Alejandro ROZADA /

Albina FERNÁNDEZ

La diputada del PP Cristina Coto anunció ayer que su grupo pedirá la comparecencia urgente de la consejera de la Presidencia, María José Ramos, para que explique las denuncias sobre el supuesto deficiente trato que reciben en la Casa Malva las mujeres víctimas de la violencia de género. «Es necesario una investigación profunda porque si la situación es como se describe, estamos ante un ejemplo más del lamentable intervencionismo, propio de este Gobierno, llevado a sus últimos extremos», señaló la diputada.

Coto explicó que las acusaciones realizadas por Josefa Gómez, una de las cuatro primeras inquilinas que abandonó el centro, al igual que otras compañeras, porque «no aguantaba más», son gravísimas. «Si realmente hay presiones y represalias, miedo a hablar, sumisión y ausencia de privacidad, se produce un nuevo ejemplo de victimización secundaria. Es gravísimo que las mujeres se sientan como peligrosas delincuentes, que hablen de un trato como el que tenían en casa o que las empleadas se consideran mejores. Si esto es así, se aprecia una falta de sensibilidad que las mujeres no deben tolerar, al igual que no toleraron el maltrato con sus parejas», señaló Coto.

La diputada popular habla de «fracaso» del Gobierno a la hora de buscar un espacio de «convivencia razonable» para estas mujeres. «Es evidente que si las mujeres se van del centro, cuya finalidad es su recuperación integral, entonces se ha fracasado».

Una recuperación integral que, según Cristina Coto, debe ofrecer terapia psicológica, seguimiento legal y apoyo social y educativo. «Se trata de que las mujeres entiendan que lo que han hecho al abandonar a sus agresores es lo correcto, que la no tolerancia de situaciones de violencia física o psicológica es lo correcto, pero si lo que se encuentran en el centro son situaciones de excesiva presión y control les generará un rechazo lógico».

Coto, por último, pide al Gobierno que busque la manera de conciliar la seguridad de las víctimas, «que sí debe ser estricta frente a los maltratadores», con unas condiciones de vida lo más normales posibles. «Un régimen carcelario habría de ser en todo caso el destino del agresor, no el de víctima», concluyó.

La posición del PP la completó Dorinda García, concejala en Gijón, quien, tras incidir en la gravedad de los hechos denunciados, precisó que el grupo municipal del PP va a estar «expectante y vigilante» en este tema. «Son quejas de mujeres maltratadas, que tuvieron que salir de sus domicilios y deben ser tratadas con gran sensibilidad para que recobren su autoestima, pero parece que es al contrario».

Evolución de la denuncia

La viceconsejera de Centros, Familias, Infancia y Mayores, María Teresa Ordiz, señaló que si en la Casa Malva hay deficiencias en el trato que reciben las mujeres acogidas, «deben solucionarse como en cualquier otro», y recordó que «no todo el mundo queda satisfecho con las atenciones que recibe». La Viceconsejera señaló que las denuncias de una ex inquilina del centro «deben evolucionar con el tiempo, hasta saber si es una opinión generalizada sobre las deficiencias o particular».

Cruz Roja, encargada del centro, recordó en un comunicado que la atención a las mujeres víctimas de la violencia de género incluye los aspectos emocional, de relaciones, vida diaria y ámbito laboral de acuerdo con las características individuales de las mujeres y sus necesidades. «El equipo multidisciplinar se adapta siempre a las necesidades de cada mujer», señala el comunicado, que recuerda que el sistema de seguridad «protege a las alojadas». En la actualidad, están en el centro tres mujeres y una niña.