Román GARCÍA
La carrera judicial ha comenzado. La Asociación de Vecinos «Pando» ha delegado la polémica de la ubicación de la «Semana negra» en su barrio al abogado Marcelino Abraira. El letrado consiguió en su día que los propietarios de las viviendas del edificio «Gacela» alejaran el certamen veraniego de sus casas. Entretanto el Partido Popular pide al gobierno municipal que se manifieste en contra de las declaraciones en las que Taibo «falta el respeto a los ciudadanos». Además califican de «impuesto revolucionario» la colaboración que se pide a los hosteleros de la zona.
Abraira enviará en los próximos días una petición al Ayuntamiento para que le facilite un decreto en el que se establezca la excepcionalidad de la ubicación de la «Semana negra» en Poniente en esta edición. También quiere que se le entregue un estudio del impacto acústico previsible que el certamen veraniego causará en los edificios cercanos. El Consistorio tiene diez días para contestar. Abraira señala que «los vecinos tienen derecho a saber qué ruido van a tener que aguantar en su casa». Haga lo que haga el gobierno municipal, no se escapa de la demanda. Si le concede los documentos, la demanda irá por la vía de los derechos fundamentales por vulnerar el nivel de ruido que se puede permitir en el interior de una vivienda durante la noche. Si no hay respuesta, la demanda del contencioso-administrativo será interpuesta por la vía «de derecho». El objetivo de los vecinos y de su representante legal es «tener el proceso aclarado lo antes posible». En este sentido, Manuel Ángel García Baragaño, el presidente de la Asociación de Vecinos «Pando», asegura que «ya se ha establecido un colaborador por cada edificio para llevar el problema ante los tribunales, ya que no nos personamos como asociación sino como particulares».
El Ayuntamiento ya les dijo a los vecinos que daría un «compromiso político firmado» en el que se comprometía a ubicar la «Semana negra» de 2009 en otro lugar que no fuera Poniente, pero que no podía facilitar el decreto de Alcaldía. Marcelino Abraira asegura que «no dicen la verdad porque para conceder el suelo público al certamen han tenido que hacer ya un decreto y no cuesta nada incluir la cláusula de la excepcionalidad». Además, «no es que dude de su intención política, pero el problema es que no se puede usar delante de los tribunales y por eso los vecinos han decidido denunciar, para poder curarse en salud y evitar que el año que viene, si no llegan a un acuerdo con la Universidad, el certamen vuelva a Poniente».
Los vecinos aseguran que el Ayuntamiento no se ha puesto en contacto con ellos desde que decidieran en su asamblea del pasado jueves llevar el tema ante los tribunales.
Por su parte, el Partido Popular exige al gobierno municipal que recrimine la actitud de Paco Ignacio Taibo. El concejal Pablo Fernández asegura que «tienen que defender a los ciudadanos frente a la indefensión a la que se ven impuestos». Además, Fernández también se mostró convencido de que «los hosteleros no conocen el impuesto revolucionario que Taibo quiere imponerles por estar cerca de la feria» y lo calificó de injusto: «Se van a ver obligados a colaborar, por lo que no es algo voluntario». A esto añaden la «inseguridad a la que se van a ver sometidos los asistentes al ferial, en el que no puede ni siquiera entrar un camión de Bomberos».
