Las operaciones de la UCO y de la UDEF siembran dudas de corrupción en el rescate por 641 millones de tres empresas

Las operaciones llevadas a cabo la semana pasada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso SEPI y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el caso Plus Ultra, ambas lideradas por la Fiscalía Anticorrupción, y las investigaciones ya conocidas en el caso Cerdán-Ábalos, siembran dudas de corrupción en los rescates otorgados por el Gobierno a tres empresas por un importe total de 641 millones: Tubos Reunidos (113 millones), Plus Ultra (53 millones) y Air Europa (475 millones).

Fue el 3 de julio de 2020 cuando el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el Real Decreto-ley de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica, con el que creó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que pretendía dar estabilidad a sociedades que sufrían las consecuencias de la pandemia. Para gestionar estos fondos, el Ejecutivo concebió el Consejo Gestor del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Y desde esta empresa pública se concedieron préstamos a diferentes empresas que pretendían sortear la crisis que provocó la covid. El total de operaciones aprobadas ascendió a 3.256 millones de euros. Estos préstamos deberán ser reintegrados hasta 2029 según los acuerdos de financiación suscritos con la SEPI.

Tribunal de Cuentas

En este sentido, el Tribunal de Cuentas concluyó en septiembre de 2024 que la SEPI "aplicó adecuadamente la normativa en cuanto al cumplimiento de estos requisitos y a sus condiciones de financiación”. Sin embargo, las pesquisas de los cuerpos policiales han evidenciado irregularidades en las tres operaciones que se analizan en dos juzgados y en el Tribunal Supremo.

113 millones para Tubos Reunidos

La investigación desarrollada por la UCO apunta a que una trama autodenominada en euskera "Hirurok" [Nosotros tres], compuesta por la "fontanera" del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y el empresario vasco Antxon Alonso, que según los investigadores era socio del ex secretario general socialista Santos Cerdán en la empresa Servinabar 2000, habría percibido con la mercantil Mediaciones Martínez SL al menos 114.950 euros por su "intermediación" en el rescate de 113 millones a la firma vasca Tubos Reunidos.

Los agentes acusan a este grupo de haber "orientado diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública", con la finalidad de cobrar "comisiones", especifica una resolución de 13 de diciembre, a la que ha tenido acceso esta redacción.

Las pesquisas señalan que la propia Díez, que fue contratada por las empresas públicas Enusa y Correos, habría percibido unos 21.000 euros del propio Fernández Guerrero que habrían sido camuflados en la venta de un coche. Precisamente, el que fuera presidente de Enusa durante el paso de Leire Díez por esta mercantil, el valenciano José Vicente Berlanga, se encuentra investigado en la causa, según informó el diario Levante.

"En lo referido a Fernández Guerrero, la investigación arroja hasta este momento la asignación de al menos 49.350 euros, a través de una serie de transferencias e ingresos en efectivo. Finalmente, se considera necesario señalar en este punto que, entre el 1 de junio de 2021 y el 12 de abril de 2023 se encontró contratado en Servinabar, periodo durante el cual percibió proveniente de esta sociedad un total de 128.092 euros", completa la resolución de la Audiencia Nacional.

53 millones para Plus Ultra

La detención por parte de los agentes de la UDEF del dueño de la compañía aérea Plus Ultra, Julio Martínez, de su número dos, Roberto Roselli; y del empresario Julio Martínez Martínez abre una incógnita sobre el pago de 53 millones por parte de la SEPI.

Según la querella que interpuso en un primer momento Anticorrupción en la Audiencia Nacional, que ahora investiga en secreto la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María Esperanza Collazos, los dirigentes de la compañía podrían haber utilizado el dinero público para blanquear en Francia, Suiza y España "fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios en Venezuela de muy alta cuantía (procedentes de programas de distribución de alimentos subsidiados -CLAP- y ventas de oro del Banco de Venezuela)".

Fuentes del caso explican a esta redacción que en este juzgado madrileño no solo se estaría analizando este presunto blanqueo, sino que existen otras líneas de investigación. Víctor Ábalos, el hijo de José Luis Ábalos, en prisión provisional desde el 27 de noviembre, ha denunciado las supuestas presiones ejercidas por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para que el rescate se llevara a cabo. En una entrevista concedida a Vozpópuli aseguró incluso que su padre no conoció hasta que llegó al Consejo de Ministros un asunto que dependía de su ministerio: otorgar a Plus Ultra la condición de empresa estratégica, que era un requisito sin el que no podía recibir la ayuda.

475 millones para Air Europa

El escrito de acusación que presentó en el Tribunal Supremo el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejando Luzón, por el caso del pelotazo de las mascarillas alude de forma expresa a la decisión del Consejo de Ministros de 3 de noviembre de 2020 de conceder dos préstamos a la aerolínea Air Europa por 475 millones a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), el cual era gestionado por el Consejo Rector presidido por el presidente o vicepresidente de la SEPI.

"En dicho rescate fue relevante la previa intervención de José Luis Ábalos quien, al margen de la oportunidad o procedencia de la operación, atendió los intereses de Víctor de Aldama", especifica Luzón, que asegura que el exministro fue recompensado por ello.

En concreto, acusa a Ábalos de promover, "a petición de Aldama la publicación de una nota de prensa por parte del Ministerio del que era titular, de cuya redacción se encargó el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda Pedro Saura. La nota fue emitida el 8 de agosto de 2020 y en ella se anticipaba la posición favorable del Gobierno y se expresaba el progreso de las gestiones para que Air Europa obtuviera la correspondiente financiación pública", dice el documento, que concluye que esta comunicación "tuvo un alto valor estratégico para Air Europa, pues vino a tranquilizar a sus acreedores al mostrar que estaba encarrilado el rescate que garantizaría el futuro de la aerolínea".

A cambio de la actuación de Ábalos, "Aldama se hizo cargo del pago de la estancia en un chalet vacacional en Marbella, 'Villa Parra', de la que iban a disfrutar el ministro y su familia. [...] La renta se estipuló en 9.800 euros", que habrían sido abonados por el comisionista, quien a su vez recibió 12.100 euros mensuales de la matriz de la aerolínea, Globalia, entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020.

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