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Retirar el Simancas: una victoria de la democracia

La Compañía de Jesús se ha posicionado, como tantas veces ha hecho la Iglesia, del lado equivocado de la Historia

En los últimos días, La Compañía de Jesús, propietaria del colegio de La Inmaculada, anunciaba que llevará al juzgado la orden de retirar el monumento de Simancas que le dio la Consejería de Derechos Sociales. Dice su superior, el señor Rodríguez Olaizola, que "entre ambos polos, y en estos tiempos, hay que buscar una solución de consenso."

Es de suponer que cuando habla de esos dos polos se refiere, por un lado, a la exaltación del franquismo y, por otro, el cumplimiento de la ley. Lo que parece más difícil explicar es cómo y si realmente es adecuado buscar entre ellos una solución equidistante. Aferrarse a la máxima de que la virtud siempre está en el punto medio es una receta demasiado simplista como para que pueda servir como brújula moral. Muchas veces, permanecer neutral es, de hecho, el más firme de los posicionamientos.

Eso es precisamente lo que ha hecho La Compañía de Jesús: posicionarse. Y lo ha hecho, como tantas veces ha ocurrido con la Iglesia en nuestro país, del lado equivocado de la historia. Y aunque se parapeten detrás de pretextos ya demasiado escuchados, la única verdad es que los jesuitas han decidido compartir bando con quienes, de vez en cuando, se congregan frente a su centro educativo para hacer el saludo romano y cantar el Cara al Sol. Algo que, por cierto, debería de disgustarles muchos más que tener que retirar el monumento

Y ahí surge la gran pregunta: ¿Por qué molesta su retirada? ¿De verdad alguien puede creerse que lo que está detrás de ese rechazo es un genuino interés artístico? Que haya personas que continúen defendiendo la permanencia de un monumento en la vía pública - por encima incluso de la ley- en honor a quienes no solo se sublevaron contra la legitimidad republicana, sino que también contribuyeron a la masacre de población civil gijonesa, es la triste prueba de hasta qué punto la propaganda franquista cumplió con su tarea.

Por eso no cabe resignificación alguna. Cualquier intento, a estas alturas de sortear el cumplimiento de la ley para que el monumento siga donde está tendría el peor de los significados: una nueva derrota para la democracia.

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