El Pacto avisa: El Tribunal de Cuentas no ‘absuelve’ a Torres de su responsabilidad política

El carpetazo contable del Tribunal de Cuentas al ‘caso mascarillas’ no cierra el debate político en Canarias. Los grupos que forman el Gobierno autonómico que preside Fernando Clavijo —CC y PP—, más sus socios parlamentarios de ASG y AHI han elevado el tono para dejar claro que la decisión del órgano fiscalizador no limpia la gestión del expresidente Ángel Víctor Torres, al que sitúan en el centro de las responsabilidades políticas por una operación fallida que costó cuatro millones de euros públicos.

El mensaje es claro: el archivo contable no equivale a una absolución política.

La resolución la máxima autoridad fiscalizadora de España pone fin a la vía de responsabilidad contable tras declarar caducado el procedimiento, al haber transcurrido dos años sin alegaciones desde su archivo provisional en diciembre de 2023. El órgano reconoce que existió un daño económico —el pago por adelantado de cuatro millones de euros a la empresa RR7, propiedad de Rayco González, por un millón de mascarillas que nunca se entregaron—, pero considera que no procede exigir responsabilidad contable porque el Servicio Canario de Salud (SCS) ya había activado en noviembre de 2022 la vía de apremio para intentar recuperar el dinero.

Abrir la puerta a la 'trama Koldo'

Ese matiz técnico no afecta, para los partidos que ahora respaldan al Ejecutivo regional, al núcleo del problema, que para nacionalistas y conservadores sigue intacto: cómo fue posible que en plena pandemia se abonara esa cantidad a una empresa sin experiencia en el suministro sanitario.

"Torres debe explicar por qué bajo su Gobierno se pagaron cuatro millones de euros a cambio de ninguna mascarilla a una empresa que se dedicaba a importar coches y por qué abrió la puerta de Canarias a la trama Koldo, Ábalos y Aldama", advirtió el portavoz del PP en la comisión de investigación del Parlamento, Fernando Enseñat. 

El PP insiste en que Torres "debe explicar por qué abrió la puerta a Canarias de la trama de Koldo, Ábalos y Aldama"

La misma línea mantiene CC, que no prevé alterar su hoja de ruta tras la decisión del órgano fiscalizador. "No vamos a cambiar la estrategia porque el objetivo es saber si se actuó correctamente durante la pandemia", señalan fuentes nacionalistas.

No existe sospecha judicial

Frente a esta ofensiva política, el PSOE vuelve a cerrar filas en torno a Torres, que también es el líder regional y más que previsible candidato a la Presidencia de Canarias en las elecciones de 2027, y reivindica su gestión. La secretaria de Organización de los socialistas canarios, Nira Fierro, recordó que el expresidente no está siendo investigado judicialmente en ninguna de las causas abiertas en torno a las posibles compara irregulares del SCS durante la pandemia:

"Después de meses y años de persecución política a Ángel Víctor Torres, que tuvo una gestión ejemplar de la pandemia en materia sanitaria, queda claro que como llevamos mucho tiempo diciendo, no había nada", afirmó con contundencia Fierro tras conocer el archivo de la causa por el Tribunal de Cuentas.

El expresidente y ministro no está siendo investigado en ninguna de las causas abiertas por la Fiscalía Anticorrupción

En un tono especialmente duro, añadió: "Que pidan disculpas quien ha manoseado su nombre con insinuaciones y mentiras para embarrar su entrega y servicio público en la peor etapa reciente de Canarias".

Y sobre el hecho de que los dos principales socios del 'cuatripartito' insistan en no cambiar su hoja de ruta, concluyó: "Cada palo que aguante su vela y quienes decidieron embarrar la política canaria que asuman la realidad jurídica, administrativa y política".

El 'informe Figuereo'

La línea de actuación de los grupos parlamentarios del 'cuatripartito' en la comisión de investigación del Parlamento, y su decisión de mantenerla pese a lo dicho por el Tribunal de Cuentas se basa , en parte, en el conocido como ‘informe Figuereo’, un documento elaborado por los técnicos de la Audiencia de Cuentas bajo la dirección del exconsejero Fernando Figuereo y defendido en enero de 2025 en sede parlamentaria por el presidente del órgano fiscalizador canario, Pedro Pacheco. El informe detectó que, durante los momentos más críticos de la pandemia, el Ejecutivo canario suscribió contratos con empresas que "carecían de capacidad de obrar con la administración".

Entre esas compañías figuraban Soluciones de Gestión SL —vinculada a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos— y la propia RR7. Pacheco subrayó además que, tras el primer pago de dos millones a la empresa de Rayco González sin que se hubiera entregado la mercancía, lo procedente habría sido iniciar una contratación ordinaria, y no continuar con el segundo pago.

Porque, como recuerdan desde el ‘cuatripartito’ gubernamental, más allá del archivo contable, el caso sigue muy vivo en el frente judicial. La Fiscalía Europea mantiene abierta la investigación penal para esclarecer si hubo delito en la operación y cuál fue el destino de los fondos públicos. El recorrido del caso, por tanto, está lejos de haberse agotado.

Múltiples graves delitos

En esa causa han estado imputados el exdirector del SCS, Conrado Domínguez —durante el mandato de Torres—, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias; la exdirectora general de Recursos Económicos, Ana María Pérez Afonso, por prevaricación; y González, el administrador único de la empresa RR7, por estafa agravada y blanqueo de capitales.

Domínguez se ha negado a declarar ante la Fiscalía Europea, así como en la comisión del Senado y en la comisión de investigación del Parlamento de Canarias, un silencio que ha sido interpretado por CC, PP, ASG y AHI como un elemento más de sombra sobre la gestión del contrato.

Cuatro millones desaparecidos

Mientras, el dinero sigue sin aparecer. El Gobierno canario no ha recuperado ni un solo euro de los cuatro millones abonados a RR7 United y el debate volverá este martes al primer plano institucional, ya que en la sesión de control al Gobierno de este martes, la consejera de Hacienda, Matilde Asián, deberá responder a una pregunta clave: si de las actuaciones practicadas hasta este momento prevé recuperar los cuatro millones pagados a RR7 United.

Dos bloques, dos relatos irreconciliables que se mantienen desde mayo de 2022, cuando saltó a la opinión pública una denuncia conjunta sobre numerosos contratos presuntamente irregulares presentada por Juan Manuel Pérez León, un empresario de Gran Canaria que nunca pudo ser localizado para declarar en la comisión de investigación de la Cámara.

RR7 siempre señaló al proveedor de las mascarillas, Ihsan Mahmhoud Mohamed Al Sabbagh –que tampoco pudo ser localizado por el Parlamento– como presunto autor de la estafa, ya que envió tapabocas cuyo uso no estaba autorizado en la Unión Europea (UE), además de que tenían códigos falsos.

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