29 de mayo de 2008
29.05.2008

El ministro despistado

29.05.2008 | 02:00
El ministro despistado

Hace unos días se publicaba una información destacando que en medio del marasmo de sentencias a ejecutar en todo el país y asuntos acumulados por la huelga de funcionarios de Justicia (oficiales, auxiliares, agentes, etcétera), y según informa el Consejo General del Poder Judicial, el porcentaje de casos resueltos mayor de toda España es en Asturias, que logra reducir cada año la lista de casos. Y días después destacó dicho Consejo General que en 2007, en Asturias, cerró con dos mil asuntos pendientes menos que el año anterior. O sea, que aquí la justicia funciona.


Lo cual nos alegra como asturianos y sobre todo porque se alivie para los ciudadanos la situación de paro judicial por los dos meses de huelga de funcionarios, con la pasividad del Ministerio de Justicia, los cuales percibían sueldos inferiores en doscientos euros al mes respecto a los funcionarios de igual categoría que dependen de las comunidades autónomas, lo que constituía para aquellos una injusticia manifiesta, y el ministro de Justicia Bermejo no se preocupó de resolver esta anómala situación cuanto antes, sino que la retrasó ¡dos meses!, causando además perjuicios a los ciudadanos, sin justificación alguna. ¡Qué vergüenza ministerial! Y hace unos días, después de que el Consejo General del Poder Judicial publicara su informe de denuncia de 270.000 sentencias penales pendientes de ejecutarse, el dicho ministro Bermejo salió con declaraciones absurdas, negando que exista el colapso producido (¿cómo se atreve?). Y culpó de la situación al mal que la Administración de Justicia «heredó» del franquismo, que era raquítico. Esto último es totalmente incierto, pues la Justicia en España se renovó totalmente en la democracia, pero se ve que lo desconoce este Ministro. Entonces ¿en qué manos insolventes está la Justicia en España? A este respecto y como ejemplo vivido personalmente por quienes llevamos más de cincuenta años de letrados ante los tribunales, se destaca que aquí en Gijón, donde nos dimos de alta varios abogados ejercientes en los años 50 (época franquista) existían solamente dos Juzgados municipales de competencia limitada -ya desaparecidos hace años-; otros dos Juzgados de primera instancia civil y de instrucción penal que ejercían juntamente; una magistratura de trabajo, y nada más. ¿Parece increíble, no? Y que se asentaron en la llamada Casa de Nava. Pero en la transición política cambió todo, pues los Juzgados municipales se suprimieron y en el edificio de Prendes Pando se instalaron los Juzgados de primera instancia civil; de instrucción penal y de lo social, cuyo número aumentó a nueve Juzgados de primera instancia civil; dos Juzgados de familia; cuatro Juzgados de lo social; tres Juzgados de lo penal (para juzgar causas penales). Estos ocho últimos se trasladaron poco después al nuevo edificio construido en el Natahoyo.


Y en los años 90, se instalaron en Gijón dos salas de Audiencia Provincial: una de asuntos civiles y otra de penales, para el partido judicial de Gijón. O sea, un total de 31 Juzgados, más las dos salas de Audiencia Provincial citada. ¿Es esto herencia del franquismo según el Ministro? (Ja, ja...). Y lo mismo que en Gijón, se multiplicaron los Juzgados y tribunales en toda España. Y yo le digo: ¡Ministro reflexiona y rectifica!

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