El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, se ha mostrado este martes dispuesto a mejorar la propuesta sobre la nueva ayuda a los desempleados que ha efectuado el Gobierno a agentes sociales y comunidades autónomas.
Esta ayuda, que se llamará 'Renta Complementaria de Desempleo' (RED), unificará y sustituirá a las que conceden los programas temporales del plan Prepara y del Plan de Activación para el Empleo (PAE), y a la Renta Activa de Inserción y, según fuentes de la negociación, rondará los 430 euros mensuales.
Riesgo ha explicado, tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, que esta renta será estable y mejorará la protección de los desempleados, especialmente de los parados de larga duración con cargas familiares.
El secretario de Estado de Empleo ha reconocido que algunas comunidades autónomas están en desacuerdo con la propuesta del Gobierno sobre esta ayuda, aunque no ha precisado cuáles, pues, según ha indicado, "es bastante difuso".
Así, ha subrayado que algunas regiones dicen hablar en nombre de otras, aunque luego no expresen esa misma opinión en la Conferencia Sectorial.
Otras, ha admitido, "han pedido una conversión total de lo planteado por el Gobierno": pasar de un ayuda estable como sería la RED a una renta mínima asistencial que, según Riesgo, sería inasumible por el Estado, pues invadiría competencias autonómicas.
Riesgo ha pedido a las comunidades que le trasladen sus aportaciones para mejorar la regulación y espera alcanzar un acuerdo "lo antes posible".
El Supremo anuló la ayuda a parados en enero
El Tribunal Constitucional considera que deben ser los servicios de empleo de las comunidades autónomas quienes gestionen la ayuda de 426 euros para parados de larga duración -el Programa de Activación para el Empleo (PAE)-, según una sentencia que ha publicado este miércoles, en la que anula, por tanto, los artículos del decreto del PAE que hacen referencia a la gestión por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
En todo caso, quienes estén cobrando esta cantidad lo seguirán haciendo, dado que la sentencia no afecta "a la subsistencia y a la continuación en la concesión de las ayudas". La diferencia a partir de ahora es que la gestión dependerá a partir de ahora de los gobiernos autonómicos.
