18 de marzo de 2010
18.03.2010

Los dos sectores de Todos los Nombres se acusan de irregularidades económicas

- Miembros de la gestora de la asociación de la memoria aseguran que Cuervo les pidió facturas falsas para justificar ayudas
- El presidente, tras recuperar el poder, advirtió gastos sin aparente justificación durante la etapa de control de la gestora

18.03.2010 | 01:00

M. CASTRO
Gastos sin aparente justificación, petición de facturas falsas para justificar ayudas públicas y ausencia de presentación de cuentas a los socios son algunas de las acusaciones que ayer se cruzaron los dos sectores de la asociación de la memoria histórica Todos los Nombres, durante el juicio que se celebró en el Juzgado de primera instancia número 4 de Gijón. Del resultado del pleito dependerá el control de una asociación que está dividida, tras la dimisión de Luis Miguel Cuervo Fernández como presidente hace un año. Una parte de los socios respaldan a una junta directiva nombrada el pasado 31 de mayo (con Cuervo repuesto como presidente) y otra respalda a una comisión gestora constituida tras la dimisión, encabezada por José Antonio Landera Gea. Ambas partes niegan la legitimidad de la otra.

La demanda que ayer se despachó en los Juzgados fue promovida por la gestora para exigir a Luis Miguel Cuervo que le diera los documentos pertenecientes a la asociación que tuviese en su poder. Cuervo sostuvo que fue la otra parte la que se llevó documentación, ordenadores y material de exposición de los locales que la asociación tuvo hasta finales del año pasado en la calle Belice, en La Calzada.

En las dos horas y media que duró el juicio ambas partes se cruzaron duras acusaciones sobre supuestas irregularidades económicas. Luis Miguel Cuervo señaló en su declaración que cuando la nueva directiva recuperó el control de la cuenta corriente de la asociación, en la misma se había producido un cargo «de 200 y pico euros de Talleres Piñera por la cesión de un vehículo, cuando la asociación no tiene nada que transportar» y que la asociación también recibió «una letra de más de 1.300 euros de Tetrafer, empresa que se dedica al transporte y uno de cuyos administradores es Luis Fernández Préstamo», que forma parte de la gestora. La letra no se pagó y nadie reclamó por ese impago.

Por su parte, dos miembros de la gestora que preside Landera, Pablo Martínez Corral y Azucena López García, sostuvieron en el juicio que Luis Miguel Cuervo antes de dimitir les había pedido que aportaran facturas falsas (poniendo a nombre de la asociación las de cámaras de fotos y ordenadores comprados personalmente por ellos) para justificar gastos en una entidad que percibe subvenciones del Ayuntamiento. Azucena López fue más allá y aseguró que Cuervo recaudó entre los asistentes al congreso «La Memoria de los nietos» (que se celebró en el centro municipal Gijón-Sur en febrero de 2009) el dinero para la espicha en un lagar que puso fin al mismo «y luego nos enteramos que había pedido (al lagar) factura a nombre de la asociación». Esta parte también señaló que Cuervo se vio forzado a dimitir cuando varios socios le exigieron que presentara las cuentas de la asociación, algo que no ocurrió en los tres primeros años de vida de la misma. La defensa negó las acusaciones, que achacó a un intento de «desprestigiar» a Cuervo, y agregó que «a día de la fecha no ha habido ningún requerimiento del Ayuntamiento diciendo que las cuentas son incorrectas».

El origen del conflicto se remonta a hace un año, cuando Luis Miguel Cuervo presentó su dimisión. El entonces tesorero, José Antonio Landera, pasó a presidir una gestora junto a otras cinco personas. Las versiones sobre lo que entonces ocurrió son dispares. Según Cuervo y los testigos que aportó al juicio, la gestora se negó a convocar una asamblea para nombrar una nueva directiva, a pesar de que así se lo demandó un grupo de socios, con lo que fueron los propios socios los que se encargaron de convocar una asamblea a la que acudió la mayoría y en la que se repuso en el cargo a Luis Miguel Cuervo. Según la otra parte, les fue imposible convocar la asamblea porque el libro de socios estaba en el antiguo domicilio de Cuervo, que es a la vez la sede social de Todos los Nombres. La defensa del presidente apuntó que en ese libro sólo hay nombres de socios y que sus direcciones y teléfonos para convocar una asamblea estaban en una base de datos en el local de la calle Belice, del que se cambió la cerradura tras la dimisión.

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