En la reciente entrevista con Ana Rosa Migoya, la consejera de Administraciones Públicas hacía una serie de declaraciones acerca del mundo educativo que dejan traslucir un profundo desconocimiento en la materia, empezando por la normativa básica del Estado que, sin embargo, ella misma cita. Me refiero a la alusión que hace a la normativa sobre mesas de negociación para el personal empleado público. Dice la Consejera que es el Estatuto Básico del Empleado Público, que entró en vigor en mayo, el que suprime las mesas sectoriales (donde tradicionalmente se llevaba a cabo la negociación colectiva) para crear una sola mesa general de negociación de la Administración. «El marco de la negociación lo cambió una ley básica del Estado, no es que yo no quiera que la mesa sectorial no se reúna», asegura.
Pues lo cierto es que el artículo 34 del mencionado Estatuto Básico del Empleado Público dice: «son competencias propias de las mesas generales la negociación de las materias relacionadas con condiciones de trabajo comunes a los funcionarios de su ámbito» y que «dependiendo de las mesas generales de negociación y por acuerdo de las mismas podrán constituirse mesas sectoriales, en atención a las condiciones específicas de trabajo de las organizaciones administrativas afectadas o a las peculiaridades de sectores concretos de funcionarios públicos y a su número».
Por si eso fuera poco, el Parlamento asturiano aprobó por unanimidad una proposición no de ley instando a la Administración a promover la convocatoria de la mesa sectorial, lo cual, como hemos visto, depende de la voluntad del Gobierno, que tiene un 50% de la representación en la mesa general. Dado que varios sindicatos presentes en dicha mesa han exigido la convocatoria de las reuniones sectoriales de educación y de sanidad, la Consejera no puede, sin faltar a la verdad, decir que «no es que yo no quiera que la mesa sectorial no se reúna». Si todos los grupos políticos lo han pedido, la ley lo permite, los sindicatos lo han solicitado reiteradamente: ¿cuál es la razón de que a día de hoy no se haya reunido? ¿Por qué en casi todas las comunidades autónomas siguen funcionando mesas sectoriales y las cuestiones relativas a los docentes las siguen negociando sus representantes? ¿Pretenden imitar a la Comunidad de Madrid, donde la señora Aguirre sigue empecinada en privatizar todo lo privatizable, donde los cinco sindicatos de enseñanza han convocado ya varias huelgas para el mes de mayo, y donde tampoco hay mesa sectorial?
Sería mucho mejor para la educación y el profesorado asturianos que se fijaran en comunidades en las que el PSOE está en el Gobierno, como Baleares o la vecina Cantabria, donde se acaban de firmar acuerdos en mesa sectorial con subidas salariales lineales y pacto de estabilidad para profesorado interino.
Quizás habría que buscar en esta cuestión la explicación de por qué el Gobierno asturiano ha decidido prescindir de los representantes de los docentes elegidos hace poco más de un año en unas elecciones que ganó SUATEA. Poco después se pone en marcha una carrera profesional que en nuestro caso ni está desarrollada ni lo estará en bastante tiempo. Y aquí debemos hacer otra puntualización a doña Ana Rosa: en su comparecencia de noviembre en comisión parlamentaria afirmó que el Estatuto Docente iba a ser publicado de forma inminente y que los desarrollos de la carrera docente se inspiraban en el ¡borrador! de estatuto que el MEC había remitido a los sindicatos. Como sabe todo el mundo relacionado con la educación, dicho Estatuto ni ha sido publicado, ni tramitado en el Consejo Escolar del Estado, ni en el Consejo de Estado, ni ha entrado en el Parlamento, ni nada de nadaÉ
Por lo tanto, las actuaciones del Gobierno y la exigencia al profesorado -el peor pagado del Estado- si quería ver incrementado su salario, de firmar un documento por el que el o la firmante se comprometía a devolver las cantidades cobradas en el caso de no superar una evaluación, no nos han dejado otra posibilidad que la de movilizarnos y presentar recursos -4000 según la propia administración- y más recursos.
El Gobierno debía saber que esa actuación no tenía base legal alguna. Ahora Migoya habla de publicar a posteriori en el BOPA los criterios para evaluar a quienes firmaron la adhesión, así como la ley de Función Pública Asturiana que deberá desarrollar el EBEP. El Gobierno asturiano parece olvidar que los docentes pertenecemos a cuerpos estatales con legislación propia. Que existe una ley Orgánica, la LOE, que garantiza la movilidad territorial del profesorado con concursos de traslados reglamentados y con un calendario preciso, que tenemos una legislación sobre especialidades docentes de carácter estatal, que existe una Conferencia de Consejeros de Educación con un papel central en el desarrollo legislativo estatal que en muchos casos es norma básica.
Pero desde la toma de posesión del actual Gobierno, parece que la consigna es hacer desaparecer a la Consejería de Educación. El desmantelamiento y el traslado de sus trabajadores a la superconsejería de Administraciones Públicas, que ha tenido varios hitos, continúa ahora con algo muy importante: según la última propuesta de relación de puestos de trabajo (RPT) el departamento de nóminas va a depender también de ellos. El único que se oponía con firmeza a este desmantelamiento sin precedentes ni parangón en el resto del Estado, el anterior director general de recursos humanos de la Consejería de Educación (Arturo Verano), hombre importante en el PSOE asturiano, fue destituido fulminantemente tras oponerse a que fuera el instituto Adolfo Posada el que convocara las oposiciones en educación. SUATEA ya alertó del previsible caos que supondrá que sea un organismo desconocedor de la complejidad docente el que se haga cargo de las oposiciones.
Desconocemos el origen de la animadversión hacia los docentes que muestra este Gobierno. Para corregir sus errores el Gobierno tiene que abrir inmediatamente negociaciones, en este caso con los legítimos representantes del profesorado, pagar a todos las cantidades adeudadas, volver a poner a la Consejería de Educación en el lugar que le corresponde con el nombramiento de un verdadero Consejero o Consejera que defienda al profesorado y que no esté dispuesto a soportar una política de acoso y derribo a la educación asturiana.
Beatriz Quirós es portavoz de SUATEA y presidenta de la junta de personal docente no universitario de Asturias
