El actor escocés Sean Connery, el mejor agente 007 de la historia, y su mujer, Micheline Roquebrune, han sido imputados por un Juzgado de Marbella en una causa que investiga el blanqueo de capitales en el sector inmobiliario. El actor -que veraneó durante años en Marbella- y su mujer figuran entre los siete nuevos imputados por el Juzgado de instrucción número 1 marbellí en unas diligencias previas abiertas hace tiempo por una cuestión urbanística, causa que ha entrado en una nueva fase tras la inicial, que ya sumaba 21 imputados.
El actor, informa la agencia «Efe», está citado a declarar junto a su mujer y los letrados a partir del próximo 27 de mayo. La operación policial se denomina «Goldfinger», en referencia a la película de 1964 en la que Sean Connery interpretó el papel del agente James Bond.
Otros nuevos imputados -indican fuentes judiciales- son abogados del bufete Díaz-Bastien y Truan, cuyos despachos de Marbella y Madrid fueron registrados por la Policía simultáneamente dentro de una operación contra el blanqueo de capitales por orden del mismo Juzgado el pasado miércoles.
Esta nueva fase de las referidas diligencias está bajo secreto de sumario y, según el diario «El Mundo», la causa es por la recalificación de la parcela de Connery situada en Marbella y conocida como «Malibú». La operación urbanística fue amparada por el ex alcalde Jesús Gil; ya que se recalificó el terreno donde estaba el chalé del actor en Marbella y el juez investiga la supuesta comisión de los delitos contra la Hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales y blanqueo de capitales. Durante sus estancias vacacionales en Marbella hasta 1999, el actor residía con su mujer en el chalé «Malibú», sobre cuya parcela -en primera línea de playa- se sitúa hoy un edificio de cuatro alturas, terminado entre 2004 y 2005 y conocido con el mismo nombre del anterior inmueble. La referida actuación municipal, según el diario, tendría continuidad en el tiempo, dado que es una edificación consolidada entre 2004 y 2005, por lo que explica que afectaría a los sucesores de Gil en la Alcaldía como Julián Muñoz y Marisol Yagüe en el marco del denominado «caso Convenios» que se sigue en el mismo Juzgado.
Se informa, además, de que los abogados de la mencionada firma negociaron con Gil y el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca mediante un convenio la recalificación de los terrenos de una zona que era residencial de chalés y que pasó a ser de cuatro alturas.
Según fuentes cercanas a la investigación, los agentes requisaron documentación en las oficinas de los letrados, situadas en la madrileña Torre Picasso y el edificio «Marina Marbella», aunque no se practicaron detenciones, y fuentes del bufete han descartado que la actuación se trate de un asunto de blanqueo.
