Un Estado a la deriva

En abril de 2021, Brahim Ghali, líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui, fue hospitalizado en un centro sanitario de Logroño. El Gobierno español justificó su ingreso por razones humanitarias, debido al grave estado de salud que presentaba. Este hecho desencadenó una disputa diplomática entre España y Marruecos. Semanas después, alrededor de diez mil inmigrantes accedieron a Ceuta tras el levantamiento de los controles fronterizos por parte de las autoridades marroquíes.

El pasado 20 de julio, Pedro Sánchez concluyó su visita oficial a Argelia –principal aliado del Frente Polisario y rival estratégico de Marruecos– con el anuncio de la normalización de las relaciones bilaterales, deterioradas desde 2022 tras el respaldo de España al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. Paralelamente, el Congreso avanzó en la iniciativa para reconocer la nacionalidad española a los saharauis nacidos durante el periodo de administración española que así lo soliciten. Ambas decisiones generaron un profundo malestar en Marruecos y, de forma casi inmediata, una marea humana de 60.000 personas se abalanzó de nuevo sobre Ceuta.

Hablemos claro: Marruecos está librando una guerra híbrida contra España, utilizando la presión fronteriza como herramienta de coacción política. Un desafío intolerable a nuestra soberanía nacional, a la seguridad de nuestras fronteras y al derecho de España a tomar sus propias decisiones sin someterse a presiones, amenazas ni chantajes. Un hecho que no puede ser normalizado ni quedar sin respuesta.

Pero retrotraigámonos aún más. Conocer la historia y analizarla desde una perspectiva amplia resulta imprescindible para comprender el presente.

En 1957, tras el inicio de los ataques contra las posiciones españolas en Sidi Ifni por parte del denominado Ejército de Liberación Marroquí "una fuerza que pretendía presentarse como irregular", la situación alcanzó un punto crítico para España. Ante el riesgo de perder la plaza, el Gobierno de Madrid decidió enviar la escuadra española frente al puerto de Agadir como demostración de fuerza, con zafarrancho de combate declarado y los cañones apuntando hacia tierra. El gesto fue interpretado en Rabat como una advertencia clara e inequívoca y, poco después, las fuerzas atacantes comenzaron a retirarse. Ifni permaneció bajo control español hasta 1969.

Como es sabido, un caso muy diferente fue el del Sáhara en 1975. Con el general Franco agonizando, Marruecos, siempre al acecho, percibió la debilidad de España y lanzó la Marcha Verde, movilizando a unos 350.000 civiles para ocupar el territorio. La respuesta del Gobierno fue una retirada precipitada y vergonzosa, abandonando la administración del Sáhara Occidental sin celebrar el referéndum de autodeterminación previsto por las Naciones Unidas.

Tras asegurar el control de la antigua provincia española, Marruecos comenzó a incrementar la presión sobre la frontera norte. La crisis del islote de Perejil, en 2002, supuso un punto de inflexión. El presidente José María Aznar respondió con enorme firmeza ordenando una operación militar que desalojó a las fuerzas marroquíes: Ceuta, Melilla y las plazas de soberanía eran consideradas territorio nacional cuya integridad no estaba sujeta a negociación.

Luego llegaron los salvajes atentados del 11-M, cuya autoría intelectual, según el propio Aznar, no se encontraría en "desiertos remotos". Una referencia que muchos interpretaron como una alusión a que la mirada debía dirigirse hacia un escenario árido, pero mucho más cercano. A partir de entonces, de la mano de Zapatero y Sánchez, dio comienzo la incomprensible política de la claudicación que nos lleva hasta hoy: con Ceuta y Melilla en estado de sitio y con Marruecos avanzando incluso sus pretensiones sobre las aguas territoriales de Canarias.

¿Qué nos enseña, por tanto, la Historia? Que las ambiciones territoriales de la autocracia marroquí no conocen límites. Y que, para alcanzar sus objetivos geopolíticos, está dispuesta a emplear todos los recursos a su alcance, sin atender al respeto por las reglas del derecho internacional, los derechos humanos o cualquier gesto de buena voluntad por parte de España, que siempre será interpretado como un signo de debilidad y motivo de mayor envalentonamiento.

Únicamente cuando España ha respondido sin contemplaciones, Marruecos ha reculado. La política que Pedro Sánchez está siguiendo constituye un completo suicidio que, más pronto que tarde, podría derivar en una crisis de enorme magnitud, con el riesgo de comprometer la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, como antes sucedió con Sidi Ifni o el Sáhara Occidental.

España debe reaccionar de manera urgente. La defensa de nuestra integridad nacional no admite ambigüedades ni dilaciones.

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