El juez Calama imputa a las hijas y a la secretaria de Zapatero tras la declaración del expresidente

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado poner las actuaciones judiciales del denominado caso Zapatero en conocimiento de las hijas del expresidente del Gobierno, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como de su secretaria, Gertrudis Alcázar, para que puedan personarse en el procedimiento en calidad de investigadas y poder ejercer su derecho de defensa. Una imputación que llega un día después de la declaración como imputado del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que en su declaración judicial pasó a defender la actividad profesional de sus hijas.

Apenas 24 horas antes de esta decisión, el expresidente se refirió ante el juez al contrato de la empresa de sus hijas, Whatefav, con Análisis Relevante, la empresa que percibió un pago de la aerolínea Plus Ultra que, sospecha el juez, podría corresponderse con la comisión del 1% por el rescate concedido por el Gobierno a la aerolínea. Zapatero, como ya hizo en su declaración en el Senado, admitió haber propuesto la contratación de sus hijas, asegurando que "sí, he apoyado a mis hijas", y justificándolo en que "precisamente por ser quienes son, nunca han concursado en la administración pública". Además, según el audio de su declaración al que tuvo acceso EL PERIÓDICO, defendió su labor empresarial: "En mi opinión trabajan bien, tienen trabajadores", argumentó, antes de que el juez le reconviniera para hablar de otros asuntos. La defensa no impidió que resultaran finalmente imputadas.

El magistrado toma esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito del martes pasado pidió a Calama que tomase declaración a las hijas y a la secretaria del expresidente del Gobierno en calidad de investigadas. En relación con las hijas, Calama recuerda que en el auto del pasado 18 de mayo se acordaron una serie de entradas y registros, entre ellos en la mercantil Whathefav, de las que ambas son administradoras solidarias. En este sentido, argumenta que tanto Alba como Laura son administradoras formales de dicha mercantil, cuya operativa aparece vinculada al entramado investigado, lo que determina, por sí mismo, la procedencia de su citación en calidad de investigadas.

"Papel instrumental"

“La investigación atribuye a dicha sociedad un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para los hechos objeto del procedimiento, y esa mera constatación objetiva sitúa a sus administradoras en el círculo de personas potencialmente afectadas por la imputación, en cuanto titular de la representación orgánica y responsable de la dirección jurídica de la entidad”, dice el instructor en la resolución.

Para el juez, la citación en calidad de investigadas de Alba y Laura Rodríguez Espinosa constituye la única vía compatible con las garantías constitucionales del artículo 24 de la Constitución Española. “Llamarlas en calidad de testigos resultaría incompatible con su posición procesal potencialmente afectada, pues les impondría el deber de decir verdad y la prohibición de reservarse información, comprometiendo de forma irreversible su derecho a no declarar contra sí mismas y a no confesarse culpables”.

Gertrudis Alcázar

En consecuencia, añade Calama, la decisión de citarlas como investigadas se ajusta a los estándares constitucionales y procesales, responde a la lógica de protección de sus derechos y se fundamenta en la existencia de indicios racionales derivados de su posición orgánica, sin que sea exigible en este momento un juicio cerrado sobre su participación subjetiva en los hechos.

En cuanto a la secretaria del expresidente del Gobierno, Gertrudis Alcázar, el magistrado recuerda los indicios de su participación directa en los que hechos, tal y como fueron expuestos en el auto de registro del 18 de mayo, lo que justifica su llamada al proceso penal como investigada.

En sentido contrario, el magistrado rechaza ampliar la comisión rogatoria enviada a Estados Unidos, como reclamó el propio Zapatero, en "relación con la información facilitada por la agencia Homeland Security Investigations (HSI). Mientras no se reciba la contestación al instrumento de cooperación jurídica internacional ya acordado, no es posible efectuar una valoración fundada sobre la necesidad o procedencia de los extremos cuya ampliación se solicita, pues dicha apreciación depende directamente del contenido de la respuesta pendiente", dice el juez Calama en su auto de 18 de junio, un día después de la declaración del expresidente del Gobierno, sobre la petición a cuenta del teléfono del empresario venezolano vinculado a Plus Ultra Rodolfo Reyes.

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