Investigación sobre la corrupción
Las fiscales del caso Leire contradicen a Marlaska y consideran que sí se presionó a la UCO
El Ministerio Público sospecha que en tres informaciones reservadas abiertas sobre la unidad investigadora de la Guardia Civil pudo haber "utilización reiterada del poder disciplinario" para amedrentar a los agentes
DIRECTO | Última hora de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas de los casos Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez y toda la trama PSOE

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ente la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director adjunto operativo del Cuerpo, Manuel Llamas, en octubre de 2024. / Javier Pulpo - Europa Press
Ya es un enfrentamiento abierto. Para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, las tres informaciones reservadas abiertas a mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil mientras investigaban la trama de Leire Díez y Santos Cerdán fueron meros procedimientos normales en la gestión interna de ese cuerpo policial. Para las fiscales anticorrupción Elisa Lamelas y Mar Schgarfhausen, la acusación pública en el caso, esas investigaciones reservadas pudieron ser el instrumento de un intento de obstrucción a la Justicia.
En la Guardia Civil y en la Policía las llaman "IR". Una Información Reservada es el proceso de averiguación de hechos que puede preceder, o no, a la apertura de un expediente disciplinario. Tres IR abiertas a la UCO entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025 constituyen uno de los vértices que sustentan la tipificación de investigados que este jueves ha recaído sobre la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo, el teniente general Manuel Llamas.
Esas tres IR son también el epicentro de una discusión política trascendente: está en cuestión si la cúpula de la Guardia Civil presionó o no a los agentes que investigaban el cada vez más expansivo caso de corrupción en torno al PSOE.
Al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz toca determinar en la instrucción del caso la solidez de lo que este jueves le ha llevado a emitir una imputación por posible "delito continuado de prevaricación administrativa" y otra por "delito contra la administración de justicia".
Las tres IR
Fue el martes pasado, en el Senado, cuando el ministro Marlaska -magistrado de profesión- se pronunció más clara y reiteradamente: "Ninguna de esas informaciones reservadas tenía el carácter de presión", dijo en el turno de conclusión de su comparecencia ante la comisión ómnibus que comenzó investigando la red de Koldo García y ya se interesa incluso por el expresidente Rodríguez Zapatero.
Los portavoces de Vox, Junts y el PP le inquirieron acerca de esas IR. Son tres, todas conocidas por la directora González:
Una primera, abierta por orden del DAO Llamas el 4 de diciembre de 2024 después de que se publicaran datos de la cuenta de correo electrónico de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
Una segunda, abierta el 11 de mayo de 2025. Se la ordenó el DAO al general de la Jefatura de Armas y Explosivos, que debía actuar como instructor. Oficialmente fue por una nueva sospecha de filtraciones a la prensa desde la UCO. La IR se ordenó el mismo día en que, según han constatado los investigadores, la directora Mercedes González activa en su teléfono móvil el borrado de sus mensajes con Leire Díez.
La tercera información reservada se abre el 1 de septiembre de 2025, después de que se publicara un artículo acerca de supuestas presiones del DAO sobre la UCO.
"Se han explicado todas correctamente", dijo Marlaska en el Senado. Y argumentó que, incluso, de la segunda se dio cuenta a dos jueces y "se cerró sin ninguna declaración". Según expresó el ministro, la IR "es lo habitual para hacer evaluaciones constantes. Punto. Algunas terminan en expedientes disciplinarios; otras, archivadas". Pero las fiscales no opinan lo mismo en el informe con el que han pedido al juez Pedraz que se determine "si la utilización reiterada del poder disciplinario puede constituir el medio intimidatorio exigido por el tipo penal".
O sea, aclarar si se intentó amedrentar a los guardias que investigan la trama Leire... e incluso la relación de su propia directora general con esa red.
Muchas o pocas
Interrogados por la UCO, el exjefe de esa Unidad Central, hoy general Rafael Yuste, y el general jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo, dijeron que nunca habían conocido tal reiteración de informaciones reservadas abiertas sobre una misma unidad. Marlaska les contradijo en el Senado con un dato: "En la UCO, en un periodo de tiempo menor, incluso se abrieron más de 70 informaciones reservadas".
Respondiendo al senador de Vox Ángel Gordillo, el ministro del Interior aseguró: "Estoy convencido de que no ha habido ninguna presión. Los propios miembros, en este caso de la UCO, han afirmado que no ha habido ninguna presión". Antes también había dicho que nadie de la Guardia Civil puso en su conocimiento "ningún tipo de presión". Otra negativa tajante le dio Marlaska al senador del PP Fernando Martínez-Maíllo cuando le preguntó: "¿Las tres informaciones reservadas las considera usted una manera de presionar a la UCO?"
En su petición, las fiscales consideran que aquello no fue "cualquier presión derivada de una relación jerárquica". En su opinión "una cosa es la mera advertencia aislada sobre la posible apertura de un expedientes disciplinario y otra muy distinta la utilización sistemática y continuada del aparato disciplinario como mecanismo de hostigamiento dirigido específicamente contra quienes desarrollan investigaciones especialmente sensibles".
Marlaska, en el Senado, explicó al parlamentario de Junts Eduard Pujol que una IR se abre "cuando se entiende que, por circunstancias concretas —me remito a la Ley de responsabilidad disciplinaria de la Guardia Civil—, puede haber alguna anomalía, alguna situación que puede tener una interpretación y necesita ser evaluada". Por contra, las fiscales, en su escrito elevado al juez, consideran que "pudo existir la utilización reiterada y desviada de la potestad disciplinaria como mecanismo de presión sobre los funcionarios policiales encargados de una investigación penal".
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Fuente: El Periódico
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