M. CASTRO
El Ayuntamiento ha abierto un expediente a cuatro motoristas de la Policía Local después de que el Defensor del Pueblo recibiera una queja de un gijonés al que le pusieron una multa de tráfico en el centro de la ciudad el 5 de enero de 2006.
El conductor sancionado se quejó al Defensor del Pueblo al considerar que había sido objeto de una supuesta persecución policial. Entre otras cuestiones, como respaldo a su versión señaló que a los agentes que le impusieron la multa no les correspondía patrullar por la zona de la ciudad en la que fue sancionado.
Tras pedir informes al Ayuntamiento, el Defensor del Pueblo, institución que dirige Enrique Múgica, optó por enviar los datos al fiscal general del Estado. La Fiscalía promovió la apertura de diligencias para esclarecer si es cierta la denuncia del conductor, lo que conllevaría una condena penal contra los agentes locales.
El Juzgado de instrucción número 2 de Gijón es el que instruye la causa. En función de cómo concluya esta investigación penal, se cerrará sin más el expediente municipal o se impondrán sanciones por una supuesta falta muy grave a los agentes locales acusados.
Los responsables municipales de la Policía Local han evitado hacer consideraciones sobre lo ocurrido debido a la tramitación de los expedientes. Sí salieron en defensa de los de los agentes representantes del SIPLA, el sindicato mayoritario en la Policía Local de Gijón, que sostienen que no hubo ninguna actuación irregular de los agentes. El SIPLA apunta que, aunque es cierto que la Policía Local tiene dividido Gijón en cinco zonas de patrullaje, en la práctica las patrullas suelen circular por toda la ciudad, aunque tengan asignada formalmente una zona. El conductor sólo tenía con anterioridad «dos multas de la ORA», indican desde el SIPLA, donde consideran que este dato demuestra que no se le persigue.
