La Alcaldía gana en el Tribunal Supremo el pleito sobre el personal de confianza

R. V.

Al final ganó el Ayuntamiento. El Tribunal Supremo acaba de darle la razón al gobierno municipal que lidera Paz Fernández Felgueroso en el contencioso abierto desde el año 2003 con los sindicatos sobre la fórmula de ordenación del personal de confianza del gobierno local. Dos organizaciones sindicales -AFAG y USO- llevaron a los Juzgados el acuerdo del Pleno de 14 de julio de 2003 que modificaba la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento en cuanto a las funciones y retribuciones del personal eventual al considerar que se había vulnerado la obligación de negociar esa parte de la plantilla con los representantes sindicales. La Asociación de Funcionarios del Ayuntamiento de Gijón (AFAG) presentó un recurso colectivo y USO recurrió uno a uno los once nombramientos de asesores de 2003.

En abril de 2005 la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) dio la razón a los sindicatos. Pero ahora, el Tribunal Supremo estima el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Gijón, a través del despacho profesional del catedrático de Derecho Raúl Bocanegra, contra esa decisión de los jueces asturianos. El Supremo declara que el acuerdo del Pleno del 14 de julio es «conforme a derecho». Al gobierno local se le acaban de notificar tres sentencias favorables, las tres referidas al contencioso con USO, y se espera que vayan llegando las restantes hasta cumplir la docena de recursos tramitados en su día. Contra esta decisión del Supremo no hay posibilidad de recurrir.

El Supremo entiende que las modificaciones operadas en la relación de puestos de trabajo (RPT) con el acuerdo plenario de 2003 «se insertan en el ejercicio de la potestad organizativa de la entidad local recurrente» y «afectan más a la organización de los servicios que a las condiciones de trabajo de éstos». La sentencia da la razón a los sindicatos cuando recuerdan que el incremento retributivo es una condición de trabajo sujeta a negociación, pero establece que en este caso «no se ha acordado tal incremento sino que, como consecuencia del reforzamiento del carácter directivo de algunos puestos de personal eventual, se ha homologado su retribución al nivel correspondiente de los puestos respectivos en la estructura municipal, consecuencia de la reorganización efectuada».

Los defensores legales del Ayuntamiento habían destacado en su recurso que «las características del personal eventual se asemejan a los cargos políticos por la confianza que motiva su nombramiento y el ejercicio de funciones de especial relevancia que los diferencian del personal funcionario o laboral y que son incompatibles con la negociación previa». Y hacían mención expresa a que el acuerdo del Pleno «no presenta incidencia alguna, directa ni indirecta, en las condiciones de trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de Gijón».

La decisión del Tribunal Supremo pone fin a cinco largos años de contencioso que generaron importantes ataques sindicales y políticos contra el concejal socialista Pedro Sanjurjo, ahora responsable del área de Urbanismo pero en aquel momento al frente de Hacienda y Coordinación Administrativa, pero no tiene ningún efecto real sobre el día a día del trabajo en el Ayuntamiento de Gijón. Entre otras cosas porque la plantilla de asesores de confianza y personal directivo del gobierno local ya no es la misma del acuerdo plenario del año 2003 que generó la polémica. De hecho, este equipo se renovó en gran parte en septiembre del año 2007 tras el proceso político de las elecciones municipales y por la necesidad legal de adecuar la realidad del Ayuntamiento de Gijón a los requisitos de la ley de Grandes Ciudades y el Estatuto del Funcionario. Este proceso también ha generado denuncias políticas y recursos judiciales de algunos candidatos a la selección.

Personal de confianza (2003)

-Senén Casal Iglesias: director general de Servicios. Sigue en su puesto.

-José Luis de Pablos: jefe de Planificación y Presupuestos. Su puesto lo ocupa ahora Beatriz Rodríguez.

-Ángel Miguel Jaime: jefe del área de Recursos Humanos. Ahora es director general de servicios de Emtusa.

