Andalucía, la prueba de fuego de la estrategia de Sánchez de colocar ministros-candidatos

Las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo serán también para Pedro Sánchez un plebiscito interno sobre su estrategia de los ministros-candidatos, con la 'número dos' del PSOE y exvicepresidenta primera María Jesús Montero como cabeza de lista. De fracasar esta apuesta, después de los malos resultados ya cosechados por la exportavoz y exministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, en las elecciones de Aragón del pasado mes de febrero, corre el riesgo de abrirse el debate orgánico sobre la idoneidad de persistir en dicha estrategia. Un cuestionamiento que ya asomó al haber sido el único en mejorar resultados este ciclo electoral fuese el exalcalde de Soria Carlos Martínez con un perfil más alejado de Ferraz y pegado al territorio.

El ministro de Transformación Digital y Fundación Pública, Óscar López, y la de Ciencia y Universidades, Diana Morant, son los candidatos virtuales en los próximos comicios autonómicos como secretarios generales en las federaciones madrileña y valenciana, respectivamente. La posibilidad de que sean cuestionados o blindados dependerá en buena medida del escenario que se abra para Montero en Andalucía. De forma preventiva, en Ferraz se quiere cerrar la puerta a cualquier debate en este sentido fijando un Comité Federal tras las andaluzas para dar luz verde a la constitución de las candidaturas municipales y autonómicas de 2027.

Una de las ideas que está sobre la mesa de la Secretaría de Organización dirigida por Rebeca Torró para acelerar este proceso pasa por proponer un calendario flexible, según fuentes socialistas. Con candidaturas que se puedan proclamar de forma más inmediata, sobre todo a nivel autonómico y de grandes ciudades, y otras que se acojan a un calendario más extenso si por falta de acuerdos internos deben dirimir en primarias sus cabeza de cartel.

Más allá de la estrategia electoral, la decisión de elegir a ministros como candidatos autonómicos otorga a Pedro Sánchez en clave orgánica un mayor control del partido con liderazgos afines. Secretarios generales de total confianza, que en el caso de Andalucía, Montero compaginaría esta responsabilidad autonómica con su cargo en Ferraz como vicesecretaria federal. De ahí que esté en juego en este ciclo electoral tanto el poder institucional como la reordenación del poder interno en el PSOE.

La alineación de los mandos territoriales con la línea federal, teniendo en cuenta que si no hay un adelanto electoral de las generales, las municipales y autonómicas de mayo de 2027 serán una suerte de “primera vuelta”. Un concepto que utiliza un ministro socialista con vistas también a llamar al voto útil en las generales, para optimizar el voto progresista en función de cada circunscripción e impulsar una movilización extra.

La tendencia de Pedro Sánchez desde que recuperó la secretaría general hace ahora casi nueve años, ha pasado por impulsar un sistema con menos autonomía de las baronías y más cohesión. Un mayor control interno que a lo largo de este ciclo electoral no ha demostrado que conlleve una mayor fortaleza electoral, visibilizando así las costuras de centralizar una organización tradicionalmente federal.

Diez meses sin reunir al Comité Federal

En algunas federaciones aseguran que ya tienen la maquinaria electoral activada, no obstante entienden que es urgente oficializar ya las candidaturas a un año vista de los comicios municipales y autonómicos. Los estatutos del PSOE obligan a celebrar al menos dos reuniones del Comité Federal al año.

La última reunión del máximo órgano de decisión entre congresos tuvo lugar el 5 de julio de 2025. Se centró en la crisis por el caso Santos Cerdán y entre las decisiones que se adoptaron fue su sustitución en la secretaría de Organización por Rebeca Torró, acompañada de otros cambios en la dirección así como la portavocía, al frente de la cual se situó Montse Mínguez. Asimismo, se aprobó un paquete de medidas internas de control anticorrupción, se pusieron en marcha canales para la denuncia ante casos de acoso sexual y se endureció el código ético para establecer como motivo de expulsión directa de militancia a quien solicite o consuma servicios de prostitución.

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