Naval Gijón: un partido contra tres consensos

La historia reciente de Naval Gijón, o parar ser más exactos de los terrenos de los antiguos astilleros tras el cese de la actividad en 2009, ha estado marcada hasta hoy por tres amplios consensos de ciudad que han contado con la oposición de un solo partido político.

El primero es el Plan General de Ordenación, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, que sirvió para blindar el uso productivo del suelo y descartar así cualquier operación especulativa vinculada a la construcción de vivienda de lujo, a pesar de que el uso residencial era el planteamiento inicial de toda la derecha local. La ficha de Naval Gijón, que dispone, entre los objetivos del futuro Plan Especial, la introducción de usos productivos vinculados a la industria azul, fue pieza clave para que Izquierda Unida votara a favor del planeamiento urbanístico en 2019, que apoyaron todos los partidos de la Corporación con la excepción del PSOE.

El segundo consenso llegó cinco años después, tras una campaña electoral en la que todos los por entonces candidatos a la Alcaldía defendimos el desarrollo de un polo productivo vinculado a la economía azul en El Natahoyo. Sin embargo, cuando en abril de 2024 el Pleno votó la compra de los terrenos a la Autoridad Portuaria, el PSOE volvió a quedarse al margen del consenso alcanzado por el resto de fuerzas políticas a izquierda y derecha porque pretendía, supongo, que las industrias azules se asentaran en el aire.

Y el tercero lo vivimos el pasado viernes, en un Consejo Social en el que la presidenta de la Autoridad Portuaria nos vino a explicar que los acuerdos suscritos no eran tal, sino una suerte de declaración de buenas intenciones que además había sido firmada por su antecesor en el cargo, al que los mismos que lo nombraron se refieren ahora como “esa persona de la que usted me habla” tan de moda en la política española. La nueva tesis portuaria es que los 3.800 metros cuadrados de franja litoral que acordaron ceder gratuitamente al Ayuntamiento tras la compra de los terrenos no puede ser cedida y que será el Puerto quien mantenga su titularidad y la urbanice, decidiendo usos y restringiendo el acceso libre cuando lo considere pertinente. No solo eso, sino que exige al Ayuntamiento la modificación del Plan General para poder mantener el control de esos 417 metros lineales de franja litoral.

El consenso, claro, llegó en la respuesta al órdago lanzado por el Puerto no a una alcaldía, no a un gobierno, ni siquiera a un ayuntamiento, sino a Gijón: cumplan el acuerdo alcanzado. El Ayuntamiento ha cumplido su parte, transfiriendo los 4,7 millones de euros por la compra de los terrenos, y la Autoridad Portuaria debe ahora cumplir la suya, cediendo la titularidad de la franja litoral. Eso es lo firmado y eso es lo que defendemos, una vez más, toda la Corporación con la excepción del PSOE, entusiasta escudero de la presidenta que iba a retomar la relación puerto-ciudad y lo que ha hecho es convertir uno de los pocos acuerdos alcanzados estos años entre instituciones en otro conflicto.

Xixón no se puede permitir más proyectos fallidos, y menos por el choque entre administraciones. La regeneración urbana de El Natahoyo, con la recuperación de la línea de costa para el disfrute vecinal y el desarrollo de un polo económico que genere empleo de calidad, es un objetivo irrenunciable que requiere del concurso y la colaboración leal entre instituciones. Los consensos ya existen, y lo que toca ahora es cumplir los acuerdos que permitieron alcanzarlos. Sin demora.

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