Última hora, en directo, de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas del caso David Sánchez, Begoña Gómez, Zapatero, Leire Díez y toda la trama PSOE

En un acto con escasos precedentes en el entorno físico de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, en Madrid, la plataforma ultra Hazte Oír, una de las promotoras de las acusaciones que se formulan en el caso Leire -pero no personada como parte porque el juez Pedraz fundió toda la acusación popular en el PP-, ha desplegado una pancarta con las fotos de la directora General de la Guardia civil, Mercedes González, y el DAO del cuerpo, el teniente General Manuel Lamas, con el eslogan “vuestro honor ni se divisa”, haciendo un juego de palabras con el lema tradicional de la Guardia Civil “el honor es mi divisa”.

Mercedes González ya está en la Audiencia Nacional

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha hecho ya entrada en el edificio de la Audiencia Nacional, donde esta mañana la espera el juez Santiago Pedraz para tomarle declaración como investigada en el caso Leyre. Unos minutos antes ha llegado el director. adjunto operativo del Instituto armado, el teniente general Manuel Llamas, que viene a declarar en la misma calidad ante el juez que instruye la supuesta trama de corrupción urdida en torno al PSOE. La directora ha sido citada por sus reuniones, al menos dos, mantenidas con Leire Díez, y el DAO comparece, después de que un informe de la unidad central operativa del Instituto armado (UCO), recogiera declaraciones de dos generales de La GuardiaCivil sobre supuestos intentos de entorpecer la labor de la UCO con informaciones reservadas abiertas dentro del cuerpo.

Confianza del PSOE en Mercedes González

Montse Mínguez, portavoz federal del PSOE, remarcó la confianza del partido en Mercedes Gonzalez. Es una profesional, es una compañera ejemplar. "Tengamos en cuenta que Mercedes González tiene sus derechos como es la presunción de inocencia". "Toda nuestra confianza", remarcó

El juez interroga este jueves a la directora de la Guardia Civil y al DAO como investigados en el 'caso Leire Díez'

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, interroga este jueves como investigados a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas. González declarará a partir de las 10.15 horas y después lo hará Manuel Llamas, en el marco de la investigación sobre la presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE. En ambos casos, el juez les atribuye presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. La directora de la Guardia Civil fue imputada después de que la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado apuntara en uno de sus informes que mantuvo tres reuniones con la exmilitante socialista, que según el juez habría coordinado la presunta trama, mientras que el liderazgo recaería sobre el exdirigente socialista Santos Cerdán.

Begoña Gómez entrega al juez Peinado sus billetes de viaje a Londres y protesta por la "diabólica" obligación de demostrar que no delinquió

"Se aportan los billetes de ida a Londres y de vuelta desde Brístol", dice el escrito que el exministro del Interior Antonio Camacho, abogado de Begoña Gómez, ha entregado al juzgado madrileño que rige el juez Juan Carlos Peinado. La representación letrada de la esposa del presidente del Gobierno los ha aportado este miércoles, dentro del plazo que dio el magistrado, como prueba de que, efectivamente, Gómez viajó al Reino Unido el pasado fin de semana cumpliendo la razón por la que había pedido una suspensión de la retirada cautelar de su pasaporte y de la prohibición de salir de España.

HazteOír, tras la condena por el caso David Sánchez: "Había elementos suficientes para condenar por tráfico de influencias"

La sentencia que condena por prevaricación administrativa a los once procesados por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz ha recibido una valoración "positiva" por parte de HazteOír, una de las acusaciones populares personadas en la causa. No obstante, su abogado, Javier María Pérez-Roldán, considera que el fallo "se queda corto" al no apreciar el delito de tráfico de influencias y no descarta recurrir ante la instancia superior.

"La valoración general es positiva. No ha admitido toda la acusación que nosotros realizábamos, principalmente la del tráfico de influencias, pero sí ha admitido la prevaricación de los implicados", afirma Pérez-Roldán en declaraciones a La Crónica de Badajoz.

