Valledor resaltó que es urgente «deslindar» cuanto antes las posibles responsabilidades sobre la desviación económica, las que son de competencia pública y las que son de ámbito privado. Tal y como publicaba ayer este diario, el concurso para la adjudicación de los trabajos del superpuerto valoraba la garantía de suministro desde las canteras. La UTE Dique Torre obtuvo la puntuación técnica más alta, aunque, según ha expuesto Buendía, no se pudo garantizar durante meses el abastecimiento desde Aboño y Perecil.

«Hay que clarificar lo que se ha dicho y ofrecer datos que no se han dado hasta ahora», aseguró el diputado de IU-BA-LV, que no descartó la petición de nuevas comparecencias. Aún está pendiente la de la ministra de Fomento en el Senado. El PP ha exigido a Magdalena Álvarez explicaciones sobre el sobrecoste y las posibles vías de financiación de un proyecto que dispone de 274,5 millones de euros en fondos europeos de cohesión.

Cuervas-Mons se mostró ayer dispuesto a admitir que se puedan producir desviaciones económicas en obras tan complejas como la de El Musel, pero es, a su juicio, «inconcebible» achacar a las dificultades con los suministros de piedra y áridos o con el oleaje un sobrecoste de más de 33.000 millones de pesetas. El diputado popular preguntó qué medidas tomó el consejo de administración del Puerto para atajar los problemas presupuestarios. «Hace falta un control parlamentario de todas estas entidades», añadió.

El Gobierno del Principado, que nombra al presidente de la Autoridad Portuaria, tiene una importante representación en el consejo de El Musel, además de Buendía y Belén Fernández. «No puede ser que haya empresas que gestionan fondos públicos sin ningún control parlamentario», insistió Cuervas-Mons.