L. N. / A. F.

El Ayuntamiento y los Uría, herederos de Josefa Díaz, mantienen una postura muy distante sobre el uso de la polémica parcela de Magnus Blikstad-Constitución. La detención el pasado lunes de uno de los miembros de la familia por la Policía Local por impedir que la grúa retirara su vehículo, «aparcado en la parcela», incrementó la tensión y al final serán los tribunales quienes intervengan.

El concejal José María Pérez reiteró ayer que el espacio «tiene la consideración de vial público en el Plan General, aunque la titularidad sea privada» y, por lo tanto, «vamos a actuar para evitar que se produzcan incidentes en la circulación de vehículos y de personas». El abogado de la familia, José Bordiú Cienfuegos-Jovellanos, difiere de esa opinión. «La posesión, el uso de la parcela es de la familia porque así lo dice la sentencia judicial, no la familia. No es un bien público, no lo puede ser puesto que el Principado, cumpliendo una sentencia judicial, lo declaró bien privado, lo desafectó del dominio público y lo entregó a sus legítimos propietarios. El Ayuntamiento nunca quiso saber nada porque esperaba que pagara el Principado y ahora pretende confundir con mentiras».

Pérez aseguró que el Ayuntamiento inició en diciembre, «nada más conocer la resolución judicial», las medidas para tratar de llegar a un acuerdo y se planteó una oferta económica a la propiedad. «Ante el rechazo se inició el expediente expropiatorio para hacernos con la propiedad y la titularidad de esos poco más de 300 metros». Tampoco en este punto hay acuerdo. Según Bordiú nunca hubo negociación. «Nos llamaron y se limitaron a decir que o aceptábamos 3.000 euros o la expropiación. No nos dejaron ni ver su valoración para contrastarla. Así no se puede negociar y en tres minutos se acabó la reunión».

El concejal defendió la actuación de la Policía Local el lunes. «Alguien quiso cerrar un espacio de uso público con una instalación para la que no tenía licencia ni autorización alguna y, cuando se vio y se acreditó ante la Policía Municipal que carecían de ello se hizo lo necesario para cesasen en su actividad. La Policía Local tiene que actuar para garantizar que se respetan las normas». Y añadió: «El hecho de un trozo de acera sea de titularidad privada no da derecho a que nadie cierre ese trozo de acera. Se necesitan autorizaciones que ellos no tienen».

La familia tomará las medidas que considere oportuno para defender sus intereses durante los próximos días.