¿Puede una comunidad autónoma dejar de luchar contra la violencia de género?

España cuenta con una ley estatal integral contra la violencia de género, pero su grado de desarrollo e implantación depende de los gobiernos autonómicos, que tienen las competencias para atender a las víctimas y ayudarlas en su recuperación, así como para impulsar campañas de prevención y sensibilización y para poner en marcha medidas asociadas en los ámbitos educativo y sanitario.

El peligro de la infradotación y la pasividad

"Es evidente que Castilla y León no tiene competencia para derogar la ley contra la violencia de género, ni para matizarla ni para enmendarla. Ni la 1/2004 ni las demás leyes estatales que protegen a las mujeres. (...) Pero aunque no puedan derogar estas leyes, sí hay algo más material que es muy preocupante, que es que dejen de dotar económicamente la efectividad y los servicios y recursos para la igualdad y contra la violencia contra las mujeres y los niños y niñas por violencia de género", alerta la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.

Soledad Murillo, quien fuera por dos veces secretaria de Estado de Igualdad con distintos gobiernos socialistas, señala que el Estado puede instar a las comunidades autónomas a desarrollar la ley contra la violencia de género, pero las regiones son soberanas en la aplicación de las políticas de esta naturaleza.

El exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, coincide en que Castilla y León no puede dejar de luchar contra la violencia machista en tanto en cuanto hay una normativa de orden superior que obliga a desarrollar este tipo de medidas, pero "no se trata sólo de que la norma exista, sino de que se implemente, se desarrolle y se vele por su cumplimiento. Donde más daño pueden hacer es en la pasividad".

Matiza Lorente que una autonomía puede dificultar la efectividad de la ley a través de la reducción de la dotación presupuestaria y desdibujando la especificidad de los servicios de atención a víctimas, esto es, integrando esa atención especializada en servicios generales: "Es como si en lugar de tratar los problemas médicos del corazón en cardiología, los llevamos a la unidad de tórax".

El Ministerio de Igualdad precisa a El Periódico de España que Castilla y León recibirá este año, de la administración general del Estado, 15,4 millones de euros para luchar contra la violencia machista: 7,4 millones procedentes de los fondos del Pacto de Estado, 445.000 euros de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, 72.000 euros para planes personalizados, 524.000 euros de apoyo a víctimas y los 7 millones restantes para la puesta en marcha de centros de crisis 24 horas contra la violencia sexual en cada una de sus nueve provincias.

Ahora bien, estas transferencias son finalistas, es decir, sólo pueden destinarse al fin para el que fueron concebidas. "Por supuesto, este dinero sólo se puede gastar contra las violencias machistas. Pueden, eso sí, devolverlo", indican desde el departamento de Irene Montero.

La educación

La presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, María Ángeles Jaime, apunta que las comunidades autónomas son las encargadas de desarrollar protocolos de detección temprana de la violencia y de las acciones de prevención y sensibilización en centros educativos y sanitarios. En el acuerdo de gobierno de PP y Vox figura que se impondrá un modelo educativo "libre de adoctrinamiento ideológico" que garantice el derecho inalienable de los padres a decidir la educación de sus hijos. Esto quiere decir que no habrá educación afectivosexual en Castilla y León. 

"Darle la gestión a quien no cree en la igualdad y niega las evidencias es una pésima noticia", lamenta Jaime, quien incide en que tanto las instituciones como las asociaciones de mujeres tendrán que estar "muy atentos" para proceder a denunciar posibles incumplimientos de las leyes que protegen a las víctimas de violencias machistas.

De hecho, como sostiene la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, otra forma de torpedear el combate a la violencia machista es "atacar, perseguir, evitar u obstaculizar el trabajo de las defensoras de las mujeres, de las técnicas y de las expertas".

Murillo critica la intención de dejar de subvencionar a asociaciones, que en muchos municipios son las responsables de los programas de atención, asesoramiento y exclusión social: "Me preocupa muchísimo que se piense que las asociaciones son chiringuitos y no colaboradoras necesarias en las políticas contra la violencia de género", afirma.

Una ley de violencia intrafamiliar

Este jueves, PP y Vox hacían público el programa pactado para gobernar de forma conjunta Castilla y León. En él, ni rastro de la violencia de género, pero sí el acuerdo para impulsar una ley contra la violencia intrafamiliar y el compromiso para la actualización de la "normativa vigente" en materia de protección a las víctimas: "Menores, mayores, mujeres, personas con discapacidad o personas vulnerables, y con especial énfasis en el medio rural, garantizando la igualdad". 

