R. VALLE

Al descubierto. Gobierno y oposición del Ayuntamiento de Gijón hicieron ayer efectivo el compromiso adquirido hace más de un mes por parte de los líderes de PSOE, PP, e IU -Paz Fernández Felgueroso, Pilar Fernández Pardo y Jesús Montes Estrada- de hacer públicas las declaraciones de actividades, bienes e ingresos de los 27 ediles que conforman la Corporación.

La Alcaldesa declara más de 100.000 euros brutos de ingresos del Ayuntamiento, Cajastur y la Autoridad Portuaria de Gijón, cinco propiedades inmobiliarias en Gijón adquiridas todas antes de llegar a la Alcaldía en 1999, al igual que su coche, dos cuentas corrientes con 26.000 euros y un plan de pensiones suscrito en 1985 por 233.815 euros. Su compañero en el gobierno local Jesús Montes Estrada (IU) presenta medio piso adquirido en 1997, una cuenta corriente con 35.195,13 euros de saldo, un Megane de 1999 y un sueldo bruto como concejal liberado de 54.566,20 euros.

Pilar Fernández Pardo, concejala desde 1999 y ahora diputada (senadora en la anterior legislatura), declara 66.519 euros brutos por actividades públicas, dos coches y la mitad de un piso, un garaje y un trastero comprados en 1994. A su plan de pensiones suma 112.000 euros en bancos. Entre los populares destacan el secretario general, Luis Crego, con nueve planes de pensiones y once cuentas bancarias, y el edil Manuel Pecharromán, con las 17 propiedades inmobiliarias.

La decisión de publicitar estos datos se presenta como un «ejemplo de transparencia» política única en España, que va más allá de las obligaciones impuestas por la ley a los concejales. En esta reflexión estuvieron de acuerdo el socialista José María Pérez y el popular Pecharromán, que comparecieron para presentar los informes económicos. Todos los ediles tuvieron que declarar sus actividades, sus bienes y aquellos ingresos vinculados a la vida pública. Sólo se censuraron datos de identificación personal que pudieran generar problemas de seguridad. La presentación de estos datos también busca acabar con las discusiones internas en el Ayuntamiento sobre los ingresos en dietas de cada edil y es el resultado final de una polémica que se abrió en Oviedo con la obligación de que Gabino de Lorenzo, ahora jubilado, declarase su patrimonio. La polémica ovetense se trasladó a Gijón a través del PP, y los tres grupos políticos aceptaron publicitar sus bienes.