Montero solivianta a las comunidades del PP y abre una brecha en el PSOE con la nueva financiación

El nuevo modelo de financiación autonómica presentado este viernes por María Jesús Montero ha generado un frente de rechazo entre los presidentes del PP, que gobiernan en once comunidades. La propuesta con un aumento generalizado de recursos para todas las comunidades del régimen común, cercano a los 21.000 millones más en total, no ha servido tampoco para evitar brechas dentro del propio PSOE al partir de un acuerdo previo con ERC y garantizar la ordinalidad de Catalunya. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, lo considera una cesión al independetismo contraria a los principios de progresividad fiscal y redistribución de la izquierda y ha antepuesto la celebración de elecciones a su aprobación.

Otro de los tres gobiernos socialistas con presencia en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el del Principado de Asturias liderado por Adrián Barbón, también ha situado la ordinalidad como línea roja, aunque evitando fijar posición hasta conocer la letra pequeña del plan. El ejecutivo canario liderado por Fernando Clavijo se ha mostrado igualmente escéptico, sin avanzar su posición en la reunión del CPFF convocado para el próximo miércoles. El único apoyo asegurado por el momento es el de Catalunya, suficiente junto al del Gobierno para garantizarse Hacienda su aprobación.

La pretensión de Hacienda es dejar la votación para más adelante, sobre la base del anteproyecto que se apruebe en Consejo de Ministros en un plazo de unos dos meses, para arrancar la tramitación parlamentaria antes de verano, según sus cálculos. Sin embargo, el modelo de financiación tampoco convence a parte de los socios del Gobierno en el Congreso. Junts y el BNG ya han manifestado su profunda oposición, mientras que el plan ha dividido a Sumar, socios de coalición, con IU, Compromís y CHA cuestionándolo abiertamente.

Los posconvergentes, cuyo voto sería imprescindible, han anunciado ya una enmienda a la totalidad. Para los nacionalistas gallegos, la propuesta es discriminatoria con Galicia, Compromís la tilda de insuficiente y la Chunta Aragonista cuestiona que no se recoja la singularidad de este territorio.

El planteamiento de Hacienda recuerda al seguido con la quita de la deuda, pactada con ERC para Catalunya y posteriormente extendida a todas las comunidades que decidiesen voluntariamente acogerse. Un modelo en el que Andalucía se situó como la más beneficiada. Ahora sería nuevamente el territorio que más recursos recibiría (4.846 millones), seguido de Catalunya (4.686 millones), Comunidad Valenciana (3.669 millones) y Madrid (2.555 millones). La diferencia es que el encaje de la ordinalidad, por lo que al ser la comunidad catalana la tercera en aportar recursos a la caja común, deberá ser también la tercera en recibir, ha soliviantado no solo a las comunidades del PP, sino al poco poder territorial de los socialistas.

Una línea infranqueable para una parte de las federaciones socialistas, que históricamente han confrontado con estas posiciones del PSC desde la época de Pascual Maragall. Montero no ha logrado sacudirse así la etiquete del agravio territorial, aunque fue una acusación que negó reiteradamente durante su comparecencia este viernes con el argumento del aumento de recursos para todas las comunidades.

Coste político

Su doble condición de ministra de Hacienda y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, donde hay elecciones previstas el próximo mes de junio, no deja de influir a la hora de abordar esta carpeta. En el Gobierno trasladan que pese al frente de rechazo este modelo no les generará costes políticos y hasta les beneficiará de cara a las campañas autómicas del ciclo electoral donde, además de en Andalucía, habrá comicios en Aragón y Castilla y León.

La exministra y candidata del PSOE en las elecciones aragonesas, Pilar Alegría, se apresuró a defender la propuesta al suponer más recursos para la comunidad (629 millones más) y proponerlos para la la mejora de los servicios públicos. Como con la condonación de la deuda, se critica al PP que priorice la “estrategia de confrontación” rechazando medidas que mejorarían los recursos de las arcas públicas.

“El PP no quiere reformar el modelo para que las comunidades tengan más recursos, su único objetivo es confrontar es utilizar el debate de la financiación para confrontar con el Gobierno”, trasladan desde el Ejecutivo con un mensaje fabricado para todos sus candidatos en este ciclo electoral. “Es incompatible creer en el Estado del bienestar y en el Estado de las Autonomías y no apoyar la necesaria reforma del modelo”, añaden tratando de neutralizar las acusaciones de privilegiar a Catalunya sobre el resto de comunidades.

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