M. S.

En cuanto se haga una primera comunicación al Tribunal Supremo, el Ayuntamiento dispondrá de un plazo de dos meses para fundamentar por escrito su disconformidad con la sentencia que invalida el actual plan urbano. A un mismo tiempo, se empezará a revisar el PGOU, que en el nuevo procedimiento deberá apoyarse en un estudio de impacto ambiental. «Elaborar ese informe será la primera pieza que vamos a poner en marcha. Contrataremos al equipo que lo redacte a través de un concurso», informó el edil de Urbanismo.

Las fisuras medioambientales del PGOU han sido motivo de crítica vecinal desde que el documento salió por primera vez a información pública, a finales de 2003. El plan urbano, en vigor desde hace dos años, se aprobó sin incluir estudios medioambientales, a los que ahora sí obliga la normativa de la Unión Europea.

«Es posible que, simultáneamente, llevemos a cabo otros trámites», indicó Pedro Sanjurjo. Por ejemplo: el avance del documento de revisión, que «sería en lo sustancial como el texto refundido del Plan General. No tenemos ninguna voluntad de modificar nuestro modelo urbanístico», adelantó. Ese texto incorpora los recursos de reposición atendidos después de que el PGOU fuera aprobado definitivamente por el Pleno municipal. La sentencia del Tribunal Superior de Asturias entiende esos recursos como otro motivo de nulidad.

El gobierno local cree que «la respuesta del Supremo a nuestro recurso, siendo realistas, se demorará más que la revisión».