Tensiones

La declaración de zonas residenciales tensionadas que ha realizado el Gobierno de Asturias sobre dos barrios de Gijón ha ocasionado, nuevamente, posiciones encontradas con el Gobierno municipal, que, en materia de vivienda, ni hace ni deja hacer. Nadie que tenga interés en los datos y no en la demagogia duda que , no solo en estos barrios sino en toda la ciudad, se cumplen los requisitos para esta declaración, porque se necesita más del 30% de los ingresos de una familia para pagar hipoteca , rentas y gastos básicos y porque los precios han subido más de tres puntos sobre el IPC en los últimos cinco años. Son sus consecuencias lo que ha llevado al enfrentamiento político que, todo indica, terminará en los tribunales. La necesidad de vivienda asequible para la ciudadanía es hoy un problema social de primer nivel y no hacer o impedir que se haga una grave irresponsabilidad.

Pero las viviendas hoy disponibles no son públicas. Las administraciones renunciaron a la promoción de vivienda pública hace muchos años, consecuencia de crisis de ladrillo y gobiernos de derechas en los que el mercado se defendió como el " salvador" de todo y así nos vemos hoy. Por tanto la vivienda disponible está en manos privadas y es donde comienzan las tensiones reales, si limitar los derechos de la propiedad privada, si hacerlo solo para algunos propietarios o si, como se reclama desde alguna posición política la expropiación como solución extrema.

Creo que no se debe asustar indebidamente a aquellas personas para las que la renta mensual de esa segunda o tercera vivienda es fundamental para completar su economía , decirles claramente qué limitaciones escasas tendrán en las rentas de los nuevos contratos de alquiler e incluso eliminarlas ; y al mismo tiempo intensificar las limitaciones a los grandes propietarios y a aquellos que tienen en la vivienda un negocio especulativo. Ni vivienda turística que modifica la vida de calles y barrios convirtiéndolos en parques temáticos y lugares donde no nos reconocemos como vecinas y vecinos, que nos expulsan por el precio porque estorbamos, hasta el incremento de impuestos. Hay que habilitar todas aquellas limitaciones que se definen a partir del modelo de ciudad humana, compacta, saludable donde te sientas persona en una convivencia base de tu seguridad. Son límites que nos benefician y que solo son discutibles por quienes creen que el "sálvese quien pueda" es una regla social.

Y por encima de todo ello, como solución en intensidad y como responsabilidad con la ciudadanía esta la acción pública. Las administraciones, todas, tienen la obligación de promocionar vivienda pública que podamos comprar o alquilar, vivienda que sea patrimonio público permanente para que sea servicio público permanente. Y ahí no hay excusas. Los 7.000 millones para este fin puestos a disposición de las Comunidades Autónomas son el inicio que ningún gobierno debe impedir en su ejecución o dejar de gastarlos. Lo harán esos que siempre actúan contra las personas porque no tienen ni empatía ni sentimientos.

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