El Gobierno aprueba dos ayudas del escudo social saltándose el Congreso

El Gobierno vuelve a acudir a la vía ejecutiva para sortear el Congreso. Después de que la pasada semana pasada PP, Vox y Junts uniesen sus votos para tumbar por segunda vez las medidas contenidas en el denominado escudo social, el Ejecutivo ha movido ficha para rescatar dos de las medidas que incluía el texto. Se trata de ayudas destinadas a los afectados por emergencias de protección civil y a explotaciones agrarias, ambas sin rango de ley, aprobadas en el Consejo de Ministros de este martes.

Desde el Ejecutivo aseguran que tampoco tirarán la toalla para intentar salvar las medidas del paquete relativas moratoria antidesahucios, el bono social eléctrico o la prohibición de cortes de suministros a las familias vulnerables. Sin embargo, reclaman tiempo para hablar con sus socios y asegurar las mayorías necesarias, según ha apuntado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. La principal dificultad tiene que ver con el escudo antidesahucios, que Junts rechaza y otros socios del arco progresista señalan su prórroga como línea roja.

“Independientemente de lo que se haga”, apuntan fuentes de Moncloa sobre su plan B, “vamos a llevar algo que pueda salir”. Por el momento, ERC, EH Bildu y BNG han registrado enmiendas a la ley de dependencia, en tramitación parlamentaria, “para blindar por ley la prohibición de desahucios y cortes de suministros a personas vulnerables, con discapacidad o en situación de dependencia”. La pieza de Junts sigue siendo imprescindible para cualquier paso que se dé. En la parte socialista del Gobierno apuestan por volver a intentar la prórroga del escudo social con un tercer decreto, pero piden tiempo para evitar un nuevo varapalo.

“No han querido sentarse cuando la redacción sobre los desahucios es muy distinta a la primera, que podrían perfectamente aceptar. Lo de la ‘okupación’ es una excusa”, reprochaban los negociadores de Moncloa respecto a los posconvergentes. Los socialistas buscaron en vano su apoyo al reformular el texto para dejar fuera a los pequeños propietarios y lanzaron otro guiño al aprobar un fondo de 300 millones de euros para cubrir los impagos a los caseros.

La aprobación de las ayudas del escudo social por la vía ejecutiva coincide con la estrategia del Gobierno de las últimas semanas. A través de reales decretos aprobados en el Consejo de Ministros sin necesidad de pasar por el Congreso se han sacado adelante medidas como el proceso de regularización extraordinaria de migrantes la desclasificación de documentos del 23-F. La primera, ante la paralización parlamentaria de la iniciativa legislativa popular (ILP) en esta línea, la segunda debido a que la ley de secretos oficiales comprometida con el PNV está atascada en el Congreso.

A golpe de real decreto

La debilidad parlamentaria ha llevado a Pedro Sánchez a reivindicar algunas ocasiones la acción propia del “poder ejecutivo”, como con el plan de defensa. De cara a este año 2026, incluso se pidió a los ministros un ejercicio para explorar medidas sociales de sus respectivos departamentos que pudieran salir adelante sin tener que pasar por el trámite parlamentario.

El Ejecutivo recurrió igualmente al real decreto para sacar adelante algunos de los compromisos pendientes con Junts antes de final de año. Decretos económicos para aumentar el margen de gasto en entidades locales y provinciales de cara a poder realizar más inversiones o ampliar los plazos para promover la digitalización en procesos de facturación, facilitando el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las empresas. Por otra parte, el pasado 3 de febrero se aprobó otro real decreto para crear una partida con ayudas dirigidas a los propietarios de inmuebles ante posibles impagos en caso de arrendamiento a jóvenes y familias vulnerables.

La falta de Presupuestos ha hecho que el Gobierno recurra a acuerdos de modificaciones presupuestarias aprobados en Consejo de Ministros, sorteando así el veto de sus socios al aumento del gasto en Defensa. Asimismo, ha encajado a través de este instrumento parte de las medidas que ha tumbado el Congreso, como ocurrió el pasado verano con el decreto para reforzar el sistema eléctrico tras el apagón.

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