El partido de extrema derecha niega de forma sistemática que exista una violencia específica contra las mujeres y apuesta de forma reiterada por una ley de violencia intrafamiliar que castigue por igual todo tipo de maltrato que se produzca en el seno de la familia.

Murillo explica que las leyes de violencia intrafamiliar existen en los países más conservadores de Latinoamérica y en los países musulmanes, donde se quiere evitar en todo momento reconocer la violencia de género, aquella que se comete contra las mujeres por el mero hecho de serlo. Son leyes que, por ejemplo, no amparan a las víctimas que no están casadas con el agresor, bien solteras o bien divorciadas.

Alerta de que la ley contra la violencia de género se puede desfigurar "en la medida en que se le pone otra ley que no quiere entender lo que significa" esta violencia: "A efectos de servicios sociales y de intervención, ¿cuál va a ser la referencia, la ley de violencia intrafamiliar o la ley de violencia de género? (...) ¿Van a incidir en que la ley contra la violencia de género está en vigor y es muy importante o van a dejar que las cosas sucedan en función de priorizar los pactos para la acción de gobierno?", se pregunta Murillo.

Si el jueves Alfonso Fernández Mañueco evitaba hablar de violencia de género en su intervención, el viernes -tras duras críticas-, el presidente en funciones de Castilla y León no tuvo más remedio que salir al paso y asegurar que no dará "ni un paso atrás" en esta lucha, prometer que la ley regional contra la violencia machista no será derogada y matizar que la ley de violencia intrafamiliar ampliará la protección a personas ancianas y con discapacidad y a menores en el seno familiar.

"El presidente de la comunidad se ha constituido como valedor de que eso no va a suceder -la derogación de la ley contra la violencia de género. Y las cuentas se las vamos a pedir a él como valedor de las leyes que se han promulgado en su parlamento autonómico", subraya Murillo.

"Cómplices del silencio"

A las expertas les preocupa también el efecto que la llegada del negacionismo al ejecutivo regional puede tener en las víctimas.

"Ahora tenemos en las instituciones a representantes políticos que están negando que exista la violencia de género, con lo cual, la pregunta es ¿con qué fuerza va una mujer a denunciar violencia de género si el presidente de la Cámara duda que exista? Es gravísimo", señala Murillo.

En el mismo sentido, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género afirma que quienes niegan la violencia o tratan de ocultarla bajo otros tipos de violencias están abonando el silencio de las víctimas y por tanto impidiendo su salida de esas violencias.

"Los negacionistas son los cómplices del silencio y, por lo tanto, los cómplices del agresor. Sé que es un discurso muy duro para un partido que en su día firmó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que se ha radicalizado por ocupar unos puestos en un gobierno, pero la dureza del discurso es proporcional a la preocupación que tenemos por la igualdad y por las víctimas de violencia de género", asevera Rosell.

Miguel Lorente recurre a un símil muy gráfico para ahondar en el efecto de desconfianza que produce que el responsable de proteger a las víctimas niegue la violencia de la que tiene que ayudarlas a salir: "Yo no iría nunca a un hospital donde se negara que exista el coronavirus".

"La agenda de las mujeres no importa. (...) Es una muerte anunciada y ahora estamos rasgándonos las vestiduras en el funeral. ¿De verdad se ha intentando por todos los medios que no llegue Vox al gobierno o el tablero electoral está en Madrid y no en Valladolid", se pregunta la exsecretaria de Estado de Igualdad.

La violencia de género en Castilla y León

En Castilla y León, 55 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003, año en que empezaron a elaborarse las estadísticas.

El Consejo General del Poder Judicial contabilizó 5.159 mujeres víctimas de la violencia de género en 2021 y 5.170 denuncias por maltrato machista. En España, sólo denuncian una de cada cinco víctimas.

En 2021, se concedieron en los juzgados castellanoleoneses 1.177 órdenes de protección a mujeres maltratadas y a sus hijos. Y en el sistema policial de seguimiento VioGén figuran 27.855 víctimas, así como 319 menores en situación de vulnerabilidad y 22 niños y niñas expuestos a una situación de riesgo para sus vidas por violencia vicaria.

Esta región presenta ciertas particularidades que hacen aún más difícil la lucha contra este problema estructural: su población envejecida y la ruralidad complican la salida de la violencia y la atención a las víctimas, que requiere una respuesta diferente a la que se da en territorios más poblados.