El Gobierno incluye en el decreto de vivienda la desgravación de hipotecas de vivienda habitual, como exige Junts

El Gobierno mantiene abiertas las negociaciones para elaborar un decreto de vivienda que tenga asegurada su mayoría parlamentaria, y estudia cómo incluir las condiciones que Junts exigió para votar a favor de la prórroga de los contratos de alquiler. El paquete de medidas, según avanzan fuentes conocedoras, contempla esta misma prórroga, además de la regulación del alquiler de temporada o la subida del IVA a pisos turísticos, pero también prevé incluir la desgravación en el IRPF de aquellas hipotecas destinadas a primera vivienda, una de las principales peticiones del partido de Carles Puigdemont. Esta medida estuvo vigente durante décadas en España, con gobiernos de distinto signo, hasta que el Gobierno de Mariano Rajoy la suprimió en verano de 2012, en plena crisis económica.

El Ejecutivo prevé ahora recuperar esta iniciativa, según fuentes próximas a la negociación, donde participan PSOE, Sumar y el resto de socios parlamentarios, que estos días hacen llegar sus propuestas al Gobierno. Desde Junts niegan que exista una negociación en marcha, en la tónica que mantiene desde que anunciaron su ruptura, pero estas mismas fuentes confirman que los posconvergentes han trasladado sus exigencias por escrito para que se vean reflejadas en el texto final.

El planteamiento es que a partir de la entrada en vigor del nuevo decreto, quienes firmen una hipoteca para la vivienda habitual puedan desgravarla en el IRPF. Hasta el año 2013 estuvo vigente esta deducción, que se mantuvo bajo gobiernos de PSOE y PP, y que contemplaba la posibilidad de deducir el 15% del coste de la hipoteca -capital más intereses- y gastos relacionados, con un tope máximo de 9.040 euros anuales, lo que suponía un ahorro de en torno a 1.356 anuales en la declaración del IRPF. El espíritu sería similar, aunque las horquillas cambiarán y está en debate la posibilidad de fijar un límite en el número de viviendas en propiedad para que los compradores puedan acogerse a este beneficio fiscal. Un asunto que tendrá que resolverse en las próximas semanas, con la idea de aprobar el texto en Consejo de Ministros este mes de julio.

A día de hoy no hay texto definitivo del decreto, aunque la semana pasada PSOE y Sumar partieron de un primer borrador sometido desde entonces a incorporaciones y revisiones continuas, tratando de dar cabida a las peticiones del resto de grupos. Existe especial interés en contentar a Junts, que en abril tumbó la prórroga de contratos de alquiler planteando una serie de condiciones. Y es por eso que ese texto, que aún no está cerrado, ya contempla algunas de sus principales exigencias.

Desgravación de alquiler

Además de la desgravación de hipotecas, los de Puigdemont también exigían la desgravación del alquiler, tanto a inquilinos como a pequeños propietarios. Y aunque en el Gobierno asumen que esta medida estará incluida en el decreto de una u otra manera, la fórmula sobre cómo aplicarlo también está en discusión. El primer debate será a quién se considera pequeño propietario. Este debate se abordó hace unos meses, cuando el Ejecutivo negoció con el PNV para intentar salvar el escudo social que incluía un escudo antidesahucios, acordando dar esta consideración a quienes tuvieran una o dos viviendas.

No es el único elemento en debate en torno a la desgravación de los alquileres. El Gobierno estudia estos días si plantear distintas franjas de desgravación a propietarios en función del precio de arrendamiento fijado, con la referencia del índice de precios fijado por el Ministerio de Vivienda. Una fórmula que buscaría incentivar la bajada de rentas de alquiler, al permitir mayor beneficio fiscal a quienes fijen rentas por debajo de precios deste índice, y reducirlo sustancialmente en caso de que los precios superasen las establecidos.

Otra de las propuestas que Junts ha venido reclamando y que se verá reflejada en el texto es que los mayores de 65 años que vivan una residencia y vendan su vivienda para costear los gastos no tengan que pagar el IRPF correspondiente. El partido de Puigdemont también ha venido reclamando plantear incentivos a la construcción y la rehabilitación de vivienda, en un paquete de medidas que la propia portavoz, Míriam Nogueras, puso como condición para aprobarlo. La semana pasada, en una entrevista en RNE, reclamó al Gobierno que se limite a “copiar y pegar” lo que Junts ya ha presentado: "El texto legislativo está hecho”, destacó. Fuentes de Junts advierten al Ejecutivo que "si presentan lo de siempre, tendrán el voto de siempre".

Órdago de Podemos

La vocación, tanto por parte de Junts como del Gobierno, es sacar el decreto adelante con el apoyo de Junts y pese a la complicada aritmética parlamentaria, después de que Podemos haya avanzado que rechazará el decreto en caso de incluir incentivos fiscales a propietarios. El partido exigía trocear el paquete de medidas para dividir el texto en medidas fiscales, por una parte, y en la prórroga de alquileres y resto de propuestas de vivienda, por otra.

En el Ejecutivo descartan atender esta petición y avanzan que todas las propuestas irán en un único decreto. Rebajan además el órdago de los morados, que tiene cuatro diputados, y se muestran confiados en poder armar una mayoría alternativa con PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, Compromís y Coalición Canaria (175), asumiendo el voto en contra de PP, Vox y UPN (171 diputados), lo que arrojaría más 'síes' que 'noes' en caso de abstención de Podemos.

Las otras medidas

Más allá de las deducciones fiscales para hipoteca y alquiler, el Gobierno también ha incluido la prórroga de contratos de alquiler que venzan en 2026 y 2027 para los próximos dos años, recuperando el texto base del decreto que decayó en primavera. También contempla subir al 21% el IVA de pisos turísticos, además de una regulación de alquiler de temporada y por habitaciones. En esta nueva regulación, el Gobierno se basa en la propuesta que ya se negoció en el Congreso [consultar aquí], donde permanece varado desde diciembre.

Este texto restringe el alquiler de temporada a casos debidamente justificados de ocupación temporal, como motivos laborales, académicos o de tratamiento médico, impidiendo que esta modalidad pueda emplearse para eludir la regulación del alquiler de vivienda habitual, que contempla una duración de cinco años. En los contratos temporales, según el texto, el inquilino podrá abandonar el alquiler con un preaviso de 10 días y sin que le suponga indemnización.

El texto fija una duración mínima de alquiler de temporada de 31 días y un máximo de 12 meses y establece que, si no existe una causa temporal acreditada o se encadenan varios contratos que superen ese límite, el arrendamiento pasará a considerarse de vivienda habitual y quedará sujeto a las garantías previstas en la Ley de Arrendamientos Urbanos, que establece cinco años de duración del contrato. Además, el texto también incluye la prohibición legal de que el inquilino tenga que hacer frente a impuestos o gastos de comunidades externos a la renta fijada, tanto en alquileres de temporada como habituales.

La iniciativa también extiende esa protección al alquiler por habitaciones cuando sea la residencia habitual del inquilino. En esos casos, deberá someterse a las limitaciones de precio en las zonas tensionadas. Además, prevé un régimen transitorio por el que los contratos ya vigentes mantendrán sus condiciones hasta su vencimiento, pero cualquier renovación deberá adaptarse a la nueva normativa.

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