Román GARCÍA
¿Hay que obligar a los enfermos mentales a tomar su medicación para evitar asesinatos como el de Borja Solar? Ésa es la pregunta que ha dejado en el aire la magistrada Alicia Martínez en su sentencia contra el esquizofrénico Ramón del Barrio, que mató al pequeño Borja por «imperativo divino». Como primera respuesta los expertos coinciden en que se necesitan más recursos económicos. La forma en que se deben aplicar las nuevas partidas presupuestarias varía según el profesional que opine sobre este asunto. ¿Seguridad o libertad? Unos creen que los enfermos deben ser obligados a tomar su medicación aun en contra de su voluntad y otros apuestan por la libertad individual, en la que nadie debe intervenir.
El debate lo ha reabierto la sentencia dictada por Alicia Martínez, la magistrada de la Sala Octava de la Audiencia Provincial. En la sentencia de esta magistrada tras el juicio de Borja Solar se recoge el «deficiente funcionamiento en el sistema de tratamiento de enfermos mentales». La magistrada asegura además que se deben adoptar medidas de manera urgente para «adecuar los tratamientos a la convivencia social y familiar de los enfermos». Alicia Martínez ha impuesto una condena de 15 años de prisión a Ramón del Barrio, el enfermo de esquizofrenia que asesinó al niño Borja Solar mientras éste jugaba en el parque Isabel la Católica. Durante el juicio los peritos corroboraron que era un enfermo peligroso debido a que padecía esquizofrenia de tipo paranoide y que no tomaba la medicación que los psiquiatras le habían prescrito para paliar los efectos de su enfermedad mental.
Tras esta sentencia y la conmoción que causó en la ciudad el asesinato del niño Borja Solar, todos los expertos en psiquiatría se muestran de acuerdo en incidir en un punto que consideran fundamental. En palabras del psiquiatra Julio Bobes: «Normalmente los enfermos no son conscientes de que tienen una grave enfermedad y, por tanto, se niegan a tomar la medicación». Según este especialista, «la sentencia de la juez es magnífica y muy importante porque recoge que el acusado era un enfermo mental y que, además, tenía comportamientos violentos».
«Creo que es necesario reclamar a las administraciones y a las autoridades que se faciliten más medios y que los pongan a disposición de los profesionales para que puedan someter a los enfermos a un tratamiento adecuado a sus síntomas y que en ciertos casos graves haya la posibilidad de que sean sometidos a tratamientos obligatorios», añadió. Bobes cree que en este caso «se olvidaron de que el paciente existía porque a veces ni siquiera llegan a acudir a las clínicas, y cuando son internados tan sólo permanecen en los centros dos semanas como máximo y luego se los expulsa a la calle». A su juicio, la cárcel tampoco sería una solución para casos como el del asesino del niño Borja Solar: «Tenemos un tanto por ciento muy elevado de enfermos que están dentro de los centros penitenciarios con el resto de presos, pero su problema no se puede solucionar así». Además, en los hospitales y centros médicos que atienden a este tipo de personas «se debe dar un tratamiento preferencial, y el sistema debe fijarse en ellos y no sólo en los que tienen una pequeña enfermedad mental o problemas menos graves», explica. Bobes sostiene que estos últimos «son los que más reclaman y por eso se les suele escuchar de manera más preferencial; pero el trato hacia los más graves debería ser más cercano».
Para Pedro Quirós, reconocido psiquiatra que se enfrenta a estos casos en su clínica ovetense, la solución está clara. En 2004 el grupo parlamentario catalán de CiU propuso en el congreso una modificación legislativa para poder obligar a los pacientes de enfermedades mentales graves a tomarse su medicación. «Hay una ley puesta en marcha que parece que a nadie le interesa desarrollar», afirma. Pedro Quirós asegura que el tema de conversación en su clínica ayer volvió a ser el de siempre: «Cada vez que sale un caso como el del pequeño Borja Solar se trata el tema de la medicación obligatoria, pero nunca se llega a una solución». «Cuando lo propuso CiU, la reforma era necesaria y su propuesta decía que a petición de la familia y con la supervisión de un juez y un facultativo se podía obligar a alguien a tomar la medicación necesaria para paliar los efectos de una enfermedad mental de carácter grave», recalcó Quirós.
A pesar de todo, los trámites para llevar a cabo esta obligación serían, cuando menos, «complicados» por la gran cantidad de profesionales que deberían intervenir. Los trámites parlamentarios continuaron su curso y el 5 de octubre de 2004, según el psiquiatra Quirós, «se llegó a un acuerdo de establecer la necesidad de una ley básica de salud mental para afrontar el problema». A pesar de todo, años después de que se haya abolido la figura de los centros psiquiátricos en España, el problema parece que sigue sin solucionar. «La ley se paró y nadie parece que siga su redacción, aunque debería ser un objetivo claro solucionar el tratamiento de estos pacientes graves», sentencia Quirós.
A esta reforma legislativa apela gran cantidad de psiquiatras de la región cuando se les pide que propongan una solución en casos como el de Ramón del Barrio. Algunos de ellos la piden y la ven necesaria, pero otros tienen dudas sobre su legalidad. Miguel Ángel García Carbajosa es uno de estos psiquiatras que no se muestran partidarios de opinar, para no usar «un tema tan trágico como el asesinato de un niño de 6 años como excusa». A pesar de todo y desde la discreción, este profesional está convencido de que la situación en otros países de la Unión Europea es similar a la de España: «Viajo y comparo la legislación y las cosas que se hacen en otros lugares del mundo, y puedo asegurar que en ningún país de la Unión Europea se puede obligar a nadie a que se tome su medicación, porque eso iría en contra de las normas de libertad que tienen los ciudadanos». El debate entre profesionales sigue abierto.
