Compromisos pendientes
El Gobierno lleva los Presupuestos a su plan anual normativo sin comprometerlos para 2026
La Constitución marca que los Presupuestos del año siguiente deben presentarse en el Congreso antes de finalizar el mes de septiembre y el Gobierno lo interpreta como "una obligación política"

La ministra Portavoz, Elma Saiz, junto al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. / José Luis Roca / EPC
El Gobierno tiene la “voluntad” de aprobar este año los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, pero al mismo tiempo reconoce que “ahora no es el momento”. El argumento al que se acogen en el Ejecutivo es la imposibilidad de poner sobre la mesa un cuadro macroeconómico preciso ante la incertidumbre generada por la guerra de Irán. De hecho, el plan anual normativo aprobado este martes en el Consejo de Ministros por parte del ministerio de Presidencia y Justicia que dirige Félix Bolaños incluye el proyecto de presupuestos, pero sin especificar que corresponda a las cuentas públicas de este año, según ha podido saber este diario.
Se deja así la puerta abierta a aprobar un proyecto de presupuestos correspondiente a 2027, lo cual casa mejor con la realidad del calendario. El mes de junio siempre se puso como límite para su aprobación definitiva en el Congreso. Un plazo al que ya no se podría llegar si se arrancase ahora la larga tramitación parlamentaria y aun en el caso remoto de tener garantizadas mayorías -Junts ya tumbó la senda de déficit-.
“Vamos a trabajar primero en el ámbito interno”, ha explicado Bolaños en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para ligar la decisión de aprobar un proyecto para 2026 o para 2027 a las repercusiones económicas de “la situación geopolítico”. El titular de Presidencia y Justicia, no en vano, allanaba el terreno para una nueva prórroga presupuestaria al considerar que las últimas cuentas públicas, las de 2023, junto a las cifras de crecimiento económico, servirían como base para desplegar la agenda del Ejecutivo.
La Constitución marca que los Presupuestos del año siguiente deben presentarse en el Congreso antes de finalizar el mes de septiembre, aunque el Gobierno se ha saltado reiteradamente este precepto en lo que va de legislatura. El Ejecutivo está igualmente pendiente del resultado de las negociaciones en Bruselas de cara a adoptar medidas anticrisis por la guerra para definir la arquitectura de los Presupuestos.
Entre otras cuestiones, Pedro Sánchez reclamó en la cumbre informal de líderes en Chipre que se relajen las reglas fiscales. Una posibilidad que en caso de materializarse, en el Ejecutivo reconocen que tendría efecto a la hora de diseñar el proyecto de cuentas públicas al tener más margen.
Grado de cumplimiento
Otras de las normas que se incluyen en el plan anual normativo con la hoja de ruta legislativa del Gobierno son la Le Orgánica de Integridad Pública; la Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, que establece su tipificación como delito penal autónomo contra la integridad moral; la Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos; la Ley de democracia en la empresa; la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; la Ley del Servicio Público de Asistencia Jurídica Gratuita; la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas o la Ley Orgánica de Juventud y Derechos de las Generaciones Futuras.
Se trata de una agenda con diez leyes orgánicas, 38 leyes ordinarias y 131 reales decretos. Asimismo, el Consejo de Ministros también ha aprobado el Informe de Evaluación del plan correspondiente a 2025, cuyo grado de ejecución superaría el 82%. Concretamente, el 36,18% de las leyes previstas en el anterior plan ya están aprobadas y el 46,23% en tramitación.
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