F. C./ A. F.

La familia Uría ya sabe que hay al menos una empresa constructora interesada en comprar la polémica parcela de la calle Magnus Blikstad, heredada de Josefa Díaz Quirós. El portavoz familiar, Alfredo Uría, admitió que «puede ser» que uno de los copropietarios tenga noticias al respecto y se remitió a la reunión que mantendrán esta tarde los herederos en la parcela. «Ahí hablaremos de las opciones que tenemos, y el venderla es una de ellas», precisó.

Alfredo Uría tampoco habló del montante económico de la oferta, aunque según pudo saber este diario puede rondar los dos millones de euros, la mitad de los cuatro millones en que fue tasada por los peritos contratados por los copropietarios. El portavoz familiar insistió en no descartar ninguna opción y precisó que «cuando hay diálogo se puede llegar a un acuerdo. Todo es negociar».

La parcela, de 368 metros cuadrados, fue donada en abril de 1934 por Josefa Díaz al Ayuntamiento para construir el «fielato» de Pumarín, con la condición de recuperarla una vez dejara de tener ese uso. En 1965 los herederos exigieron la demolición del edificio y la propiedad de la finca, pero el Ayuntamiento nunca les reconoció tal derecho, por lo que se iniciaron una serie de pleitos que culminaron con una sentencia, en 1971, que dio la razón a los Uría. Después de casi 40 años el Principado, «propietario» último, reconoció la propiedad privada y la devolvió a sus legítimos dueños en enero. El problema legal que se puede presentar ahora es el uso público que se está dando a la parcela desde hace tantos años les permitirá vender. «No creo que nadie nos prohiba vender lo que es nuestro y el Ayuntamiento está enterado desde 1971. Lo que no sabemos es si quiere negociar con nosotros. De momento nosotros ya pagamos la tasa para poder cerrar la propiedad», explicó Uría.

La parcela, según el PGOU no es edificable sino un «espacio público», aunque un hipotético propietario constructor podría canjearla al Ayuntamiento por otra edificable y hacer negocio.

Los responsables municipales precisaron que los técnicos están preparando la documentación oficial, incluida la situación legal y una valoración técnica y económica del suelo. «Hasta que no tengamos esa documentación no tomaremos decisiones», precisaron las citadas fuentes que aseguraron también que «no se contactó con el Principado».