Vivienda pública para construir ciudad

A lo largo de estas semanas hemos asistido a una sorprendente performance del gobierno municipal en la que la Alcaldesa se ha autoerigido en el último paladín para la defensa de la vivienda pública en Xixón. Tras tres años sin construir una sola vivienda pública –que se suman a sus ocho años anteriores en la Alcaldía con el mismo balance–, y tras bloquear los intentos de la Consejería de Vivienda de construir vivienda pública para alquiler asequible en la ciudad y anunciar el recurso a la declaración de Cimavilla y L’Arena como zonas tensionadas, de repente Carmen Moriyón ha descubierto que el acceso a la vivienda es un problema, pero en vez de poner al Ayuntamiento a trabajar para contribuir a darle solución, ha decidido que la mejor idea es echar balones fuera y exigir a terceros que reactiven un proyecto fallido de iniciativa privada del 2010: Ecojove. Tan fallido que la propiedad de los suelos ha acabado en el banco malo, la Sareb.

Así, la propuesta de Moriyón, con apoyo del PSOE, pasa porque se construyan 1.900 viviendas de protección oficial en una zona de la ciudad aislada del resto, cuya principal vía de comunicación iba a ser un vial que no se va a construir, y en unos terrenos que harían crecer la ciudad hacia los principales focos emisores de la contaminación del aire del concejo. Es decir, si tienes dificultades para acceder a una vivienda en el mercado libre, la derecha y los socialistas te propone que compres –nada de alquilar– en una zona desconectada, en la que se concentrará la vivienda de protección oficial y en la que respirarás aire contaminado, porque mejorar primero la calidad del aire no entra en sus planes a pesar de que debería de ser su principal prioridad; que se lo pregunten si no a las vecinas y los vecinos de la zona oeste. Eso es, y eso fue siempre, Ecojove: una mala idea que responde a una visión segregadora de la ciudad y cuyos tiempos de desarrollo, planteados a 15 años vista en el proyecto original, tampoco parecen compatibles con la respuesta urgente a la crisis de la vivienda que la alcaldesa dice reclamar.

Frente a esto, nosotros tenemos otro modelo, que pasa porque la iniciativa pública lidere los procesos de crecimiento y de regeneración urbana que están pendientes dentro de la ciudad, y lo haga dando el protagonismo a la vivienda pública. Esa es la base de la propuesta presentada ayer por la Consejería de Vivienda, que plantea la construcción de 1.218 viviendas, el 84% públicas o de protección con precios tasados, en tres zonas estratégicas: Laviada, El Natahoyo y Santa Bárbara. Un modelo de desarrollo urbano que otorga un papel central a la vivienda pública en la construcción de nuestros barrios, pero que no segrega y deja espacio a la vivienda protegida y a la vivienda libre; que se integra de manera compacta y sostenible en la ciudad ya construida; y que planifica no solo donde vivir, sino también dónde trabajar, hacer deporte o la compra, socializar o divertirse.

El próximo derribo del viaducto de Carlos Marx y la reordenación de todo el ámbito, a la espera de la estación intermodal, va a promover una regeneración urbana que va a elevar todavía más el precio de la vivienda en el entorno. Adelantarse a un proceso de gentrificación pasa porque en esa zona se construya vivienda pública que tire de los precios hacia abajo, y el Ayuntamiento tiene suelo para construir 262 viviendas asequibles en Laviada. Un mix de vivienda pública y protegida en un punto que en pocos años va a formar parte de un nuevo nodo funcional de la ciudad.

Algo similar sucede en El Natahoyo, donde anticiparnos a la gentrificación que sin duda va a provocar el desarrollo de Naval Azul es fundamental si queremos que la recuperación productiva del suelo de los antiguos astilleros sea también una oportunidad para regenerar el barrio y hacerlo sin expulsar al vecindario que hoy vive en él. ¿Cómo? Con una iniciativa pública que ordene y desarrolle los terrenos anexos al futuro parque empresarial que la iniciativa privada no ha sido capaz de impulsar. Lo que en su día fueron infraviviendas para obreros, organizadas en ciudadelas, pueden convertirse en 350 viviendas, el 80% públicas o de protección con precio tasado, que garanticen que El Natahoyo va a seguir siendo un barrio de trabajadores.

Y en el caso de Santa Bárbara, tercera propuesta de la Consejería, de lo que se trata es de que la ciudad crezca de forma compacta, completando la trama urbana y resolviendo carencias tanto de infraestructuras como de servicios. La iniciativa pública permitiría intervenir en una zona que ya está creciendo por acción de la iniciativa privada, contribuyendo a ordenar y desarrollar en especial los suelos más cercanos al poblado por su lado oeste. En total 606 viviendas de las cuales al menos el 40% serían públicas para alquiler asequible, otro 40% de protección con precio tasado y el 20% restante vivienda libre. Una operación que integraría además el Palacio del Marqués de Tremañes, recuperando tanto los edificios como los jardines para uso público.

Cuando decimos que tenemos un modelo de ciudad, nos referimos a esto. Tres propuestas concretas de vivienda asequible para vivir, pero también para construir barrios integrados y vivos, con actividad económica, comercio de proximidad, zonas verdes y servicios públicos, que contribuyan a un crecimiento sostenible y a una regeneración urbana que evite la gentrificación y la especulación y dé un portazo a los modelos de segregación que se practican en otras ciudades. Xixón necesita que la iniciativa pública tome el mando y decida cómo y para quién se construye la ciudad. Nosotros lo tenemos claro, y esta es nuestra propuesta para lograrlo.

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