R. VALLE

Luis Crego, concejal del Grupo municipal Popular y secretario general del PP gijonés, acusó ayer directamente a Paz Fernández Felgueroso de anteponer la protección a los altos dirigentes del PSOE local y regional que se podrían ver salpicados por el «caso Blanco» al interés de todos los gijoneses como víctimas de la actuación de un funcionario municipal. Crego avaló esta reflexión con la denuncia de que, a día de hoy, el Ayuntamiento de Gijón aún no ha concretado su participación dentro del proceso judicial abierto contra el ex jefe de los arquitectos locales, Ovidio Blanco, quien logró un beneficio económico de 600.000 euros tras un proceso de compraventa de un solar en Cabueñes. Blanco ha sido llamado a declarar como imputado por el juez que lleva la instrucción de su caso a partir de una denuncia de la fiscalía en la que se advertían indicios de tres delitos contra la administración pública: cohecho, uso de información privilegiada y tráfico de influencias. El PP está personado en el caso como acción popular.

«Nosotros estamos haciendo lo que, por imperativo legal y moral, debería hacer la Alcaldesa: defender los intereses generales de este Ayuntamiento y esta ciudad. La Alcaldesa asegura ahora que no dirá ni una palabra sobre este caso mientras dure el proceso, pero ese silencio no es por respeto a la justicia; es una huida hacia adelante en un gravísimo escándalo con implicaciones políticas que la afectan tanto a ella como al concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo; su antecesor en el cargo, Jesús Morales, y el actual presidente y consejero de Infraestructuras, Vicente Álvarez Areces y Francisco Javier González Buendía, que le dieron toda su confianza a Ovidio Blanco», sentenció el concejal del a oposición.

Para Crego, el gobierno local «falta a la verdad y trata de confundir a la opinión pública» al asegurar que se integra en la investigación abierta a Ovidio Blanco para estar informado de los avances del caso. «Ni se han presentado como acusación ni como defensa, que también lo podían hacer. Parece ser que han enviado un papelito para decirle al juez que quieren estar enterados de lo que pasa. Vamos, que han inventado la figura del "enterao procesal". Al final nada de nada de nada desde este Ayuntamiento, en un proceso que le afecta directamente tanto en el ámbito político como económico por las compensaciones a las que pueda tener que hacer frente», explicó el edil popular.

Ovidio Blanco ha sido llamado a declarar por el juez Juan Laborda, en calidad de imputado, el próximo 5 de agosto. Desde ese día, hasta el 10 del mismo mes, el proceso de instrucción incluye la participación de otras seis personas en calidad de testigos. Los testimonios requeridos son los del responsable de la redacción del PGOU, Luis Felipe Teixidor, y los accionistas de la sociedad Hoyant, que vendió la finca a Blanco.

Imputado

Ovidio Blanco, arquitecto y funcionario del Ayuntamiento de Gijón en excedencia.

Testigos

María Piedad Rodríguez, esposa de Ovidio Blanco y copropietaria de la finca objeto de la polémica.

Luis Felipe Teixidor, jefe del equipo redactor de la actualización del PGOU.

Horacio Costales de Arriba, fundador, junto a Antonio Cueto, de la firma Hoyant, especializada en la compra de terrenos y operaciones inmobiliarias. Son los vendedores de «La Llosona».

Luisa García y Covadonga y Marcos Cueto García, herederos de Antonio Cueto en Hoyant.

Participantes

El grupo municipal del PP como acción popular.

La Plataforma vecinal Contra el Muro de Cabueñes, que ha pedido ser acusación particular aunque el juez entiende que debe ser acción popular.

El Ayuntamiento asegura que estará informado del caso.