J. L. ARGÜELLES

La Delegación del Gobierno en Asturias ha abierto un período de información pública de quince días, tal y como es preceptivo, como paso previo para concretar el proceso de expropiaciones en el alto Aboño, según el plan que el Ministerio de Fomento aprobó el pasado 1 de febrero para la utilización de espacios portuarios de El Musel.

El proceso expropiatorio en beneficio de la Autoridad Portuaria supondrá la consolidación, al oeste de la ría de Aboño, de un espacio de 32,5 hectáreas, un suelo que se destinará a nuevos usos industriales portuarios.

Es una decisión que ha provocado un amplio movimiento de protesta y rechazo en Carreño, donde el pasado 30 julio se celebró una manifestación convocada por «El Tranqueru de Xivares» que apoyaron, entre otras organizaciones vecinales, sindicales y sociales, el PP, IU, Andecha Astur y Unión Independiente de Carreño, grupos que tienen representación en la Corporación del citado concejo. El proyecto, que también permite la ampliación de la cementera de Tudela Veguín, ha recibido numerosas alegaciones al estar el alto Aboño muy cerca de la costa y, por tanto, protegido por el plan de ordenación del litoral de Asturias (POLA). La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies ha subrayado, por ejemplo, que en las casi 300 viviendas de Xivares llegan a vivir hasta 1.100 personas durante la temporada estival, que quedarían a unos 80 metros de la nueva superficie industrial que se construiría una que vez se explane la citada estribación junto a la ría.

La oposición al desmonte denuncia el impacto de la obra en las playas de Peña María y de Xivares, arenales con unos 20.000 usuarios al año, y resalta que la explanación del alto Aboño tiene como principal objetivo la utilización de los materiales pétreos para relleno de la ampliación de El Musel. Afirma que en la zona hay ya una alta concentración de industrias contaminantes.

La expropiación del alto Aboño es resultado de la modificación del plan de utilización de los espacios portuarios del puerto de Gijón, que se redactó de acuerdo con la ley de 26 de noviembre de 2005. Esa revisión de los espacios de la principal dársena asturiana muestra que El Musel ha pasado, en tan sólo nueve años, de tener 218,16 hectáreas a inventariar una superficie de 456,18 hectáreas. Es, en su mayor parte, suelo ganado al mar con los trabajos de ampliación y construcción de un nuevo dique de abrigo al pie del cabo Torres.

Esas obras ya ejecutadas o en fase de realización han obligado a la revisión de la propiedad que tenía el Puerto en 1999 y a definir nuevos usos. Entre los trabajos ya concluidos se encuentra el dique de cierre y la superficie de ampliación de los muelles de La Osa y del Marcelino León, que se destinan, en ambos casos, para uso comercial portuario.

La construcción del nuevo dique exterior, que la Autoridad Portuaria quiere concluir este verano, genera una dársena con una superficie de 145 hectáreas y nuevos espacios ganados al mar, en los que se hará por ejemplo la regasificadora adjudicada a Enagás, de 140 hectáreas.

Con la obra de ampliación también se ha hecho una nueva explanada en Aboño, en terrenos ganados al mar que suman más de 84.000 metros cuadrados y en los que se levantará, previsiblemente, el ciclo combinado por el que pugnan HC Energía y Endesa. Es un suelo que tiene un uso calificado como «portuario complementario general». Con la ampliación de la sexta alienación se ganan más de 37.000 metros cuadrados, que se reservan para mercancías peligrosas. No son los únicos espacios que gana el Puerto. Hay que añadir la explanada de Fomento, donde se construye el centro de talasoterapia de la ciudad. También se incorporan al dominio público portuario la zona de arranque del dique Príncipe de Asturias y un espacio al Oeste del cabo Torres vinculado a la ampliación de la explanada de Aboño.

En en esta modifación del plan de utilización de los espacios portuarios (con relación al documento de 1999 sólo se excluyen dos parcelas en el barrio de El Muselín) en la que se incluye el Alto Aboño. Ante el desmonte de la estribación al oeste de la ría, los ecologistas han exigido una evaluación de impacto ambiental al considerar que esta obra tiene importantes efectos negativos en la zona. La asociación vecinal «El Tranqueru» teme, además, que se localicen en ese espacio nuevas industrias pesadas.