Peramato inicia el proceso para que la Fiscalía también pida el amparo contra la condena a García Ortiz ante el Constitucional

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha firmado un decreto en el que designa a la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, para unirse a la iniciativa de Álvaro García Ortiz y que también la Fiscalía pida amparo al Tribunal Constitucional contra la condena que se impuso a su antecesor en el cargo por un delito de revelación de datos reservados.

La firma del decreto se produjo después de que el pasado 26 de febrero la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rechazara el incidente de nulidad presentado contra la condena --que fue impuesta por revelar datos que perjudicaron a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- instado tanto por el Ministerio Público como por la Abogacía del Estado.

La decisión del Alto Tribunal abrió la vía a que el exfiscal general pudiera acudir ahora en amparo ante el tribunal de garantías y la Fiscalía se unirá a esta petición, según adelantó la propia Peramato en una entrevista concedida este lunes al canal 24 horas de TVE recogida por este diario. "El incidente de nulidad fue desestimado, y me planteó la teniente fiscal su intención de interponer un recurso de amparo", señaló Peramato, para añadir que lo que ella ha hecho es dictar el decreto designando a la teniente fiscal del Tribunal Supremo para la interposición de ese recurso.

"Fiscal hasta la médula"

Durante la entrevista, Peramato defendió a su predecesor señalando que es, sobre todo, "fiscal hasta la médula", y ha señaló que ambos mantienen una relación de "apoyo absoluto". "Álvaro siempre apoyará a cualquiera que ocupe la más alta representación de la Fiscalía General del Estado porque es un compañero sobre todo muy institucional y fiscal hasta la médula, de manera que apoyaría a cualquiera", manifestó.

Se trataba de la primera entrevista concedida por Peramato tras tomar posesión del cargo al que accedió después de que el Supremo inhabilitara a García Ortiz por dos años para ejercer de fiscal general por la revelación de secretos del empresario Alberto González Amador, concretamente el contenido de un correo electrónico en el que su abogado trataba de llegar a un acuerdo con la Fiscalía para evitar llegar a juicio por fraude a Hacienda.

Peramato indicó que "por supuesto", había hablado con García Ortiz durante el proceso penal: "Conmigo tiene una relación buena, siempre la hemos tenido y es el apoyo absoluto". Preguntada por su opinión sobre la condena, dijo que la carrera fiscal vivió todo este asunto "con muchísima incertidumbre".

"La Fiscalía siempre mantuvo una posición absolutoria porque entendimos que los hechos no eran constitutivos de delito. Esa posición se mantuvo durante todo el procedimiento, también en el acto del juicio oral (...) consideramos que la posición que ha mantenido la Fiscalía es la correcta", agregó la fiscal general.

Sobre si cree que ha quedado "deteriorada" o no la imagen del Supremo tras condenar a García Ortiz, la fiscal esgrimió durante la entrevista que "no es la primera vez" que se enfrentan a resoluciones de dicho tribunal en las que "el voto no es mayoritario y hay votos particulares", argumentando que "eso no pone en entredicho tampoco el ejercicio de las funciones judiciales".

En la resolución en la que descartaba anular la condena, el Supremo insistía en que la libertad de expresión no ampara la divulgación de la nota informativa que contenía datos confidenciales del empresario Alberto González Amador, y que la intención de defender a la Fiscalía como institución frente a lo que ésta consideraba un bulo --en relación con el acuerdo de conformidad que buscaba el empresario en un juicio por fraude a Hacienda-- "no anula la antijuridicidad de la conducta" atribuida a su principal responsable.

La decisión contó con el voto discrepante de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, las mismas que se posicionaron en contra de la sentencia que inhabilitó por dos años a García Ortiz para seguir siendo fiscal general por un delito vulneración de datos reservados de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

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