-José Luis Ramón García: director de Seguridad Ciudadana. Sigue en su puesto.

-Ángel Calvo Cuesta: director del área de Medio Ambiente. Sigue en su puesto.

-Javier Rodríguez Gutiérrez: director del área de Alcaldía. Sigue en su puesto.

-Javier Esteban Infantes: director del área de Urbanismo. Su puesto lo ocupa ahora Cosme García.

-Susana de la Rubia: directora de Coordinación de Proyectos. Su puesto lo ocupa ahora Roberto Gómez.

-José Manuel López: jefe de prensa. Su puesto lo ocupa ahora Jaime Poncela.

-Eduardo Méndez Riestra: jefe de Protocolo. Sigue en su puesto.

-Marta Antuña: ayudante del Defensor del Ciudadano. Ahora es responsable de la oficina de quejas y sugerencias.

-Julián Jiménez López: director de la Fundación de Cultura. Su puesto lo ocupa ahora Pilar Lafita aunque él sigue trabajando en la Fundación.

-Manuel Vallejo Benítez: director de la Fundación de Servicios Sociales. Su puesto lo ocupa ahora Beatriz Cerezo pero él se mantiene como coordinador.

-Avelino Rodríguez Miravalles: director del Patronato Deportivo Municipal. Se mantiene en el Patronato pero como coordinador.

-Nuevos rostros (2007)

-La reestructuración del personal de confianza realizada a finales del año pasado incluyó también a Francisco Blanco, como director general económico y financiero; Ana Isabel Puerto, como directora del área de Igualdad y Juventud; Gonzalo Espina, como director del área de Empleo, y Covadonga Puente, como directora de Atención Ciudadana. Asesores vinculados al área de responsabilidad del concejal Jesús Montes Estrada son Carmen Rúa, Javier Cortina y Roberto Colunga.

Estas sentencias del Tribunal Supremo sobre la legalidad del personal de confianza del Ayuntamiento de Gijón son, por el momento, los últimos documentos que se van a incluir en los archivos que guardan los resultados de las cada vez más densas y complicadas realidades judiciales del Ayuntamiento de Gijón. Una situación que ha sido excusa en los últimos meses para un duro enfrentamiento político entre el gobierno local y el grupo de oposición -representado en cada caso por Paz Fernández Felgueroso y Dorinda García, ambas abogadas de profesión- y que escenificó su último capítulo la semana pasada en la sesión plenaria ordinaria del mes de abril.

La concejala y senadora Dorinda García planteó un ruego a la Alcaldesa para ampliar el número de letrados del área jurídica municipal. El PP mantiene que la escasez de personal de este servicio y el aumento de la litigiosidad llevan al gobierno local a contratar los servicios de abogados externos lo que supone un elevado coste económico. Aún más, García no ha dejado de repetir que las contrataciones sólo siguen criterios de amistad de miembros del equipo de gobierno. Argumentos que han sido rechazados en todas las ocasiones por la regidora socialista. Fernández Felgueroso ha defendido la contratación de abogados externos en casos específicos donde se necesiten una capacitación especial y en aquellos que afecten a personal del Ayuntamiento o a representantes políticos para evitar poner en una mala posición a los funcionarios del servicio jurídico municipal. En este caso se daban estos dos elementos. Desde un principio los casos del personal eventual se pusieron en manos del abogado Raúl Bocanegra Sierra, que ahora los ha llevado a término con éxito para su cliente.

En cuanto al equipo jurídico municipal, la alcaldesa Paz Fernández Felgueroso negó en el Pleno cualquier intención de ampliar la plantilla. Según los datos del gobierno local, cada letrado del Ayuntamiento mueve al años unos sesenta casos: una cifra muy inferior a la media de 150 que tramitan los abogados del Principado de Asturias o de 300 sentencias que impone un juez en Asturias.