El alto cargo en Transportes cesado por Puente señala a Koldo por las mascarillas: "Me dijo que Soluciones decía que eran 8 millones o nada"

La quinta jornada del juicio contra el exministro José Luis Ábalos se ha centrado este martes en los hechos que dieron inicio al procedimiento, los relacionados con los contratos millonarios para la compra de mascarillas por Transportes en pleno inicio de la pandemia de 2020, con la comparecencia de ex altos cargos del Ministerio.

Entre ellos, el subsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez García, que fue cesado por el actual titular, Óscar Puente, y que ha desvelado que fue el asesor del ministro, Koldo García, quien entró en su despacho con la oferta de Soluciones de Gestión --la empresa avalada por el comisionista Víctor de Aldama--. Tras un primer documento que él elaboró para adquirir cuatro millones de tapabocas, el propio Koldo le dijo "que el suministrador decía que eran 8 millones o nada" y el contrato se modificó para doblar el número de mascarillas a comprar.

Preguntado por su relación con Koldo, este ex alto cargo ha señalado que era un asesor solía trasladarle "indicaciones" del ministro. Sobre la adquisición de las mascarillas, el testigo relató ante los siete magistrados que juzgan este asunto que Ábalos le encargó el 19 de marzo de 2020 por las mañana la compra de mascarillas y, tras reunirse con su equipo, le propusieron que se realizara por el procedimiento de emergencia por parte de Puertos de Estado para todo el sector de Transportes. La razón es que esta empresa tenía capacidad y en dicho momento tenía el presupuesto suficiente. "En 24 horas elaboramos la orden de compra", ha manifestado.

Por "prudencia", 4 millones

Ha sido el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, el que le ha preguntado cómo se pasó después de una orden inicial para la compra de 4 millones de mascarillas, y Gómez le ha respondido que el ministro ordenó un estudio de necesidad y se valoraron 4 millones para 15 días y 8 millones para un mes. "Por prudencia hice un contrato con la primera opción que el ministro llego a firmar, pero Koldo dijo que la necesidad era de ocho millones y se firmó, porque el suministrador decía que eran 8 millones o nada", ha relatado ante el tribunal.

Posteriormente, a preguntas del abogado defensor de Ábalos, este alto cargo ha especificado que el cambio de la cantidad de mascarillas a comprar no debe entenderse como un cambio de opinión del ministro con respecto a esta compra. Cuando ha intervenido la defensa de Koldo, el testigo ha rechazado haber recibido ninguna presión de Koldo con respecto a esta contratación de material sanitario, ya que él se limitaba al asesoramiento técnico y no tenía ningún poder al respecto. Sí que pidió a Sanidad que confirmara la calidad de las mascarillas que llegaron, y se obtuvo una respuesta positiva.

En cuanto al segundo contrato para la compra de 5 millones de mascarillas a través de Adif, según Gómez fue una decisión del ministro, que era el delegado competente durante el Estado de Alarma. Cuando Ábalos salió del cargo -entre uno y otro estuvo Raquel Sánchez de ministra- y llegó Óscar Puente (que cesó a Gómez unos meses después) él mismo propuso al nuevo responsable la realización de una auditoría. Gómez se reunió en alguna ocasión con Koldo en el restaurante La Chalana cuando este ya había abandonado el ministerio, pero nunca hablaron de las mascarillas, aseguró.

También ha sido interrogado por el abogado de Ábalos otro testigo, Pedro Luis Marco de la Peña, actual presidente de Adif, que fue quien suscribió un informe en diciembre de 2024 en respuesta a unas acusaciones de Aldama sobre contrataciones de obra pública por parte de Adif. Se trataba, a iniciativa propia como presidente de Alta Velocidad, de hacer una pequeña sinopsis sobre esos contratos públicos, y se concluyó que no hubo ninguna irregularidad en la contratación de los mismos.

Estos extremos han sido confirmados por la que era su colaboradora, Rosa Montero, que añade que se hizo "por las noticias que estaban saliendo" sobre los contratos señalados por Aldama. En este punto, la defensa del comisionista ha tratado de desacreditar estos testimonios cuestionando las razones por las que se decidió realizar este análisis.

Contratación en Adif

Igualmente ha declarado Michaux Miranda Paniagua, ex director general de gestión de personas de Adif también investigado en la Audiencia Nacional por el contrato de cinco millones de mascarillas y que señaló durante la instrucción del caso a la expresidenta del organismo Isabel Pardo de Vera - citada para este miércoles- quien le facilitó el nombre de Soluciones de Gestión.

Miranda ha reconocido que había un director de compras en Adif pero que la iniciativa de otras adquisiciones dependían de su departamento, y que fue la presidenta Pardo de Vera quien le encargó directamente la compra bajo la supervisión del secretario general del Ministerio, Gómez García.

