M. SUÁREZ

El juez instructor del llamado «caso Blanco» les ha impuesto una fianza de 12.000 euros, pero la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes advierte de que «no vamos a claudicar». El colectivo vecinal ha puesto en marcha, de hecho, una campaña de recaudación de fondos para poder estar presente en el juicio que comienza el próximo 5 de agosto contra el que fuera arquitecto jefe del Ayuntamiento. Su iniciativa consiste en la emisión de una serie de bonos, a 1 euro cada uno, que han denominado de «ayuda judicial».

Esta causa se enmarca dentro de la lucha que la Plataforma de Cabueñes viene manteniendo desde hace casi dos años contra el plan que permitirá construir en la parroquia 655 viviendas. Ayer, sus portavoces solicitaban al Ayuntamiento que «revise de oficio» dicha actuación y, entretanto, «la suspenda cautelarmente». El colectivo inicia así un conflicto administrativo que se entrelaza con el juicio por «caso Blanco», en el que está implicado el ex arquitecto jefe municipal, y también con la reciente sentencia que anula el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

En el contexto urbanístico actual, «seguir adelante con el plan de Cabueñes es dar un cheque en blanco a los constructores contra el dinero de todos los ciudadanos», advirtieron los vecinos de la parroquia, a través de sus representantes Francisco Díaz-Cadórniga, Cristina Moreno e Ignacio Martínez. Aunque el gobierno local insiste en que la anulación judicial de su PGOU no detiene el avance de los planes parciales derivados del documento, desde la plataforma se alerta sobre las graves consecuencias de empezar a conceder licencias sin antes resolver los pleitos en curso.

«Esta salida desesperada de recurrir la sentencia de anulación al Tribunal Supremo y al mismo tiempo ir revisando el PGOU puede provocar problemas mayores a los que ya hay», sostiene el colectivo vecinal. «Esperemos que la revisión sea real y no una simple operación estética», apostillaron sus portavoces, en referencia a las declaraciones de la alcaldesa en las que aseguraba que la esencia del PGOU se va a mantener en un 99 por ciento, aun cuando el gobierno local ha decidido repetir el procedimiento.

En opinión de la Plataforma de Cabueñes, si no se entra a fondo en la revisión del planeamiento urbanístico gijonés, «será un fraude caciquil. Que nadie pase por alto que la sentencia anula los recursos de reposición, como el admitido a la familia política de Morales (ex concejal de Urbanismo)». Las declaraciones del colectivo se producen 48 horas después de que el Ayuntamiento diese su aprobación al documento de respuesta de las 2.828 alegaciones presentadas contra el plan de Cabueñes. Los vecinos pasaron de puntillas por el hecho de que se vayan a rectificar las alturas de los edificios previstos y la dimensión del vial que los articulará, porque «la cuestión es la ilegalidad del plan parcial, que no se resuelve contratando a otro arquitecto».

Los promotores recurrieron a Jovino Martínez Sierra después de que Ovidio Blanco decidiese dejar el proyecto, presionado por el escándalo que le ha llevado a sentarse en el banquillo. Ayer, la Plataforma de Cabueñes se preguntaba «¿qué hacía Martínez Sierra el 24 de junio, antes de ser presentado públicamente, tomando buena nota de lo que decía la alcaldesa frente a la finca Vereterra (donde Blanco obtuvo plusvalías millonarias con la venta de suelo)?».