El Supremo informa en contra de que el Gobierno indulte al ex fiscal general Álvaro García Ortiz

La Sala del Tribunal Supremo que condenó al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por delito de revelación de datos reservados ha emitido informe desfavorable a la concesión del indulto solicitado para él por varios ciudadanos, al no advertir razones de justicia, equidad o utilidad pública que permitan dar fundamento a la petición.

Este posicionamiento, que no obliga al Gobierno a la hora de conceder o no la medida de gracia, se suma al emitido a principios de mayo por la Fiscalía, favorable a un perdón de carácter parcial de la condena a dos años de inhabilitación que se le impuso por un delito de revelación de datos reservados sobre una investigación por presunto fraude a Hacienda del empresario Alberto Rodríguez Amador, pareja de la presidenta madrileña.

En su informe, conocido este jueves, el tribunal destaca que “los hechos fueron graves, han producido una afectación importante de la institucionalidad del Ministerio Público por la relevancia de su función, como promotor de la justicia, garante de la independencia judicial y del ejercicio de los derechos de los ciudadanos de acuerdo a la legalidad”. Pese a no ser vinculante, el dictamen emitido por el tribunal sentenciador tiene especial peso a la hora de valorar la concesión de la medida de gracia al exfiscal general.

Añade el informe que “la contravención de la norma referida al mantenimiento del secreto y confidencialidad de sus actuaciones es un hecho grave, que, declarado en sentencia firme, debe ser ejecutado, aunque sea con una consecuencia jurídica de escasa relevancia”. Así, insiste en la sustancial falta de contenido del indulto que se solicita, y que ha sido solicitado por varios particulares, uno de ellos un fiscal jubilado.

No se indulta el delito

“Se indultan las penas; no el delito. Y no se indultan las penas ya cumplidas sino solo las que están en ejecución (art. 4 de la Ley de Indulto). En el caso solo pende de ejecución la pena impuesta de inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado”, concreta el informe emitido. Por todo ello, y por mayoría, la Sala resuelve informar desfavorablemente la petición de indulto y envía su dictamen a la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, a fin de que sea remitido al Ministerio de Justicia a los efectos oportunos.

Conducta posterior

Los magistrados --firman el escrito todos los miembros del tribunal con excepción de Ana Ferrer, que sea encuentra de baja-- añaden que tampoco han constatado una "actuación posterior del condenado que suponga un reconocimiento de la vigencia de la norma y un acatamiento al orden jurídico". Además, añaden que los hechos fueron graves.

La postura de la Fiscalía, que no acusó en el juicio en el Supremo, es bien diferente, en su informe incidía que la conducta de García "tuvo como finalidad preservar el buen nombre de la institución por él presidida ante los ataques que cuestionaban el quehacer profesional de los fiscales en un asunto de enorme interés mediático e incluso su propia actuación al imputársele falsamente, y así está reconocido, un comportamiento no acomodado al ordenamiento jurídico". Aludían igualmente a las consecuencias de la sentencia, que fueron "intensas y desproporcionadas".

Por otra parte, García Ortiz se ha visto salpicado recientemente en la investigación que lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el denominado caso Leire, que indaga en los presuntos pagos del PSOE a una presunta trama dirigida a boicotear causas contra el Gobierno.

La Fiscalía General del Estado ha admitido por escrito al juez de que García Ortiz fue informado de hasta dos reuniones que mantuvieron el que fuera su mano derecha, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, y otra miembro de su equipo con el abogado investigado en este asunto Jacobo Teijelo, que acudió acompañado de la exmilitante socialista Leire Díez.

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