M. CASTRO
El Ministerio de Industria y el Principado han subvencionado con unos 154 millones de euros el cierre de Naval Gijón, para tapar las pérdidas generadas en el astillero durante sus últimos años de actividad y para costear las prejubilaciones de sus trabajadores. La cifra se obtiene sumando las distintas partidas vinculadas a Naval Gijón que figuran en las cuentas anuales de 2008 de Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (Pymar), que son las últimas que este organismo controlado por el Ministerio de Industria y participado por el Principado ha depositado en el Registro Mercantil.
Según refleja Pymar en la memoria de sus cuentas de 2008, ese año firmó con el Gobierno regional tres acuerdos por los que el Principado se comprometió a aportar 21,5 millones de euros al fondo patrimonial de garantías (el que avala los contratos de los astilleros con los armadores), de los que 20,9 son para reponer «la ejecución de varias garantías». En 2008, las únicas garantías que habían ejecutado los armadores en los astilleros asturianos habían sido por la cancelación de dos quimiqueros de MTMM en 2001 y 2002, golpe del que Naval Gijón no se pudo recuperar. No obstante, la aportación del Principado al fondo de garantías coincidió en el tiempo con las primeras pérdidas por los sísmicos hechos en Factorías Juliana, que cancelaría el armador al año siguiente. El Principado también aportó en 2008 a Pymar otros 7,2 millones de euros para las últimas prejubilaciones y los despidos de Naval Gijón en el año 2009.
El grueso del dinero lo puso, sin embargo, el Ministerio de Industria, que en 2008 concedió una ayuda al cierre de Naval Gijón por 31,5 millones de euros. A esta cantidad hay que sumar otros 30 millones de euros que aportó el Ministerio para cancelar la deuda de Naval Gijón. La cifra de 154 millones de euros se completa con los más de 26 millones de euros que Pymar tenía «pendientes de cobrar» de Naval Gijón a 31 de diciembre de 2008 y con los 38,77 millones de euros que Pymar había condonado a Naval Gijón a cambio de quedarse con sus terrenos colindantes con la urbanización de Poniente y el Acuario municipal. Pymar pagó por esos terrenos un precio muy superior al de mercado, al tasarlos en previsión de construir viviendas, algo imposible sin su recalificación urbanística. Al igual que pasó con las otras cantidades citadas, los 26 millones pendientes de cobrar y el quebranto que afronte Pymar tras la reventa de los terrenos serán cubiertos por el Ministerio o por el Principado.
