02 de mayo de 2010
02.05.2010
 

La juez rechaza anular pruebas del caso de fraude carbonero en Mina La Camocha

La defensa alega ahora que la compra de hulla se hacía con el dinero obtenido con «recursos propios»

02.05.2010 | 02:00

M. CASTRO

La magistrada del Juzgado de instrucción número 4 de Gijón ha rechazado anular los últimos informes periciales que refuerzan los indicios del supuesto fraude de subvenciones en Mina La Camocha, tal como había solicitado uno de los abogados defensores, alegando que no se les permitió recusar a los peritos designados por el juzgado.


Once directivos y empleados de Mina La Camocha y de empresas vinculadas están imputados por un supuesto fraude de desvío de subvenciones, que consistía en vender a la térmica de Aboño carbón de importación o de cielo abierto (cuatro veces más barato que el que se extraía del pozo gijonés) como si fuera producción propia, que está subvencionada por el Estado para compensar la diferencia entre los costes de producción y el precio de mercado del carbón, sensiblemente inferior. La investigación, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, se centra entre los años 1998 y 2000, durante los cuales, supuestamente, la empresa gijonesa mezcló con su producción propia unas 90.000 toneladas de hulla importada por los puertos de Gijón y Avilés o de explotaciones a cielo abierto. El supuesto fraude ha sido cifrado por la fiscalía en 87,75 millones de euros, y por el Ministerio de Economía, en 17,09 millones. La defensa niega que los hechos sean delictivos.


Los últimos informes periciales que recibió el Juzgado sobre el caso son los de dos ingenieros de minas, que concluyen que Mina La Camocha supuestamente falseó los datos de producción propia en los años en que se investiga el supuesto fraude (uno habla de una producción de 81.671 toneladas menos de las declaradas y otro de 86.761). El abogado leonés Juan José Mansilla, que representa a uno de los imputados, solicitó al Juzgado la nulidad de todas las actuaciones vinculadas a esa prueba pericial por considerar que se causó indefensión a los acusados al no habérseles notificado el nombramiento de los peritos, lo que les impidió recusarlos.


La juez desestima esa petición, debido a que la ley sólo permite la recusación de los peritos cuando éstos declaren y ratifiquen sus informes en el juicio oral. La única excepción es cuando un informe pericial no se puede reproducir en el juicio oral, circunstancia que no se da en este caso.


Mansilla también ha solicitado el sobreseimiento basándose en otro informe de un perito contratado por la defensa que trata de desvincular las subvenciones concedidas por el Estado de la compra de carbón foráneo. Según ese argumento, las ayudas públicas se destinaron a pagar las nóminas de los mineros, los complementos de los prejubilados y obligaciones (con la Administración, bancos y cargas heredadas) y no a la compra de carbón a terceros, que la empresa adquirió con los «recursos propios de la venta de su carbón». Esto es, las subvenciones pagaban la mano de obra y otros gastos de la empresa y con los ingresos obtenidos por el carbón (extraído usando esos medios de producción financiados con las subvenciones), Mina La Camocha podía comprar más carbón y venderlo como propio.


El argumento es una nueva estrategia de los principales implicados en el caso. La primera reacción de los responsables de Mina La Camocha fue negar que compraran y mezclaran carbón ajeno con el propio, algo que contrasta con las grabaciones efectuadas por la Guardia Civil de la llegada de carbón a La Camocha, su mezcla y reventa, las declaraciones de los camioneros que lo transportaban, los análisis del mineral efectuados por la térmica de Aboño o el informe de dos peritos de Hacienda sobre los movimientos financieros entre Mina La Camocha y empresas tapadera (que suministraban el carbón a la mina pero emitían facturas por conceptos distintos), además de los últimos informes de los ingenieros de minas.


La siguiente trinchera de la defensa fue afirmar que los supuestos hechos no eran delictivos, debido a que las ayudas no estaban ligadas a la producción de carbón, algo que contradijeron el Ministerio de Economía y el Instituto del Carbón.


En sus declaraciones en el juzgado, los empresarios implicados en el caso se han desentendido de la gestión de las empresas investigadas, que atribuyen a fallecidos, a directivos de las mismas y a técnicos.


Desde abril de 2001, cuando Anticorrupción interpuso la denuncia en el juzgado, el caso ya ha pasado por las manos de cuatro jueces. Dos de ellos decretaron su archivo y en ambas ocasiones fueron corregidos por la Audiencia Provincial.

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