A. F.
El Ayuntamiento y la familia Uría no llegaron a un acuerdo sobre el valor de la parcela de 368 metros cuadrados que los herederos de Josefa Díaz tienen a la altura del número 88 de la avenida de la Constitución. El director general económico y financiero, Francisco Blanco Ángel, hizo una oferta verbal en nombre del Ayuntamiento de 500.000 euros, muy alejada de los cuatro millones en que la tasaron los dos técnicos de la familia, y de los dos que ofertó un constructor.
La familia ya rechazó esta cantidad en el primer encuentro del viernes pasado, y mantuvo su posición en la reunión, más formal, del martes. Una posición que fue refrendada ayer por unanimidad por los copropietarios. «No es una oferta a considerar y no la aceptamos», anunció Alfredo Uría, portavoz de la familia.
El concejal de Hacienda, Santiago Martínez, adelantó que la valoración municipal está «muy bien fundamentada» técnicamente y que «es difícil» de mover, y adelantó que si no hay acuerdo se llegará a la expropiación, «porque se dan las circunstancias necesarias para utilizar ese recurso legal», sin precisar fecha alguna. El portavoz familiar señaló, en este sentido, que los representantes municipales les anunciaron durante la reunión del martes que iniciarían los trámites expropiatorios ayer, miércoles.
Martínez garantizó el futuro «uso público» de la finca, que afecta a un trozo de calle, de acera (con la entrada a un taller y a un portal) y de zona verde. «Vamos a solucionar un problema de hace más de 40 años, y lo vamos a hacer bien, despacio pero seguro». La familia no dio a conocer sus próximas iniciativas en defensa de su propiedad, aunque considera que el Ayuntamiento «rompió el diálogo» al hablar de expropiar. «Es su derecho y no nos podemos oponer, y son ellos quienes tienen que decidir si nos llaman», concluyó Uría.
