Violencia machista
Libertad provisional para el concejal de Altea detenido por abofetear y arrastrar a su pareja tras no ratificar la víctima la denuncia
El juzgado no ha acordado orden de protección al no solicitarla las partes, mientras que el alcalde del municipio alicantino le ha retirado de manera cautelar las competencias delegadas

Rafael Ramón Mompó. / Diego Coello Calvo
Diego Coello / P. Cerrada
El concejal de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Altea, Rafael Ramón Mompó, de Compromís, ha salido en libertad provisional este lunes de los juzgados de Dénia tras ser detenido por la Guardia Civil este domingo por la noche por, supuestamente, abofetear y causar lesiones no graves a su pareja sentimental, que no ha ratificado la denuncia en sede judicial.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, la Plaza número 1 de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Dénia ha acordado este mediodía la libertad para el edil, que queda investigado en una causa abierta por los delitos de maltrato de obra con lesiones y coacciones leves.
Ninguna de las partes ha solicitado la orden de protección y el juzgado no la ha acordado por no considerar que se dieran los requisitos para ello, informa el TSJ. La víctima se ha acogido a la dispensa de la obligación de declarar y no ha ratificado la denuncia. El juzgado de Dénia ha elevado el procedimiento a la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Benidorm para su enjuiciamiento.
La detención del concejal por su presunta implicación en un delito de violencia de género se produjo alrededor de las 21 horas en el domicilio de Xàbia, donde la pareja tiene una vivienda y donde presuntamente ocurrieron los hechos.
El edil, perteneciente a la formación política Compromís, fue arrestado tras la denuncia presentada por su pareja. Según consta en la denuncia, el político habría propinado presuntamente una bofetada a la víctima durante una fuerte discusión, cuyas causas no han trascendido. Posteriormente, siempre según el relato de la denunciante, el concejal la habría arrastrado por el suelo.
Tras recibir el aviso de un posible episodio de violencia de género, el equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Altea se desplazó al lugar de los hechos para hacerse cargo de las diligencias y procedió a la detención del concejal.
El entorno de la víctima confiaba esta mañana en que el juez valore la adopción de medidas cautelares de protección para la denunciante, entre ellas una posible orden de alejamiento y la prohibición de comunicación por cualquier vía mientras se desarrolla el proceso judicial.
Rafael Ramón Mompó, funcionario de Correos en excedencia por su actividad como enlace sindical, podría enfrentarse a cargos penales recogidos en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En caso de condena firme, la legislación contempla desde penas de prisión hasta la inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público.
Reacción del equipo de gobierno
Tras conocerse los hechos a través de los medios de comunicación, el equipo de gobierno municipal de Compromís ha difundido un comunicado institucional en el que señala que, por el momento, solo dispone de la información publicada y que no ha recibido todavía una comunicación oficial completa sobre lo ocurrido ni sobre las actuaciones policiales o judiciales.
El alcalde de Altea, Diego Zaragoza, ha decidido retirar de manera cautelar las competencias delegadas al concejal mientras se esclarecen los hechos.
En el comunicado, el gobierno local subraya su “respeto absoluto al principio de presunción de inocencia”, al tiempo que expresa una “condena firme y rotunda ante cualquier tipo de violencia, especialmente la que se ejerce en el ámbito de la pareja o contra las mujeres”.
Asimismo, el ejecutivo municipal reitera su compromiso con la defensa de la igualdad y la erradicación de cualquier forma de violencia y señala que adoptará las decisiones que correspondan, una vez se disponga de información oficial completa sobre el caso.
Mientras tanto, el equipo de gobierno ha apelado a la prudencia, al respeto del proceso judicial y a la confianza en el trabajo de las autoridades competentes.
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