XXVIII Interparlamentaria del Partido Popular
El PP carga contra la fiscalidad “depredadora” del Gobierno de Sánchez
“Hay que hacer que merezca la pena trabajar y no vivir de subvenciones”, advierten los populares tras cargar contra la hiperregulación normativa actual
Urgen dar hay dar más peso a la industria para ganar productividad y subir los salarios medios

Tercera mesa de la Interparlamentaria del PP que versó sobre el trabajo / Carlos Pardellas
R. Prieto
El PP llega a A Coruña con un diagnóstico tajante: trabajar en España —afirman— se ha convertido en un ejercicio de resistencia frente a impuestos crecientes, hiperregulación, trabas constantes y un Gobierno que penaliza el esfuerzo. Los populares acusan al Ejecutivo de asfixiar a autónomos y empresas, frenar la creación de empleo y expulsar oportunidades. Los populares se proponen revertir esa tendencia y reconstruir un país donde esforzarse vuelva a tener sentido. “Si hacemos las políticas adecuadas, a través del esfuerzo se generará productividad y competitividad, se creará empleo y se podrá subir el salario medio”, defienden desde el PP.
La mesa de la Interparlamentaria del PP Un país en el que valga la pena trabajar fue moderada por Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP. La exposición de las políticas de los populares en materia de empleo corrió a cargo de José Vicente Marí Boso, diputado nacional por Baleares; Alberto Pazos, portavoz del PP en el Parlamento gallego, su homóloga en La Rioja, Cristina Maíso; Javier Celaya, diputado nacional por Ceuta; Juan José Alonso, portavoz en Cantabria, y Carolina Agudo, portavoz en las Cortes de Castilla-La Mancha.
En el arranque de la mesa, Alberto Nadal advirtió de que España era un país donde madrugar e ir a trabajar “tenía premio” y “se prosperaba” y “si los hijos estudiaban, les iba a ir mejor”. “Pero eso se rompió en los últimos siete años, España ha dejado de soñar”, sentenció. “Lo importante es estar cerca del poder para vivir mejor; a costa de otro”. Quien ahorre, según cuestionó Nadal, lo que va a obtener es un mayor pago de impuestos. “Tenemos que volver a la España que confía en sí misma, que a través del trabajo la formación y esfuerzo se prospera. Así se incrementa el bienestar, crear una España de pequeños propietarios, ahorradores y que creen que el esfuerzo merece la pena”, defendió.
Javier Celaya, diputado nacional por Ceuta cargó contra la fiscalidad “depredadora” del actual Gobierno y urgió pasar a un modelo “inteligente que genere dinamismo y desarrolle actividad económica”. En su intervención, defendió incentivar al sector privado que es el que genera riqueza, así como incentivar la tecnología para superar las barreras que se presentan. Los datos del INE de 2024 apuntaban que la contribución de tecnología en España apenas llegaba al 1,5%, por detrás del 3% de Alemania o EEUU. “O aceleramos ese peso o no podremos entrar en el círculo virtuoso de la economía tecnológica que permita una mayor productividad, y en consecuencia, añadió, elevar el salario medio de la población”. Y ahí, puso en el punto de mira al Gobierno de Sánchez: “Si no ha sido capaz en tres años probar los presupuestos, cuanto más acometer las medidas que dinamicen la economía”. “Hay que hacer que merezca la pena trabajar y no vivir de subvenciones”, sentenció.
José Vicente Marí Boso, diputado nacional por Baleares, defendió que hay dar más peso a la industria para ganar productividad, y así crecer más y mejor para acercarnos a los países punteros y que suban los salarios. Aludió a seis palancas de la competitividad: la tecnología, la innovación empresarial, simplificación, talento y la descarbonización sin fundamentalismos.
Alberto Pazos, portavoz del PP en el Parlamento gallego, cuestionó el modelo utilizado por el Gobierno de Sánchez en la elaboración de las estadísticas del paro. Con este modelo, advirtió, se mejoran las cifras, pero no las condiciones de vida de la gente. Como gallego, aludió a las políticas puestas en marcha por los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda al frente: “Su éxito ha sido priorizar la confianza en las personas, en trabajadores y empresarios, en las mejores condiciones laborales”.
En materia de educación, destacó dos de cada cinco jóvenes que acaban sus estudios obligatorios optan por Formación Profesional, el 85% de los alumnos de FP en Galicia acceden a un empleo y si es Dual alcanza el 100%. Como tierra de emigrantes, Galicia quiere que la diáspora retorne a su tierra: “Ya no somos una tierra de emigración, si venís a trabajar os vamos a recibir con los brazos abiertos. Esta es vuestra casa”. “Eso en Galicia ha funcionado y funcionará mejor cuando un gallego llegue al Gobierno de España”, añadió.
“Hay que tender puentes en vez de levantar muros, conciliar intereses entre trabajadores y empresarios”, concluyó Pazos.
Juanjo Alonso puso el punto de mira en la “hiperregulación actual” es lo que más “lastra” la economía española y hace al país “menos competitivo”. “Hay una nueva norma cada 45 minutos”; ironizó Alonso, al tiempo que advirtió de que este es el “vicio” de los malos gobernantes. Un exceso normativo que, apuntó, perjudica a 2,5 millones de empresas y 10 millones de trabajadores. Por ello, fijó como retos poner freno a este exceso normativo, la implementación de órganos reguladores independientes y la simplificación administrativa.
Cristina Maíso (La Rioja) quiso lanzar el mensaje de que la agricultura tiene futuro y los jóvenes deben apostar por ello. En su intervención, expuso las medidas puestas en marcha en su región para ayudar al campo y a la ganadería. Tras repasar los datos del sector primario en La Rioja, advirtió de que es una tierra que no se entiende sin su sector primario. En el punto de mira, puso la política fiscal: “En La Rioja se bajan los impuestos, pero con la seña de identidad de ayudas a las familias, tejido productivo y autónomos”.
Carolina Agudo (Castilla-La Mancha) apostó por un turismo de calidad, pero para ello son necesarias infraestructuras. Solo así, apuntó, se puede atraer inversión y tener un país competitivo”. Calificó de “vergüenza” lo que ocurre con los servicios públicos de Renfe y Aena y apeló a la modificación de la Ley del Suelo.
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