Ante el Supremo, este ex alto cargo ha diluido el papel de la entonces presidenta de Adif en la gestión del encargo. Así, Miranda ha relatado que llevaban "varias semanas buscando proveedores" de forma "insistente y con ahínco" por lo que decidieron acudir directamente a China. Después, "por sentido común" y como Puertos del Estado "ya había transitado por este mismo camino", les pasaron el contacto de Soluciones de Gestión: "primero la presidenta y unas horas después el secretario general". Eligieron su oferta por delante de la de otras empresas precisamente por el antecedente en Puertos, aunque económicamente eran más baratas.

A preguntas de las defensas, este testigo ha afirmado que Koldo únicamente le llamó por teléfono un par de veces en relación con la distribución delas mascarillas y ha cuestionado el método y conclusiones de la auditoría sobre los contratos realizada durante la etapa de Óscar Puente.

Gabinete de Illa

La jornada, que se ha limitado a la sesión de la tarde, había comenzado con el interrogatorio por videoconferencia de Víctor Francos, exjefe de gabinete de Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad y exsecretario de Estado para el Deporte. El testigo no ha podido responder la mayoría de las preguntas que le ha realizado la abogada Leticia de la Hoz, que defiende al asesor ministerial Koldo García, ya que en su puesto de asesor y posterior jefe de gabinete de Salvador Illa cuando era ministro de Sanidad no se dedicaba a las contrataciones de compra de material sanitario.

"¡Es que no recuerda nada!, ha allegado a señalar en algún momento la letrada, a lo que el presidente del Tribunal ha respondido que "a lo mejor este testigo no es el que tenía que haber venido" en relación con las contrataciones en Sanidad. "Lo que recuerdo de forma muy general es que el Tribunal de Cuentas emitió siempre informes favorables a la actuación realizada con respecto a las contrataciones", se ha limitado ha señalar el exjefe de gabinete, tras reconocer que mantuvo hasta tres encuentros con Koldo García.

Fue en dos de estas ocasiones cuando Koldo le ofreció una empresa de mascarillas, si bien él le respondió, al igual que a todo el mundo que llamaba en dicho sentido, que todo eso se llevaba en una plataforma de compra centralizada (Ingesa) a la que le remitió. "No insistió ni me extorsionó ni nada de eso", ha dicho. La tercera ocasión se trató de una comida en la que el asesor de transportes le habló de un 'software' de gestión sanitaria aunque "no se llegó a nada". No recuerda si después de ello él contactó con la directora de la Agencia Española de Medicamentos.

La acusación popular, cuya dirección letrada ejerce el abogado del PP Alberto Durán, ha logrado inmediatamente después que Víctor Francos reconociera que, una vez ya era jefe de gabinete, Illa le dijo que Koldo García iba a ponerse en contacto con él y se celebró una reunión. En dicho encuentro, el primero que tuvo con el asesor, que llegó "con una carpeta en la mano", fue cuando Koldo puso a su disposición una empresa de mascarillas y él le remitió a la plataforma centralizada, si bien no recuerda si dicha empresa era Soluciones de Gestión.

Constructor que contrató a Koldo

El siguiente en declarar ha sido el presidente dela constructora Azvi, Manuel Contreras, que ha reconocido ser adjudicatario de obras de la Administración --que se investigan en la causa aún abierta en la Audiencia Nacional-- y que conoció a Koldo porque le atendió cuando solicitó una cita en el Ministerio en relación con un problema que tenían por el cerramiento de un túnel en Sevilla

Al ser preguntado por qué en noviembre de 2023 contrató a Koldo la abogada del asesor ha tratado de impedir que respondiera a esta pregunta, si bien el presidente lo ha permitido. Así, el constructor ha explicado que le contrató porque necesitaba localizar negocio en países de Hispanoamérica y pensó que tenía experiencia en dicho sector sin que le hiciera falta ningún currículum. El contrato eran 6.000 euros mensuales y solo se le pagaron tres meses porque "Hacienda me pidió dinero y se le ingresó", ha dicho. Se le había dado a Koldo un adelanto de 25.000 euros por gastos, que justificó con billetes de avión etc. Cuando se le arrestó en febrero de 2024, se anuló el contrato.

Proyecto en Sevilla

Posteriormente, y a preguntas de la defensa Víctor de Aldama, el constructor ha relatado un episodio sobre un pago realizado en octubre de 2019 a la empresa Pilot Club Natación de Sevilla para la construcción de un club social que, según el comisionista, en realidad era una compensación por la obra pública adjudicada a Azvi gracias a su mediación en Transportes. El empresario ha negado dichos extremos durante su comparecencia este martes en el Tribunal Supremo y ha recordado que el proyecto finalmente no llegó a buen puerto y el dinero le fue devuelto.

Suscríbete para seguir leyendo