Los críticos del PP ven un «fraude» en los pagos de su partido a los concejales

La publicación del patrimonio de los concejales ha vuelto a abrir las heridas internas del Partido Popular de Gijón. El militante Luis Prado d'Almedia -actualmente con un expediente abierto por el partido- y el concejal expulsado de la formación política Emilio Noval han mostrado sus temores ante los datos publicados ayer. Ambos críticos presentarán ante la fiscalía, Inspección de Trabajo y la Delegación de la Agencia Tributaria tres escritos en los que pretenden denunciar la existencia de determinados «gastos de representación» que cobran los militantes no liberados. Prado d'Almeida aseguró que «hay indicios de malversación y de fraude, por lo que vamos a solicitar una inspección; puede que nos encontremos frente a unos sueldos encubiertos pagados por el partido a determinados concejales». Y va más allá: «Reto a los responsables a que muestren por qué se cobran esos gastos de representación, sólo deberían cobrar los secretarios». «El afiliado debe saber dónde van a parar sus cuotas», aseguran.

El portavoz popular Luis Crego salió al paso de estas declaraciones asegurando que «el Partido Popular no tiene ningún tipo de relación contractual ni de contrato con ninguno de sus concejales». Crego mantiene que, cuando el gobierno local decidió que tan sólo cuatro de sus concejales serían liberados, la junta local del Partido Popular estableció que éstos deberían donar parte de su dinero al partido y que de esta cantidad salen los «menos de 400 euros al mes» que se reparten en gastos de representación para los otros ocho compañeros de filas que no cobran de las arcas municipales y que «tienen que tener cubiertos gastos como el móvil o el transporte».

Otra polémica abierta es la de la obligación de los concejales que participan en consejos de administración municipales de dar al partido el 10 por ciento de lo que cobren en estas entidades. Prado d'Almeida y Noval aseguran que esto es un «escándalo y una vergüenza», mientras que Crego lo ve como algo «normal» y «sujeto en todo momento a la ley de financiación de los partidos».