Hace ahora sesenta años que entraban en su fase final las obras de la Escuela de Peritos Industriales, edificio que suponía la culminación positiva de una aspiración que la ciudad de Gijón había gestado en el lustro que media entre la proclamación de la II República y el inicio de la guerra civil.
En este período, desde el Consistorio se abordó una serie de iniciativas que buscaban una total reordenación y renovación de los equipamientos educativos de la ciudad: un aula de párvulos en la plaza de Europa, un moderno complejo de escuelas graduadas en el centro de Gijón -lo que se está haciendo ahora siete décadas después y con la misma ubicación entonces propuesta-, una nueva sede para el Instituto Jovellanos en la avenida de Rufo Rendueles y, completando el ciclo educativo público, el nuevo centro de la Escuela de Peritos.
Este planteamiento no fue sólo un sueño, fue toda una lucha de la ciudadanía y de varias corporaciones en la que destacó el arrojo del alcalde Gil Fernández Barcia, hoy totalmente olvidado a pesar de haber sido una figura relevante en la gestión municipal durante varias décadas. La coyuntura sociopolítica de esos años, la dependencia eterna de un Madrid siempre con otras prioridades y el terrible colofón de la guerra civil y su posguerra hicieron que aquellas luces que se pretendieron encender hace setenta años tardasen casi medio siglo en comenzar a ser realidad.
La única excepción en este desolador resumen fue, precisamente, la materialización del edificio de Peritos. Trazado a finales de 1934, último gran proyecto del arquitecto Miguel García de la Cruz -otro héroe local hasta hace poco olvidado y hoy recuperado gracias a la labor de la Fundación Alvargonzález-, y con su primera piedra colocada desde el 16 de junio de 1935, no será hasta más de una década después cuando Gijón por fin pueda contemplar su rotunda silueta racionalista.
Levantado bajo la dirección de Manuel García Rodríguez, arquitecto que también había firmado el proyecto inicial junto a García de la Cruz, este conjunto destaca formalmente por materializarse en la década de 1940 de forma fiel al ideal y estética racionalista con los que se diseñó, excepción notable tanto en la ciudad como en el resto del país, viéndose libre de la parafernalia historicista impuesta por el régimen franquista. Constituye así un hito en el que se enlazó la primera modernidad arquitectónica arraigada en el decenio de 1930, fecha en que se traza, con el inicio de una segunda que rebasa todos los preceptos oficiales ya en el de 1950.
Pese a todos estos valores, no llegará este edificio a cumplir su sesenta aniversario el próximo año, fue inaugurado el 5 de octubre de 1949 con el inicio del curso escolar, puesto que en el comienzo de 2008 se ha iniciado su derribo para que sobre su solar se construya la sede administrativa del Principado en Gijón.
En esta lamentable situación lo que resulta más llamativo es que su desaparición no cuenta con justificación ninguna. El proyecto ganador del concurso internacional de ideas convocado por el Principado, obvia finalmente toda esta referencia histórica, gracias a la falta de catalogación de este inmueble, pese a que hubo un anuncio inicial del mantenimiento del módulo original del edificio atendiendo a que las bases del propio concurso establecía la posibilidad de su reaprovechamiento.
Éste resultaba además totalmente compatible con cualquier tipo de actuación en el resto de la manzana, ya que el edificio inicial ocupaba sólo un tercio de la misma, a la vez que, tanto por su estructura como por su diáfana configuración interna, no resultaba especialmente problemática su adaptación funcional a usos administrativos. Para mayor incongruencia el Gobierno del Principado acometió hace pocos años importantes obras para la recuperación minuciosa de un edificio racionalista de este tipo para albergar su sede en Bruselas, mientras en iguales circunstancias acomete semejante desatino en Asturias.
A mayor abundamiento, aunque no se quiere trazar aquí el perfil de ninguna conspiración maquiavélica, sí cabe señalar la casualidad de que en plena revisión del catálogo de edificios protegidos vinculado al PGOU de Gijón este conjunto haya quedado fuera de la propuesta inicial, de toda valoración ponderada y que justo antes del inicio del período de alegaciones, que permitiría proponer nuevas incorporaciones, se haya iniciado a toda prisa su derribo, obras que han quedado ya paralizadas por problemas presupuestarios.
Como colofón, cabe añadir que esta operación se integra en una serie de intervenciones acometidas por las administraciones públicas en los últimos años en Gijón, en las que la rehabilitación de inmuebles de su propiedad, en buen estado y totalmente adaptables para nuevos usos administrativos -caso de la Aduana, la sede del Instituto Nacional de Previsión y la Cátedra Jovellanos-, son relegadas en favor de derribos sistemáticos para la construcción de edificios de nueva planta. Todos ellos, tanto por su traza (mayores volumetrías en zonas de edificación densa), dilación de plazos de ejecución (el caso de la plaza del Carmen es sangrante) y costes de ejecución (en todos), resultan muy difíciles de comprender por el doble despilfarro -pecuniario y en patrimonio arquitectónico- que suponen. ¿Cuántos meses, o años, llevarían ya en funcionamiento las nuevas sedes de Hacienda y de la Seguridad Social si se hubiese optado por la rehabilitación?, ¿cuánto dinero se habría ahorrado?, ¿cuánto tardará el Principado en culminar ahora esta obra si ya ni el presupuesto alcanza para un derribo?
En este lamentable contexto desaparece así, sin justificación y en silencio, un ejemplo de buena arquitectura y parte de la mejor historia del Gijón del siglo XX. Así se borra nuestra memoria colectiva, así se trata el patrimonio arquitectónico de Asturias.
Héctor Blanco es historiador y especialista en la arquitectura contemporánea de Gijón
