concejalas del PP, que posteriormente negaron los hechos al hacerse públicos estos pantallazos.

La denuncia aporta mensajes del ex número 2 de Landaluce y de un grupo de concejalas del PP

La denuncia aporta como prueba un protocolo notarial que certifica los mensajes enviados a Beneroso por Luis Ángel Fernández desde febrero de 2022. En ellos, Fernández asegura disponer de material que incriminaba a Landaluce, y adjunta varias capturas de chats -supuestamente de un grupo integrado por concejalas populares del Ayuntamiento- donde se describen tocamientos, acercamientos indebidos y comportamientos supuestamente sexuales del alcalde en el ámbito laboral y en presencia de terceros. También se incluye un mensaje en el que se menciona que el alcalde habría pedido a concejalas que le permitieran "ver cómo mean", y otro donde se describe un incidente en un baño durante una reunión.

Según la denuncia, estas informaciones fueron difundidas parcialmente en octubre de 2024 por el eurodiputado ultra Luis Alvise Pérez. La difusión de estos mensajes llegó a activar reacciones internas en el PP a nivel nacional -Feijóo llegó a hablar de la apertura de un protocolo- aunque Pérez eliminó parte del contenido horas después y Génova también dio por cerrada esta carpeta.

Laura Ruiz, una pieza incómoda desde la condena de 2021 por coacciones al abogado de su ex

La coincidencia temporal entre estas publicaciones y los anuncios de Laura Ruiz, estando fuera del Ayuntamiento y cuando todavía no había sido fichada como personal eventual, de "revelar hechos ocurridos" durante su etapa municipal es uno de los elementos que la acusación considera significativo.

El documento también repasa el deterioro de la relación entre Landaluce y Laura Ruiz desde 2021, cuando la Audiencia Provincial confirmó su condena. Ruiz manifestó públicamente que dimitió por presiones del alcalde y su entorno, y que le fueron prometidos puestos o continuidad política que nunca se materializaron. Incluso llegó a anunciar una rueda de prensa para revelar irregularidades que, según afirmó, nunca llegaron a ver la luz.

La denuncia añade una serie de indicios complementarios: mensajes de dirigentes políticos locales que daban por hecho que Ruiz manejaba información comprometida sobre Landaluce; el plan para "negociar" o silenciar esa información; y un reportaje periodístico que en 2023 adelantaba el posible regreso de Ruiz al Ayuntamiento como asesora, planteando ya entonces dudas sobre el sentido de esa reincorporación.

La ex mujer de Luis Ángel Fernández, ex número 2 de Landaluce, también personal de confianza

La segunda contratación bajo sospecha es la de María Inés Cortés, exesposa del dirigente que, según consta en la denuncia registrada por el PSOE, filtró las capturas. Su vinculación como personal eventual y su posterior compatibilidad para ejercer la abogacía también son interpretadas por las denunciantes como parte de un posible intento de controlar o desactivar filtraciones internas.

Tras la contratación de ambas como personal de confianza, "ni el señor Fernández ni la señora Ruiz han vuelto a divulgar información sobre las presuntas actuaciones ilicitas del alcalde", según se expone de manera textual en la denuncia del PSOE.

Bloqueo informativo sobre los datos del personal eventual

El documento dedica además un apartado al bloqueo informativo que sufrió el Grupo Socialista cuando pidió datos sobre el trabajo realizado por el personal eventual, particularmente sobre Laura Ruiz. La falta de respuesta llevó a un recurso de protección de derechos fundamentales, hoy admitido a trámite. Pese a que el Ayuntamiento terminó enviando documentación, no incluyó ningún dato relativo a Ruiz, lo que refuerza las sospechas de opacidad. Ruiz estuvo trabajando en el Ayuntamiento hasta que el Supremo ratificó la condena de la Audiencia de Cádiz. Fue cesada como personal de confianza a finales de mayo.

La denuncia concluye solicitando que Landaluce declare como investigado y que se tome declaración a todas las personas implicadas, así como que se recabe información oficial del Ayuntamiento. Reclama a la Fiscalía del Supremo que investigue si las decisiones adoptadas por el alcalde pudieron implicar desvío de fondos públicos, influencia indebida o delitos contra la libertad sexual.

La Fiscalía del Tribunal Supremo tiene a partir del registro de este escrito seis meses para decidir si archiva esta denuncia sin dar curso a la investigación, si inicia una investigación o si pide prórroga al Fiscal Superior, desde la salida del Álvaro García Ortiz, este cargo lo ocupa Teresa Peramato, especialista en violencia de género.

El Correo de Andalucía se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Algeciras para recabar la valoración al respecto de esta denuncia. No han realizado comentario alguno.