El letrado destaca que la resolución judicial, de 377 páginas, supone además un respaldo a la independencia del tribunal. "El hecho de haber condenado por unos hechos sí y por otros no quiere decir que han valorado en conciencia las pruebas practicadas, como deben hacer. Si simplemente hubieran querido dar la razón a las acusaciones populares, habrían condenado por todo lo que solicitábamos", sostiene.

Ahora, Calama rechaza esta pretensión al explicar que la aparición de las transferencias vinculadas a Focus Social Research (del grupo Gloria) no es el resultado de una fiscalización indiscriminada de la vida de Zapatero, sino "la consecuencia natural del análisis de fuentes de prueba válidamente obtenidas en el marco de unas diligencias judiciales que ya estaban en curso".

"Y que, por su propia naturaleza, permiten que afloren hechos inicialmente no previstos pero dotados de verosimilitud delictiva", añade el juez en relación al informe de la UDEF que reveló ese pago.

Por tanto, "no existe vulneración de derechos fundamentales. La información procede de fuentes de prueba obtenidas con autorización judicial; su análisis no excede el marco de la investigación; no se ha producido intromisión ilegítima en la intimidad; y no hay rastro de una investigación general sobre la vida del investigado".

Sin embargo, ocurre que ese pago "por su cuantía, origen y contexto, puede ser relevante para determinar si existieron contraprestaciones ilícitas, influencias indebidas o retornos económicos vinculados a las relaciones que ya estaban siendo investigadas".

Porque, según EFE, "que Zapatero participe en conferencias o reciba remuneraciones por asesoramiento no excluye que determinados pagos puedan tener naturaleza distinta, y precisamente por eso deben ser analizados cuando emergen de la documentación intervenida".

El informe de la UDEF sostiene que el expresidente del Gobierno participó en una "dinámica de intermediación e influencias" con autoridades de Bolivia "orientadas a beneficiar los intereses" del grupo empresarial peruano Gloria, "mediando una contraprestación económica de 200.000 euros" entre 2024 y 2025.

"Los hechos analizados en el presente informe apuntalan, a juicio de los investigadores, los indicios de la existencia de una organización criminal, liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes", apunta la UDEF

El juez avala ampliar la investigación a Zapatero por el pago de una operación en Bolivia

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha avalado que se investigue el pago de 200.000 euros que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero cobró del grupo peruano Gloria por intermediar con las autoridades de Bolivia, por una indemnización pendiente de pago para una de sus empresas.

La defensa de Zapatero pidió no incluir en la investigación este pago porque esta empresa "no estaba en el perímetro objetivo de la investigación" por lo que "resulta injustificado que la policía dirija ahora su atención a esa relación profesional, fruto de una indagación sin límites ni autorización judicial".

Advierte el letrado Antonio Camacho que el requerimiento del juez "exige a esta defensa que acredite que no se ha llevado a cabo acto alguno constitutivo del delito de quebrantamiento de medida cautelar", lo que "invierte de forma manifiesta el principio cardinal del proceso penal".

"La carga de la prueba corresponde a la acusación, nunca a la defensa", añade, recordando que debe prevalecer la presunción de inocencia.

Sobre la petición del juez de que se demuestre "que no se hizo un uso inadecuado de la autorización de salida del territorio nacional", la defensa afirma que "probar que algo no ocurrió, cuando ese algo no está concretado en un acto o lugar específico y determinado, constituye lo que la doctrina procesalista y la jurisprudencia denominan probatio diabólica".

Esta "probatio diabólica" supone, advierte, "la exigencia de una prueba imposible o de dificultad desproporcionada que, por su propia naturaleza, ningún justiciable puede razonablemente satisfacer".

Por todo ello el letrado de Begoña Gómez pide que se deje sin efecto la providencia dictada, se reconozca que es la acusación la que debería probar un supuesta conducta delictiva y que, en el caso de que el magistrado mantenga la exigencia de acreditación, pida datos sobre el viaje a las autoridades británicas.