Koldo pide ser absuelto del pelotazo de la mascarillas y que se cite como testigos a Illa, Armengol y Marlaska, dejando a Torres fuera de su lista

Koldo García, que fue asesor del exministro José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, ha presentado un extenso escrito de defensa en el Tribunal Supremo de cara al juicio que le enfrenta a una petición de 19 años y medio de prisión por el "pelotazo" en la compra de mascarillas para diferentes administraciones durante lo peor de la pandemia. Al igual que hizo la defensa de Ábalos, solicita su absolución por inexistencia de delito, y entre la lista de 75 testigos que incluye en su escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, su defensa incluye al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Como novedad también incluye al actual president de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa.

A diferencia de su exjefe, Koldo no solicita citar para el juicio al actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en relación con la compra de mascarillas para Canarias. Fuentes de la defensa han señalado a esta redacción que la razón de ello es que Koldo siempre ha señalado que Torres no tuvo que ver con esta compra de material para la pandemia a diferencia de Armengol, que sí le pidió mascarillas para Baleares. Esta parte considera la implicación de Torres en este sumario una mera invención del comisionista Víctor de Aldama. Sí considera necesario, al igual que el exministro, la comparecencia en el juicio de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, del hoy presidente de Correos y anterior secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, y de los exjefes de Gabinete en Hacienda e Industria.

Aldama, un "ornitorrinco procesal"

El escrito, que se extiende a lo largo de 132 páginas, incide en que "sin delito, no hay responsabilidad penal" que pueda exigirse al exasesor ministerial, que carga duramente contra el comisionista, al que califica de "ornitorrinco procesal" por mentir en su escrito de defensa al asegurar que se repartió las comisiones del negocio de las mascarillas en un 50 por ciento con él y con Ábalos.

"Dichas acusaciones se articulan sobre una construcción meramente especulativa, una fabulación de los acontecimientos que carece del más mínimo sustento indiciario o probatorio, vulnerando con ello el principio de presunción de inocencia de mi representado", afirma la defensa de Koldo, que pide que el interrogatorio de De Aldama preceda al del resto en el juicio y se someta al régimen de contradicción propio de un testigo.

Por otro lado, la defensa exige que se aporte el acuerdo que Aldama realizó con Fiscalía Anticorrupción. Su defensa, que ejerce la letrada Leticia de la Hoz, argumenta que el "cambio de postura procesal" de Aldama --para quien la petición de cárcel ser reduce a 7 años, tras colaborar con el Ministerio Público-- sugiere un acuerdo que afecta directamente a la situación Koldo, "por lo que conocer los términos de dicha conformidad (o las negociaciones para la misma) es esencial para valorar la credibilidad y el móvil espurio del coacusado", subraya el escrito. Su defensa necesita conocer "qué beneficios ha obtenido el señor Aldama a cambio de su declaración para poder proponer contraprueba dirigida a desvirtuar tales afirmaciones interesadas", incide.

Pagos en el PSOE

El escrito incluye varias periciales, entre ellas un informe sobre adecuación y contingencias del sistema de pagos en metálico del PSOE (2017-2024), a cargo de Félix Alberto Vega Borrego y César Martínez Sánchez, profesores de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. También se realizan peticiones de información a otros juzgados como el de Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, a quien se requieren las conversaciones en formato digital que constan en un sumario que instruye sobre una trama de fraude en hidrocarburos entre el empresario osé Luis Caramés y el capitán de la Guardia Civil Juan Vicente Bonilla, actual jefe de seguridad de la Comunidad de Madrid.

Las peticiones de la defensa de Koldo pasan también por solicitar, de cara a la celebración del juicio, una copia de la totalidad de las grabaciones "pretendidamente obtenidas en el domicilio" de Koldo en Polop de la Marina (Alicante) en febrero de 2024, exigiendo además "que se oficie a la Policía Judicial para que la copia de las grabaciones que se le entregue a esta defensa para su estudio sea una copia clonada directamente de la original, realizada a presencia de esta parte con las garantías pertinentes de un volcado que garantice la cadena de custodia de una evidencia digital". La acusación presentada contra el que fuera asesor ministerial se basa en gran medida en el análisis que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hizo sobre estas grabaciones.

Igualmente como prueba anticipada, y habida cuenta de que Aldama manifiesta haber entregado diversas cantidades de dinero a Koldo a cambio de su influencia sobre el entonces ministro, casi todas ellas en efectivo, su defensa interesa que "a fin de acreditar la capacidad económica de que presume, se realice por la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional) un informe patrimonial sobre el acusado Víctor de Aldama, que, por otra parte, es el único de los tres acusados sobre el que no consta dicho informe". Se reclama asimismo diverso material sobre las actividades de todos los investigados que han sido publicadas en prensa.

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