El Gobierno elimina de su plan normativo la reforma de la ley de financiación de partidos y endurecerá controles a través de Hacienda

El Gobierno ha prescindido de una reforma en profundidad para endurecer la ley de financiación de partidos políticos. La medida fue incluida en 2024 en su plan de acción por la democracia y, posteriormente, se recogió en el plan anual normativo de 2025. Sin embargo, no llegó a impulsarse. Ahora, en lugar de reformarse directamente esta ley orgánica, como se preveía con el Ministerio de Interior como proponente, se ha optado por incluir cambios en la financiación de partidos y sus fundaciones dentro de la ley de Integridad Pública, según explican fuentes del Ejecutivo. Una norma a cargo del Ministerio de Hacienda que se pretende aprobar en segunda vuelta antes de que acabe el año.

La única ley orgánica propia de Interior como proponente incluida en el plan anual normativo de 2026 que aprobó el Consejo de Ministros este martes es la reforma de la norma sobre derechos y libertades de los extranjeros en España para su adoptación al pacto europeo de migración y asilo. El objetivo de la reforma de la ley de partidos, consistía en “reforzar el régimen sancionador aplicable a los partidos políticos que presenten sus cuentas de manera inadecuada”. Previamente, en el plan por la democracia se había justificado “dada la detección reciente de ciertos casos de incumplimiento y a la vista del efecto social negativo que estos provocan”. Ante ello, se argumentaba que “es necesario reforzar el régimen actual para asegurar la vigencia y capacidad disuasoria de la norma”.

Entre las medidas de endurecimiento del control y las obligaciones de transparencia sobre las donaciones que reciben los partidos y sus fundaciones incluidas en la ley de Hacienda de Integridad Pública destaca la reducción del umbral de publicación de donaciones individualizadas. Estas pasarán de 25.000 a 2.500 euros.

Los cambios que se incluirán en la futura norma de Integridad Pública llevan aparejados un aumento de las sanciones a las organizaciones políticas que no den cuenta de dichas donaciones en el plazo de un mes. Concretamente, se doblarán las sanciones según el régimen actual. Asimismo, se obligará a los partidos a realizar auditorías externas e independientes de sus cuentas.

Cuando se impulsó la reforma de la ley de financiación de partidos se señalaba a Vox, tras una denuncia del PSOE sobre financiación irregular que acabó archivando la Fiscalía Anticorrupción alegando una sanción previa del Tribunal Cuentas al partido de Santiago Abascal. El propio Pedro Sánchez puso en duda la financiación de Vox a través del banco húngaro Magyar Bank Holding (MBH), denunciando en el Congreso que "tiene como mayor accionista a una firma de inversión controlada al cien por cien por el Gobierno de Hungría". 

Los focos se giraron luego hacia el propio PSOE en medio del caso Ábalos hasta el punto de que la Audiencia Nacional abrió una investigación por presunto blanqueo de fondos de la trama relativos a pagos de gastos en efectivo. Con la ley de integridad pública se pretende abarcar todo el "círculo de la corrupción", endureciendo las penas a empresas corruptoras. Asimismo, se pretende crear una lista negra de estas empresas con un registro "público y accesible" para hacer obligatorio que la titularidad y las sucesivas trasmisiones sean trazables en el Registro Mercantil.

Dificultades en el Congreso

Ante las dificultades de la aritmética parlamentaria, con varios proyectos en el cajón, el Ejecutivo intensificará durante los próximos meses el recurso al real decreto. Normas con rango de reglamento aprobadas en el Consejo de Ministros y que no necesitan pasar por el Congreso, como fue el caso del real decreto para la regularización extraordinaria de migrantes.

En el plan anual normativo para 2026 se recogen un total de 131 reales decreto. Se trata del 73,18% del total de iniciativas legislativas, casi un 3% más que en 2025, cuando suponían un 70,4%. El número total de iniciativas (179) en el actual plan normativo se ha reducido con respecto a los dos años anteriores en alrededor un 10%.

Otras de las normas que se incluyen en el plan anual normativo con la hoja de ruta legislativa del Gobierno son la ley orgánica de medidas en materia de violencia vicaria; la ley orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos; la ley de democracia en la empresa; la ley de prevención de riesgos laborales; la ley del servicio público de asistencia jurídica gratuita; la ley orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas o la ley orgánica de juventud y derechos de las generaciones futuras.

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