J. L. A.
El fiscal coordinador de medio ambiente y urbanismo, Antonio Colmenarejo Frutos, tiene copia de un documento emitido el 11 de agosto de 2005 y firmado por el entonces director general de Costas, José Fernández Pérez, en el que éste advierte de la ilegalidad de extraer arena para obras de construcción, como en el caso del dragado de 24 millones de metros cúbicos de áridos de los fondos de la bahía gijonesa para los rellenos de la ampliación de El Musel.
Ese documento, rubricado por Fernández Pérez, ingeniero de Caminos que ocupó la Dirección General de Costas en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con Cristina Narbona como ministra de Medio Ambiente, forma parte de la denuncia interpuesta por Marcelino Laruelo Rúa. Éste pide a la citada fiscalía la nulidad del estudio de impacto ambiental y la posterior declaración por la que se autorizó la operación, que el denunciante considera un atentado contra la playa de San Lorenzo y la costa asturiana.
Fernández Pérez señala en su escrito que el artículo 63 de la ley de Costas recoge textualmente la prohibición de extracciones para la construcción, «salvo para la creación y regeneración de playas», una formulación que se repite en el artículo 124 del reglamento de Costas. Los 24 millones de metros cúbicos de arena que se extraen de la bahía gijonesa, que se suman a los 2,2 millones que se sacaron en su día para la ampliación del muelle de La Osa, se emplearán para completar los 33,2 millones de metros cúbicos de rellenos que necesita el superpuerto asturiano.
Según publicó este diario el pasado jueves, las extracciones de arena en la bahía gijonesa, en dos grandes zonas frente a la playa de San Lorenzo y en otras cuatro bolsas submarinas junto a los nuevos diques de la ampliación de El Musel, superarán en unos ocho millones de metros cúbicos las cantidades dragadas desde 1990 en la costa española sujeta a las normas de protección prevista por el Convenio OSPAR, una restricciones y normas de conservación que afectan al litoral español atlántico, incluido el Cantábrico asturiano.
El volumen de extracciones necesarias para los rellenos de la ampliación portuaria preocupa a muchos gijoneses. El temor a los posibles efectos de esos dragados sobre el arenal de San Lorenzo es evidente, como se puso de manifiesto recientemente, tras quedar sin arena alguna zona de la playa. Nadie ha podido probar, sin embargo, que este fenómeno tenga relación con los dragados que se realizan en aguas de la bahía.
El total de la superficie dragada es de unas 606 hectáreas y está prevista, también, la obtención de otros 200.000 metros cúbicos para la regeneración de la playa de San Lorenzo. Durante el proceso de información pública presentaron alegaciones colectivos ecologistas y cofradías de pescadores, además del Ayuntamiento de Carreño por el posible impacto sobre las playas de este concejo. El Ayuntamiento de Gijón optó por no alegar.
