Un edil del PP exige en el Supremo 90.000 euros al Ayuntamiento por daño a su honor

«El concejal del PP no se entera o no se quiere enterar. Esta Junta de Gobierno no tiene que presentar alegaciones en la información pública de la ponencia de valores catastrales porque ya presentó su informe previo al Catastro. Si el concejal estuviera más atento a lo que se le cuenta en la Comisión de Hacienda que a pedir dinero del Ayuntamiento en los tribunales se habría enterado». El edil socialista de Promoción Económica y portavoz de la Junta de Gobierno, José María Pérez, dejó ayer claro con estas palabras que, por un lado, el gobierno de Paz Fernández Felgueroso no alegará a la ponencia que establece las pautas técnicas de una revisión catastral que duplicará el valor de los inmuebles de los gijoneses y, por otro, que no está dispuesto a pasarle ni una al edil popular Pablo González.

El concejal del grupo de la oposición, especializado en temas económicos, retaba este lunes públicamente al gobierno socialista a presentar en el Pleno las medidas para minimizar el impacto en los impuestos de esta subida catastral que se hará efectiva el uno de enero del año 2009 y a aprovechar este primer periodo de información pública para presentar alegaciones que favorecieran a los gijoneses. El edil del grupo municipal de la oposición adelantó que si el gobierno local no presentaba alegaciones lo haría el Partido Popular en defensa del bolsillo de los gijoneses, ya que el valor catastral afecta directamente al pago de impuestos como el IBI. Ayer, el socialista José María Pérez le daba la vuelta a la tortilla para poner en entredicho la capacidad del edil de entender las acciones que se desarrollan en la vida interna municipal. «O no se entera de nada o miente, que es una práctica habitual en su partido», sentenció Pérez.

Pero, ¿a qué se refería el concejal de Promoción Económica al ironizar sobre la maniobra de Pablo González de recurrir a los tribunales para conseguir dinero del Ayuntamiento? Pérez no tuvo inconveniente en hacer público el último capítulo que enfrenta al gobierno municipal con Pablo González por una presunta filtración de datos personales del edil popular referidos a su actividad como empresario. González, al inicio de su carrera política en el Ayuntamiento en el anterior mandato, se vio envuelto en un caso de irregularidades en el cobro de ayudas públicas a empresas como gerente único de la firma Adler Desarrollos Domóticos. A partir de este incidente, González demandó al Ayuntamiento y al edil José María Pérez ante la Agencia Española de Protección de Datos al considerar que se habían filtrado a la prensa datos privados de su actividad económica. La Agencia desestimó la demanda del edil del PP al igual que la Audiencia Nacional ante quien recurrió posteriormente. Ambos organismos consideraron que los datos eran públicos.

Pérez indicaba ayer que el edil popular ha recurrido ahora al Tribunal Supremo al entender que se ha atentado contra su derecho a la intimidad y el honor. «Y pide de manera personal una indemnización de 90.000 euros al Ayuntamiento además de la sanción», concretó José María Pérez que quiso poner más en evidencia al edil del equipo de Pilar Fernández Pardo al recordar que, con esos antecedentes de irregularidades en el cobro de ayudas públicas, fue la persona encargada de presentar un plan del PP para lograr mayor transparencia en la gestión de las empresas municipales. «Al final no le molestó hacer lo que hizo, le molestó que se supiera», sentenció el portavoz de la Junta de Gobierno.