Sánchez recicla como novedad prohibir las redes sociales a menores de 16 años que lleva año y medio tramitándose

El Gobierno quiere reactivar su cruzada legal "para hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno digital seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales". Para ello, Pedro Sánchez ha tirado de antiguos y nuevos anuncios. Desde Dubai, el presidente del Gobierno ha adelantado que desplegará un paquete de medidas legislativas y regulatorias para fortalecer el control de las plataformas digitales y ha vuelto a poner el foco en una medida que el Consejo de Ministros ya impulsó hace más de un año y medio, la prohibición del acceso a redes sociales a los menores de 16 años y la obligación de que las plataformas digitales implementen sistemas efectivos de verificación de edad.

Ambas medidas no son ninguna novedad, ya están recogidas en el proyecto de ley de protección digital a los menores, una normativa para que los niños y las niñas no accedan a contenidos inapropiados, como la pornografía, y que obligará a los fabricantes a incluir en todos los dispositivos un sistema de control parental. El texto, que en junio de 2024 pasó por el Consejo de Ministros, ya se está tramitando en el Congreso de los Diputados, donde está guardado en un cajón a la espera de que se debatan más de un centenar de enmiendas registradas por los grupos. 

La ley, que si se llega a aprobar supondrá la modificación de varias leyes y un puñado de artículos del Código Penal, fue promovida por el Ministerio de Juventud e Infancia con la colaboración de varios departamentos del Gobierno, incluido los gabinetes de Presidencia y Justicia y el de Transformación Digital, que es el interlocutor con los fabricantes de tecnología. Tras el anuncio de Sánchez, la propia ministra de Infancia, Sira Rego, ha explicado a través de redes sociales que llevan trabajando "desde el primer minuto" y que la norma está "en trámite en el Congreso". Fuentes de su departamento incidían en que está a la espera de que se aborden las enmiendas presentadas.

Discrepancias internas

En la coalición liderada por Yolanda Díaz algunas voces acusaban a los ministros del PSOE de "plantear problemas" a la hoja de ruta legislativa planteada por el socio minoritario, y a apropiarse de alguna forma de una de las medidas con sello de Sumar. "Deben dejar de plantearse problemas por parte de otros ministerios que están retrasando mucho la tramitación de esta ley", se ha quejado en el Congreso el portavoz de IU, Enrique Santiago.

El diputado, integrado en el grupo parlamentario de Sumar, ha recordado además que el hecho de que el "tema sea más o menos mediático no es un criterio de competencia", criticando que "un ministerio que no tiene la tarea de trabajar sobre eso, salga a hacer cualquier tipo de propuesta". Esta referencia velada iba directamente dirigida al titular de Presidencia, Félix Bolaños, de quien depende una parte de la reforma del Código Penal y que mantiene desde principios de legislatura una guerra soterrada con la vicepresidenta segunda.

En Sumar admiten que desconocían el anuncio del presidente antes de su lanzamiento, pero al mismo tiempo reconocen su capacidad para marcar los tiempos y la agenda política: "Lo ha conseguido", resumen algunas voces, alabando su capacidad para aunar al progresismo detrás de una bandera y, al mismo tiempo, convertirse en "el mayor confrontador de la ultraderecha en EEUU". Se referían así a la contestación del magnate estadounidense Elon Musk, muy próximo a Trump, que a través de las redes contestó al vídeo del presidente de España: "Dirty Sánchez es un tirano y un traidor al pueblo español", dijo en X. En este punto, desde Sumar hay quien reflexiona sobre la capacidad de Sánchez de poner en un brete al PP, que hasta ahora se ha mostrado partidario de la prohibición de las redes a menores de edad. "¿La derecha a esto qué va a decir?", se preguntan.

Las novedades

No obstante, entre las medidas que ha puesto Sánchez sobre la mesa también hay novedades. El proyecto anunciado por Sánchez incluye una reforma para que los directivos "sean legalmente responsables de las infracciones que se comentan en las plataformas digitales de las que son responsables", según ha explicado el presidente durante su intervención esta mañana en el World Governments Summit. Con ello se pretende que las plataformas sean activas y diligentes en la retirada del contenido que atente contra la legalidad o sea considerado de odio.

El resto del paquete legislativo, que según fuentes del Gobierno se vehiculará a través de un nuevo proyecto de ley, impulsará reformas para tipificar como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal, además de la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer "una Huella de Odio y Polarización" para atajar este tipo de discursos. Asimismo, se abordará, junto a la fiscalía, las vías "para investigar las posibles infracciones legales de Grok, TikTok e Instragram". En defensa de la "soberanía digital" y apelando a la "tolerancia cero".

Sánchez, finalmente, ha anunciado que España se ha unido a cinco países europeos en la "Coalición de los Dispuestos Digitales" para avanzar de manera coordinada a nivel multinacional en la aplicación de una regulación "más estricta, rápida y eficaz de las plataformas sociales". Australia ha sido un país pionero en implantar la prohibición del acceso a redes sociales de los menores, mientras que otros como Francia y Dinamarca están avanzando en la misma línea.

Llamada a la UE para "plantar cara"

La gobernanza digital se ha convertido en una de las prioridades del Gobierno de Pedro Sánchez, que en los últimos meses había redoblado las críticas a la "tecnocasta" o "tecnoligarcas" de Silicon Valley. Una estrategia para la que ya se está empujando en Bruselas y que el jefe del Ejecutivo busca abordar de forma global frente a lo que considera una tendencia donde “las leyes se ignoran y los delitos se toleran”.

Durante su última participación en el foro de Davos, el pasado año, Sánchez ya hizo un llamamiento a la Comisión Europea a actuar contra los "tecnomillonarios" al considerar que atentan contra la democracia. Entre su batería de propuestas para frenar el poder de las redes sociales en contra de los principios democráticos, puso sobre la mesa el "poner fin al anonimato en las redes sociales"; obligar a estas a "abrir la caja negra de los algoritmos" y hacer que sus propietarios asuman responsabilidades personales "si no cumplen las reglas" en sus plataformas. "Tienen el poder económico y ahora quieren también el poder político", denunció entonces.

Coincidiendo con la toma de posesión de Donald Trump en enero de 2025, el jefe del Ejecutivo comenzó a redoblar sus advertencias ante “amenaza grave” que conllevaría el “poder omnívoro en las redes sociales” de los grandes magnates tecnológicos para ejercer “control”. Siempre con llamadas a la UE a "plantar cara a esta amenaza y defender la democracia” en lo que Sánchez ha definido como una "nueva etapa geopolítica en la que estamos empezando a entrar".

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